Por: Juan Sebastián Peña Editor – Pares
Según lo anunciado por el Gobierno venezolano, después de más de dos años del recrudecimiento de la crisis diplomática entre los Estados de ambos países y, además, de la posterior crisis por la pandemia de covid-19, la frontera entre Colombia y Venezuela volverá abrirse el día de hoy para temas comerciales. De acuerdo a lo informado por el Diario La Opinión, desde la tarde del pasado domingo empezaron a ser removidas las vallas de contención y los contenedores que bloqueaban el paso por el principal cruce fronterizo entre ambos países: el puente internacional Simón Bolívar-Francisco de Paula Santander, que conecta al estado de Táchira (del lado venezolano) con Villa del Rosario (del lado colombiano). Y finalmente, el día de ayer, 4 de octubre, la vicepresidenta del vecino país, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio oficial: “A partir del día de mañana estaremos dando apertura comercial entre nuestros países”.
Es necesario señalar que, desde febrero del 2019, el Gobierno de Nicolás Maduro ordenó bloquear los pasos regulares binacionales. Esto ocurrió en el marco del anuncio realizado por Juan Guaidó (quien se había autoproclamado presidente interino de Venezuela en enero del mismo año) respecto al ingreso de ayudas humanitarias, como alimentos e insumos médicos, a través de la frontera colombo-venezolana. Como resultado de esto, el 23 de febrero de ese año, el presidente Maduro ordenó el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno colombiano. En su momento, el primer mandatario venezolano señaló: “La paciencia se agotó, no puedo seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el Gobierno fascista de Colombia».
La respuesta del Gobierno colombiano (que para entonces ya no reconocía a Maduro como presidente legítimo de aquel país, sino que, por el contrario, reconocía a Guaidó), consistió en señalar, en cabeza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que era imposible tal rompimiento de relaciones diplomáticas, pues precisamente el Gobierno Duque ya no reconocía la autoridad del Gobierno Maduro y, por lo tanto, no existía ningún tipo de relacionamiento diplomático con él.
Las vallas y los contenedores que desde entonces bloqueaban el tránsito entre ambos países, del lado venezolano de la frontera, finalmente han sido removidos. En entrevista con El Tiempo, Karim Vera, exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, señaló que aún hay incertidumbre respecto a si con esta reapertura se permitirá el flujo de transportes de carga pesada o si simplemente se habilitará el paso peatonal. Asimismo, mencionó que, actualmente, solo en situaciones extremas se permite el paso irregular, a través de trochas, a cambio del pago de 50 mil pesos a quienes controlan estas zonas de tránsito. Por su parte, el presidente Iván Duque señaló que estaba de acuerdo con la reapertura: “Colombia está dispuesta, también, a empezar un proceso ordenado para que podamos garantizar ese paso fronterizo; pero voy a ser muy claro, esto no va a ser con chambonadas, y eso no va a ser de manera súbita. Que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando ante todo la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano”.
En todo este contexto, resulta necesario mencionar que, con la llegada de la pandemia por covid-19, una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno Duque fue cerrar las fronteras. Desde el 14 de marzo del 2020, el presidente Duque ordenó el cierre de los siete pasos fronterizos oficiales entre los dos países. De acuerdo a la organización International Crisis Group, antes de este cierre de frontera, “más de 50.000 venezolanos en promedio utilizaban los cruces oficiales diariamente; la mayoría de ellos pasaban a Colombia para asistir a la escuela, ir a centros de salud o comprar alimentos o medicinas, y regresaban en la tarde antes de que la frontera cerrara durante la noche”.
De acuerdo a lo señalado por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en múltiples oportunidades, esta situación de excepcionalidad que se vive por la pandemia, el cierre de fronteras y el rompimiento de las relaciones entre los Estados de Colombia y Venezuela, ha dado paso al crecimiento de la migración irregular, “puesto que, como alternativa al cierre de los puestos de control migratorio, las personas migrantes optan por cruzar la frontera a través de pasos irregulares conocidos como trochas, en donde han expuesto su integridad con tal de pasar al otro lado de la frontera”. Y esta situación ha sido el caldo de cultivo para que la población migrante quede expuesta a situaciones humanitarias y de seguridad que vulneran seriamente sus derechos.
El panorama que se configura en la frontera colombo-venezolana, bajo estas condiciones, según las pesquisas realizadas por Pares, se convierte en un campo abierto de oportunidades para que estructuras armadas ilegales, que operan en la zona, persuadan a personas migrantes para que participen de economías ilícitas o para que ingresen a sus filas. (Puede interesarte este informe de Pares: Situación de seguridad y migración en la frontera Colombia Venezuela).
Y estas no son las únicas realidades a las que esta población queda expuesta: muchas de estas personas son sometidas a delitos como extorsiones, tráfico y trata de personas (Te podría interesar: “La trata de personas en la frontera colombo-venezolana”). Esto sin mencionar las precarias condiciones de salud pública, que no solo están vinculadas a la capacidad hospitalaria para atender casos de covid-19, sino que “se refieren también a la disponibilidad y calidad del agua potable (falta de plantas de tratamiento y distribución), situaciones de desnutrición, reemergencia de enfermedades y barreras de acceso al sistema de salud, entre otros; todos factores que aumentan los riesgos asociados al contagio por covid-19 en la población migrante”, según lo señalado anteriormente por Pares.
Frente a este escenario, la pregunta que queda abierta, entonces, es: ¿esta “reapertura comercial” de la frontera representa un paso hacia una cooperación entre los dos países que conduzca a la protección integral y efectiva de la población migrante? De acuerdo al análisis realizado por Nataly Triana, asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, la decisión de reabrir la frontera significaría “un primer paso para mejorar las condiciones de la población migrante, sin embargo, esto está condicionado al proceso de negociaciones de Venezuela en México, y al vencimiento de la vigencia del Gobierno interino” (Te podría interesar: “Caso Monómeros: ¿Diálogos en México y reapertura de la frontera en riesgo?”).
Respecto a las posiciones recientes que ha tomado el Gobierno Madura y que han conducido a medidas como esta de reapertura, Triana señala estas acciones hacen parte de un interés del oficialismo por “vender una imagen favorable de los derechos humanos, como queda reflejado en decisiones como la apertura de la frontera o en el anuncio de la Fiscalía de investigar a la jueza que absolvió a un militar que asesinó a un protestante en el 2017”. Con todo, es necesario resaltar que “la protección integral de los derechos de la población migrante implica, sobre todo, un esfuerzo por despolitizar las relaciones entre Colombia y Venezuela, y, en especial, por crear las condiciones para el tránsito seguro. Desde Pares, por ejemplo, hemos evidenciado que incluso desde los pasos fronterizos regulares se violenta a las mujeres con prácticas de desnudez forzada y violencia sexual”.
De modo que será necesario el compromiso y la voluntad política de ambos Estados para que, de forma conjunta, se puedan desarrollar soluciones estructurales que hagan posible la defensa de los derechos humanos de la población migrante y un control territorial efectivo para contrarrestar la criminalidad. Teniendo en cuenta la condición de vulnerabilidad a la que están expuestas las personas que transitan por la región fronteriza, se hace indispensable que, como ha sostenido Pares, los Gobiernos “le apuesten a la cooperación internacional en términos humanitarios y de seguridad para posibilitar su funcionamiento [el de la frontera] como un punto de contacto entre pueblos donde se respeten y tutelen los derechos humanos, la seguridad plena y la salida asertiva de la crisis”.