Por: Guillermo Linero Montes
Este miércoles 28 de abril los colombianos se manifestarán en un acto de protesta contra el gobierno de Duque o contra quien manda tras él. No obstante, los medios informativos, las redes sociales y buena parte de los convocantes, entre ellos las centrales obreras, han hecho énfasis en que dicho acto de protesta tiene como objetivo obstaculizar la aprobación de la reforma tributaria; reforma que luego de leerla profunda o superficialmente, como ha demostrado el presidente Duque que no lo ha hecho, es muy fácil rotularla de antisocial.
No por otra razón, cada día, más ciudadanos y más gremios se suman a la idea de una protesta pacífica; y no podría ser distinto si consideramos que la reforma pretende gravar los alimentos -en plena inactividad y crisis económica- a quienes ni siquiera tienen con qué comer y, sobre todo, cuando se sabe que el gobierno engordó las cuentas de los banqueros con la plata del erario público. Estos trabajadores y estas familias indignados, sin haber sido aleccionados, como se asegura malsanamente, están exteriorizando su deseo de protestar por la inopia en la cual los tiene el gobierno; y eso, considerando las limitantes de la pandemia, supone la idea temeraria de salir a las calles.
En tal contexto, cada día y cada hora previos al 28 de abril, ha venido creciendo la audiencia en torno a la expectativa de la protesta, y ha sido tan efectivo el eco del paro -su proximidad y previsible éxito- que ha provocado la estampida de algunos cómplices naturales del presidente, como Germán Vargas lleras, la familia Char y el expresidente César Gaviria, comprometidos todos con la llamada coalición de gobierno. De modo que con la inminencia del paro la reforma empezó a perder sangre y nervios, y hoy solo queda decirles a quienes habían recibido mermelada por votarla -si es verdad lo aseverado por Germán Vargas Lleras- que se apresten a devolverla.
En medio del inminente fracaso de la reforma, y en actitud infantil, funcionarios del gobierno, ahora andan diciendo que se trata de un borrador concebido, así como está, única y estrictamente para quitarle algunas cosas y modificar otras, y para hacerlo con la participación activa de los congresistas. Pero, como siempre les ocurre a los poco serios, perdieron el llamado momentum: llegaron demasiado tarde y la reforma tributaria pasó de ser la justificación central de la protesta, a ser una razón más entre tantas que se han consolidado más allá de ella.
En efecto, los colombianos protestarán este 28 de abril para pedir por enésima vez, ya no al Gobierno sino a las propias fuerzas populares, hacer cuanto haya que hacer para acabar con la corrupción. También exigirán el cumplimiento integral a los Acuerdos de Paz firmados por el Estado y las Farc. Pedirán de nuevo por la defensa de la democracia y exigirán otra vez la implementación de programas de justicia social.
Reclamarán por el respeto a la vida, en nombre de los caídos en las masacres, en nombre de los líderes sociales asesinados y de los desmovilizados de las antiguas Farc, a quienes sistemáticamente han venido dándoles muerte con pasmosa impunidad. Pedirán por el cumplimiento de los principios del Estado Social de Derecho, y a propósito de la ineptitud del Gobierno en el manejo de la pandemia -ya con más de 70 mil muertes y con los hospitales a punto de colapsar- exigirán el derecho a una salud digna.
Los colombianos protestarán el 28 de abril para pedir por la protección de los niños, denunciando al expresidente Uribe que los quisiera ver trabajando, trabajando y trabajando; denunciando al ministro de defensa que los considera máquinas de guerra, y denunciando a quienes han amenazado impunemente al niño ambientalista Francisco Vera, ante los ojos de la Fiscalía que no los investiga ni acusa; igualmente se protestará por el vil asesinato de tres niños en el Cauca hace muy pocos días.
Con todo, en el gobierno y entre los mismos interesados en la realización de la protesta, hay en el ambiente un dilema lógico, en torno a cómo conciliar el derecho a la protesta con las prohibiciones y restricciones de la pandemia; pues, para dicha fecha habrá toque de queda y pico y cédula. La respuesta podría ser muy sencilla de no ser porque los mismos organizadores no se han puesto de acuerdo en si finalmente se tratará de un paro (cuya materialización es la suspensión de actividades laborales) o si de una marcha (que implica la reunión y movilización masiva en las calles).
En el primer caso -el senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, habla de paro nacional- las medidas de bioseguridad no se cruzarían con la protesta, pues se trataría apenas de la suspensión de actividades colectivas o de una suerte de huelga; pero, en el segundo caso, tratándose de una marcha -los sindicalistas y los maestros así la están promoviendo- implicaría salir a las calles.
En este segundo caso las medidas de seguridad serían un obstáculo para la normal realización de la protesta, si tenemos en cuenta que ya están previstas medidas tan irrestrictas como el toque de queda nocturno, el pico y cédula, y la restricción al transporte público. No obstante, frente a ello las centrales obreras y Fecode, han manifestado que las marchas se realizarán cumpliendo los horarios, el distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad.
Se trata de una decisión en apariencia difícil, como es dirimir entre si es mejor poner en cintura a este Gobierno -lo cual es de interés general porque están matando diariamente a la gente- o acatar las medidas de bioseguridad por la pandemia, que también es de interés general, precisamente porque también deja muchas muertes. ¿Qué hacer entonces cuando el interés general está por encima de otro interés general?
El principio de prevalencia del interés general sobre el particular es un elemento esencial y definitorio de un Estado Social de Derecho y, por tanto, aparece consignado en la Constitución Política que lo impone. Por eso, bajo semejante realidad jurídica, que se confronten dos situaciones de interés general resulta una paradoja, o la advertencia de un vacío legal. Una anomalía que, vista desde los presupuestos de la reflexión jurídica y desde el sentido común, encierra un atípico empate. Un espacio tan cerrado para la maleabilidad de las decisiones judiciales que, en el mejor de los casos esta tendría que ser una decisión típicamente salomónica.
Siendo así las cosas y siguiendo el dictamen de la lógica, me atrevo a invitar –con respeto a Pares y a sus lectores- a que se manifiesten, marchen o hagan paro, quienes consideran que es peor el daño ocasionado por el mal gobierno y sus decisiones administrativas con respecto al ámbito de lo social, que el daño producido por la propagación del virus por efecto de una reunión masiva de ciudadanos.
Pero aquellos, los que consideran que, siendo el gobierno de Duque malo, porque es malo, pero igual tienen por cierto que la pandemia es peor (la alcaldesa Claudia López ha dicho a propósito que las marchas o aglomeraciones son en este momento un atentado a la vida) entonces yo les aconsejaría quedarse en casa y usar el recurso del cacerolazo que es una forma de manifestarse con bioseguridad.
Y a quienes consideran que no es justo salir porque el Gobierno lo está haciendo bien y además porque piensan que todo es una malsana de la oposición, a esos ni siquiera hay que explicarles nada, sino simplemente invitarlos con mucho ahínco a que se quejen ante “el Mono de la Pila”.