Por: Línea Democracia y Gobernabilidad
Aún no se conoce una “prueba reina” sobre el escándalo de corrupción que los periodistas Sebastián Nohra y Valeria Santos revelaron hace meses en Blu Radio, acerca de la asignación de proyectos en los municipios PDET que pasan por un organismo colegiado llamado OCAD-Paz, el cual distribuye los recursos de regalías en esos municipios, que son 170 en total. Las denuncias de varios alcaldes que no han querido hablar públicamente por miedo a retaliaciones, aseguran que para la aprobación de los proyectos debían pagar coimas que sumarían hasta el 12% de los proyectos a diversos personajes, entre ellos funcionarios públicos y políticos. Los recursos aprobados solo el año pasado superan los $4.4 billones, por lo que un cálculo simple daría la famosa cifra de $500.000 millones que se habrían perdido en coimas.
El nombre de Ape Cuello se sumó al de Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, Aníbal Quiroz, contralor delegado para las regalías, Álvaro Ávila, director del Sistema General de Regalías, y Luis Alberto Rodríguez, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), como presuntos involucrados en estos hechos de corrupción.
Así, los cuatro congresistas conservadores que han sido mencionados en este escándalo son el senador Samy Merheg y los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Alfredo Ape Cuello y Yamil Arana. Por sus presuntos vínculos con estos hechos la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar a los cuatro congresistas, que se reeligieron para el periodo 2022-2026.
Recientemente no ha sido inusual la mención de políticos conservadores en denuncias por presunta corrupción. Como lo reveló Daniel Coronell, buena parte de los recursos que asignó Susana Correa desde el Departamento de Prosperidad Social presuntamente beneficiaron los caudales electorales de políticos de este partido, que gestionaron recursos para departamentos y municipios donde registraron altísimas votaciones en marzo de este año.
En medio de la crisis de la mayoría de partidos tradicionales, sin tener mucho peso en la opinión pública y menos en los debates importantes que ha tenido el país en el último tiempo, es sorprendente que los conservadores hayan logrado una curul más en el Senado (16 en total) y cuatro más en Cámara de Representantes (25 en total) con respecto a 2018. Como lo explicó Ernesto Medrano en el portal de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los conservadores fueron uno de los partidos más beneficiados por la “mermelada” en el último cuatrienio.
Los congresistas salpicados
Ahora bien, ¿quiénes son estos políticos salpicados en el escándalo de los OCAD-Paz? Samy Merheg es pereirano, senador conservador desde 2010, de profesión administrador de empresas y sucedió a su hermano Habib Merheg en el Congreso, después de que este renunciara en 2009. Sobre Habib Merheg pesan innumerables escándalos y acusaciones que, como recoge La Silla Vacía, incluyen un proceso activo por parapolítica por presuntos nexos con el Bloque Central Bolívar —que está actualmente en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)—, adjudicación irregular de tierras y lavado de activos, entre otros.
A su vez, Samy Merheg se vio involucrado en un caso de corrupción sobre la recolección de basuras en Dosquebradas, Risaralda, en 2018, por unos audios en los que aparece referenciado. El exalcalde de Dosquebradas, Fernando José Muñoz, que pertenecía a su grupo político, fue imputado por ese caso el 13 de abril de este año, junto a otras doce personas por “presunto direccionamiento de contratos públicos y apropiación de recursos públicos”. Los contratos que investigan son por casi $3.000 millones.
Asimismo, Samy Merheg ha tenido un renovado interés por el Guaviare, uno de los departamentos que más ha sufrido las consecuencias de la deforestación. Durante los últimos años, según denuncia Alfredo Molano Jimeno, Merheg ha “sacado pecho” por la gestión de recursos que ha hecho en favor de este departamento, en el que se llevó un poco más del 16% del total de los votos. Según recoge en su columna Molano, Merheg “posó de haber conseguido más de $38.000 millones en obras entre la Macarena y el Guaviare” y se autonombró padre de una vía que habría costado “más de $320.000 millones”.
Dentro de los financiadores de la campaña de Merheg este año, aparece una empresa llamada Cable Satélite de Caldas SAS, cuya representante legal es Martha Sofía Lopera Duque. Lopera, según la Revista Semana, apareció en 2008 como una de las beneficiarias de un adjudicatorio de baldíos en el Vichada que, según el Incoder, sería irregular. Hoy hay una demanda en curso de Lopera contra el Incoder, que se encuentra en el Consejo de Estado, en donde pide nulidad del auto y las resoluciones de 2007 y 2008 expedidas por el Incoder donde se le revocó la adjudicación del predio El Triunfo.
Dicho predio, según un informe del Incoder de 2011, tiene una extensión de 1.288,1 hectáreas y hace parte de 31 predios que en ese momento estaban en proceso de recuperación en La Primavera, Vichada, asociados al proceso de adjudicación indebida a personas relacionadas con el hermano de Samy, el exsenador Habib Merheg.
Fuente: Cuentas claras en elecciones – Consejo Nacional Electoral (CNE)
Fuente: RUES
Según la representante a la Cámara Carolina Giraldo, en Risaralda ha habido una inversión a través del OCAD-Paz de más de 30.000 millones que fueron aprobados para 8 municipios que no son PDET, y los proyectos no se han ejecutado.
Otro de los involucrados es Wadith Manzur, quien es representante a la Cámara por Córdoba desde 2018. Manzur es ingeniero industrial y es hijo de Julio Manzur Abdala, otro político cordobés que fue senador desde 1994 hasta 2009, quien está investigado por parapolítica y fue recientemente expulsado de la JEP. Manzur Abdala fue capturado en 2015 con fines de indagar sus presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia y en 2017 la Procuraduría le pidió a la Corte Suprema una condena para Manzur Abdala, por “haber promovido grupos paramilitares en el departamento de Córdoba entre los años 1993-2006”.
Manzur Abdala aportó cerca de $150.000.000 a la campaña de su hijo este año.
La fórmula en Cámara de Julio Manzur en 2006 fue Nora García Burgos, quien en su salto a senado tuvo a Wadith Manzur como su fórmula en Cámara en 2018. Para 2022, como Nora no se lanzó de nuevo y le legó su curul a su hijo, Marcos Daniel Pineda, la fórmula de este fue, de nuevo, Wadith.
De esta manera, se ha consolidado el “matrimonio” político entre los Manzur y los García Burgos. Para completar, los apellidos de uno de los financiadores, Alberto Carlos Valverde Pineda, quien donó $30 millones, coinciden con los de la jefe de control interno disciplinario de la Defensoría del Pueblo, María Carmenza Valverde Pineda. A la cabeza de la Defensoría está Carlos Camargo, yerno de Nora García Burgos.
Fuente: Cuentas claras en elecciones – CNE
Por su parte, Alfredo Ape Cuello es un representante a la Cámara conservador por el Cesar, que ha estado en el Congreso desde 2006, aunque en 2010 no pudo dar el salto a Senado y volvió a Cámara en 2014. Ape Cuello es administrador de empresas de la Sergio Arboleda y ha sido un aliado de vieja data del clan Gnecco, aunque ellos militan en el partido de la U. También es cercano a Didier Lobo, senador de Cambio Radical, con quien hizo campaña este año a pesar de que eso podría considerarse doble militancia.
Ha construido su propio caudal electoral a través de #equipoazul y son sus aliados los alcaldes de La Paz, Martín Zuleta, involucrado con el escándalo del OCAD-Paz; Chimichagua, Celso Moreno; El Paso, Andry Aragón; Pueblo Bello, Danilo Duque, La Jagua de Ibírico, Ovelio Jiménez, la Astrea, Juan Manuel Ortega; entre otros, todos en el Cesar. También el diputado José Mario Rodríguez Barriga.
Durante esta campaña recibió el apoyo político de la familia Muvdi, de tradición liberal y a la que pertenece Pedro Muvdi, excongresista condenado por sus vínculos con paramilitares.
Alfredo Ape Cuello en 2009 fue investigado por presuntos vínculos con los paramilitares, pero la investigación precluyó en 2010, porque según la Corte Suprema de Justicia no había material suficiente para seguir con ella.
Su hermano, Manuel Guillermo Cuello Baute, fue destituido e inhabilitado 17 años en 2015 después de ser Superintendente de Notariado y Registro, porque recibió dádivas para favorecer al notario de Montelíbano, Córdoba, Andrés Benítez Martínez, en un proceso disciplinario.
En 2018, el Consejo de Estado decidió mantener la investidura de Ape Cuello después de una denuncia que lo señalaba de haber financiado la campaña del entonces alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez. También enfrentó otra demanda por pérdida de investidura por sus constantes inasistencias al Congreso, de la que también salió bien librado.
Su nombre apareció en la investigación del grupo de los “Buldozer”: congresistas que habrían hecho lobby en favor de la multinacional brasilera Odebrecht. En mayo de 2022 se reactivaron las indagaciones en su caso, sin que hasta el momento se haya conocido su avance. En este momento reposan en la Corte Suprema de Justicia 12 procesos privados vinculados a su nombre.
Fuente: Sistema de Consultas de la Rama Judicial
Ape Cuello también es particularmente cercano a Luis Alberto Rodríguez, quien era director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y también estaría involucrado en los presuntos hechos de corrupción de los OCAD-Paz. Por iniciativa de Cuello, Rodríguez fue condecorado con la Orden de la Democracia Simón Bolívar el 24 de agosto de 2021.
Por último, está Yamil Arana, un joven magangueleño que es representante a la Cámara por Bolívar. Es economista de profesión y tiene una especialización en gestión pública, y fue la fórmula de Nadya Blel, la primera votación del conservatismo en Senado y quien es hija de Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica. Eso significa que Arana hace parte de este clan, que este año consiguió que también quedara como representante a la Cámara Juliana Aray, y que es dueño de la gobernación de Bolívar, en cabeza del hermano de Nadya, Vicentico Blel. Arana está en el Congreso desde 2018 y su votación en 2022 fue impresionante: el tercer representante a la Cámara más votado del país, con un poco más de 113.000 votos.
Yamilito, como es conocido popularmente, proviene de una familia con una larga tradición política en su municipio natal. Su tío, Anuar Arana, fue alcalde de Magangué elegido para el periodo 2008-2011, pero su elección fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Bolívar por intervención en la celebración de contratos por el arrendamiento de un edificio de propiedad suya y de su familia al Consejo Superior de la Judicatura.
Por su parte, su primo Yalil Arana, fue candidato a la alcaldía de Magangué en 2019, pero perdió frente a un aliado de La Gata, Carlos Cabrales Isaac. El grupo de aliados de La Gata, sin embargo, se rompió para esta elección pues Yalil contó con el apoyo de quien fue representante hasta este año, Karen Cure. Hoy Yalil es concejal de Magangué por el Estatuto de Oposición.
Yamil Arana sería uno de los representantes más cercanos a la mano derecha de Luis Alberto Rodríguez, y quien presuntamente estaba encargada de las relaciones entre el DNP y los congresistas, María Alejandra Urrutia, según lo relató el periodista Sebastián Nohra.