La pregunta de cómo llevar a cabo una actividad minera responsable en época de posconflicto, comienza a rondar no solo en la mente de los representantes de esta actividad económica, sino además de las poblaciones que tienen asentamiento en los territorios donde se desarrolla.
En Colombia existen problemas de legislación, de gobierno y de institucionalidad que rige la actividad minera, ligado a unos temas de conflictos sociales, que impiden que este sector económico pueda desarrollar su labor, sin que los territorios donde se lleva a cabo, padezcan una serie de problemas que han desembocado en un rechazo popular que hoy por hoy, se manifiesta en el triunfo de un No en las consultas que han tenido lugar en diferentes municipios.
A estas dificultades que existen en la actividad minera, se suma un factor de violencia ligada al sector y otro que torpedea la labor, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien constantemente sabotea la extracción de petróleo a través de voladuras a las redes.
La empresa privada y el gobierno deben pensar en cómo solucionar los impases que se han presentado y que dificultan la actividad minera en diferentes territorios de nuestro país. Las soluciones que se pueden aplicar son dos: la primera, pasa por la implementación de esta actividad económica, sin tener en cuenta las sugerencias y opiniones que al respecto puedan tener las poblaciones que ocupan los territorios donde esta tiene lugar.
Esto significa un costo enorme en la sociedad colombiana, porque se dejaría la sensación de estar bajo la mano de un Gobierno autoritario que no tiene en cuenta lo que piensan sus ciudadanos y que con tal de motivar la explotación de recursos mineros que incentiven el crecimiento económico, no le importa si se destruye el medio ambiente y ni se esfuerza por ayudar a solucionar conflictos sociales que se derivan de esta actividad económica.
El segundo escenario puede estar dado por motivar un diálogo territorial donde participen los diferentes sectores que se encuentran relacionados con este tema (empresarios, gobierno local y nacional, ambientalistas, sindicatos y de acción comunal), que permita encontrar a través de un consenso nacional, la solución más expedita para explotar los recursos minero energéticos en nuestro país, sin causar daños a nuestro medio ambiente, ni generar conflictos sociales que se deriven de esta actividad y por supuesto entre todos combatir la ilegalidad en la minería.
En este sentido es necesario tener claro las reglas de juego, para proponer soluciones a los problemas que existen y que generan una serie de conflictos sociales en los municipios y veredas donde se desarrolla la actividad minera.
Esta industria genera ingresos que se ven reflejadas en las regalías y en el impuesto de Renta. El diálogo territorial minero energético puede servir de escenario para que los diferentes actores que intercambien opiniones expresen sus diferentes puntos de vista sobre estos primeros aspectos.
De esta manera podremos conocer lo que piensan estos sectores sobre el cambio en el modelo de las regalías del oro, carbón, etc., si efectivamente las zonas a donde llegan satisfacen sus necesidades básicas o si por el contrario los beneficios que hasta el momento se han recibido, no son los que se esperaba.
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