Razones para un diálogo territorial minero-energético



La pregunta de cómo llevar a cabo una actividad minera responsable en época de posconflicto, comienza a rondar no solo en la mente de los representantes de esta actividad económica, sino además de las poblaciones que tienen asentamiento en los territorios donde se desarrolla.

En Colombia existen problemas de legislación, de gobierno y de institucionalidad que rige la actividad minera, ligado a unos temas de conflictos sociales, que impiden que este sector económico pueda desarrollar su labor, sin que los territorios donde se lleva a cabo, padezcan una serie de problemas que han desembocado en un rechazo popular que hoy por hoy, se manifiesta en el triunfo de un No en las consultas que han tenido lugar en diferentes municipios.

A estas dificultades que existen en la actividad minera, se suma un factor de violencia ligada al sector y otro que torpedea la labor, como es el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quien constantemente sabotea la extracción de petróleo a través de voladuras a las redes.

La empresa privada y el gobierno deben pensar en cómo solucionar los impases que se han presentado y que dificultan la actividad minera en diferentes territorios de nuestro país. Las soluciones que se pueden aplicar son dos: la primera, pasa por la implementación de esta actividad económica, sin tener en cuenta las sugerencias y opiniones que al respecto puedan tener las poblaciones que ocupan los territorios donde esta tiene lugar.

Esto significa un costo enorme en la sociedad colombiana, porque se dejaría la sensación de estar bajo la mano de un Gobierno autoritario que no tiene en cuenta lo que piensan sus ciudadanos y que