Por: Daniela Quintero. Redacción Pares
En el municipio de Bello, Antioquia los jóvenes se resisten a la violencia que en el 2019 va en aumento debido al enfrentamiento entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la extorsión. En lo corrido del año, la Fundación Paz y Reconciliación-Pares ha registrado 55 asesinatos frente a los 26 ocurridos en 2018 en el mismo lapso en ese territorio.
Ubicado en el norte del Valle de Aburrá, con 491.182 habitantes, Bello es uno de los municipios más grandes del país. Asimismo, es considerado un fortín político, y un corredor estratégico para los grupos ilegales que trafican estupefacientes entre la ciudad de Medellín hacia el norte del departamento.
Pares habló con el activista Cristóbal Báez Gutiérrez de 26 años sobre la situación de seguridad y las propuestas culturales que se gestan en el territorio para hacerle frente a las dinámicas de violencia que se viven a diario y que afectan a la población, en especial a los jóvenes.
“Desde los últimos 10 años he estado entregado al movimiento social en las organizaciones de base, muy enfocado al tema del arte y la cultura como un espacio de resistencia, como un espacio para proponer y para trata de cambiar esos imaginarios hegemónicos de violencia que se viven en Bello”, expresó.
Ocho grupos ilegales en disputa
El aumento de la violencia en Bello se debe a la disputa entre ocho (8) estructuras armadas ilegales que actualmente ocupan las once (11) comunas, de las cuales hacen parte más de 90 barrios. En ellas, se ha intensificado el fuego cruzado entre las estructuras por el interés de expandirse dentro de los territorios de sus rivales y quedarse con las redes del narcotráfico.
En Bello, quienes tiene cooptadas las comunas son los combos de los Pachelly, Niquía Camacol, el Mesa, los Chatas, la Meseta, los del Mirador, y las estructuras armadas ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Triana. De los cuales, se ha recrudecido la confrontación entre los tres (3) primeros mencionados.
Cabe destacar que los miembros de los Pachelly son disidentes de las AGC o Clan del Golfo, por lo tanto, se declararon la guerra mutuamente. Y por lo tanto, hay una alianza de los segundos con los Mesa para debilitar a los primeros.
Así las cosas, estos grupos han tenido afectada a casi toda la población de Bello. Sin embargo, se ha rumorado que hubo un acuerdo de paz entre estos grupos criminales, pero no hay información verídica y certera.
“Esta es una ciudad donde la institucionalidad es sumamente débil. En Bello hemos padecido una connivencia entre el actor criminal y el actor institucional”, agregó Báez.
“Todas las comunas padecen de actores criminales que a mi modo de ver han degradado la guerra, la guerra se ha tendido a recrudecer y a descomponer. Primero con la utilización de niños para todo el tema relacionado con el microtráfico porque les resulta económico y sencillos de persuadir”, apuntó.
La población cada vez es más vulnerable debido a la cercanía de la dinámicas del conflicto. Ahora dichos grupos ilegales controlan las plazas (o parques) de “vicio” y también el comercio legal, es decir, a los tenderos.
¿Qué sucede con la institucionalidad?
Hay un antecedente importante, y es que a principios de los 2000 la institucionalidad llevó a cabo una especie de mesa de conversaciones de paz con los actores ilegales bellanitas.
Es decir, que la criminalidad e institucionalidad se sentaron a dialogar e hicieron unos pactos. Sin embargo, a partir de ese momento lo que sucedió fue una división de los territorios entre los actores ilegales lo cual legitimó a las estructuras criminales.
“A partir de que la institucionalidad legitimó estos actores ilegales, montaron sus corporaciones, montaron sus fachadas legales de papel”, agregó Báez.
Otro punto, es el historial del Clan Político de los Suárez Mira que inicia con Óscar, el jefe del clan, y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. En 1995 fue alcalde de Bello, pero en 2011 fue condenado a nueve (9) años de prisión por concierto para delinquir agravado por recibir apoyos de los jefes paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna” y Freddy Rendón Herrera, alias “el Alemán”.
Salió en libertad condicional el 2014 luego de haber cumplido las tres quintas partes de su condena. Pero a finales de 2015 la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del excongresista por presunto enriquecimiento ilícito con dinero de grupos armados ilegales durante su período como congresista en los años 2002 y 2006.
Seguido, llegó su hermana Olga Suárez Mira a ocupar la Alcaldía, quien posteriormente llegó al Congreso (2010-2018) por el Partido Conservador.
En la actualidad el alcalde de Bello es César Suárez Mira, hermano de Olga y Óscar. Suárez se posesionó el 1 de enero de 2016, pero doce meses después fue capturado por falsedad ideológica en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio y fraude procesal. En septiembre de 2017 fue revocada la medida y el gobernador de Antioquia, Luis Pérez lo restituyó.
Transformar a Bello
Ante la serie de sucesos violentos, la expansión de grupos armados ilegales y la administración de la misma casa política durante décadas, los jóvenes de Bello han decidido manifestar su inconformidad.
“Una vez al año realizamos un campamento de resistencia a la guerra, de resistencia de que en el propio parque a una cuadra de la institucionalidad nos están agrediendo los actores ilegales. Entonces en este evento llamado ‘Jornada de resignificación denuncia y defensa del territorio’”, indicó Báez.
En ese sentido, los jóvenes están trabajando desde lo político, desde la defensa de los derechos humanos y el arte en resistencia, y le han propuesto a la ciudad otros imaginarios, otros discursos y otras posibilidades que le hacen frente al conflicto urbano de Bello.
Pues es problemático que dichos “combos criminales” tengan un fuerte arraigo en la sociedad. Tanto así que, por ejemplo “en diciembre dan regalos para los niños y pintan las casa de las ‘cuadras’ (barrios), entre otras cosas”, señaló el activista.
En consecuencia, quieren trabajar desde el discurso y el lenguaje para intentar cambiar el tejido social pues muchos de los miembros de esas estructuras son hermanos, vecinos e hijos, que no tuvieron otras oportunidades.
“La oferta institucional de la administración ha sido una administración corrupta y muy clientelar. Entonces sí hay una carencia latente de oportunidades para que los ‘pelados’ hagan un proyecto de vida, hay carencia en educación, salud y acceso a trabajo”, apuntó.
En definitiva, hay una gran deuda del Estado colombiano con la novena ciudad más grande de Colombia. Pero romper lo legal e ilegal también parece complejo.
Por lo tanto, la esperanza que tienen en este momento es que en los próximos comicios cambie un poco la historia electoral dejando atrás a la casa política incrustada por décadas en el municipio de Bello.