Por: Cayo Mario Sepúlveda
Líder político y social de Tame, Arauca
¿Quién quiere ser gobernador de Arauca? Esta podría ser la pregunta del millón. Un cargo que fácilmente podría despertar la codicia de más de uno, dadas las condiciones financieras que tuvo el departamento y que muchos ignoran, pues no saben que Arauca podría ser hoy una de las regiones más pobres del país, presupuestalmente hablando, a pesar de tener, todavía, algunos recursos generados de las regalías petroleras.
El departamento de Arauca no generaría ni el cinco por ciento en recursos propios del total de su presupuesto de ingresos. De no ser por las regalías y el sistema nacional de participaciones, nuestro departamento sería inviable en términos financieros; es más, no tendría la posibilidad de ostentar ni siquiera la figura de las antiguas comisaría. Es por eso que en las estadísticas del Ministerio de Hacienda ocupamos el deshonroso último puesto en manejo financiero.
Esa es la situación presupuestal que, al fin y al cabo, se podría suplir con buena gestión de los parlamentarios o con reformas fiscales que le podrían dar un pequeño aire a la economía del departamento.
Sin embargo, lo más grave no está en la parte administrativa y financiera, sino en el orden público: ese flagelo que se ha llevado la vida de lo mejor de la clase dirigente de Arauca, ya sea por los grupos insurgentes o al margen de la ley, paramilitares y el mismo Estado.
Veamos un solo aspecto: me voy a referir solo a los gobernadores elegidos por voto popular. No quiero detallar en los mandatarios regionales que ha mandado el Gobierno central y que han estado fugazmente como gobernadores encargados, que alzan el vuelo cuando terminan y por aquí no vuelven.
Alfredo Colmenares Chía fue el primer gobernador elegido por voto popular; fue objeto de un atentado en la ciudad de Arauca antes de ser mandatario del departamento; cayó preso y, finalmente, fue asesinado por paramilitares en la ciudad de Bogotá.
Posteriormente, José Vicente Lozano fue secuestrado antes de ser gobernador; luego fue condenado y hoy está prófugo de la justicia. Al parecer, vive en Venezuela y sus condiciones financieras serían precarias.
Gustavo Carmelo Castellanos (que en paz descanse) fue judicializado y, finalmente, le fue arrebatada gran parte de su fortuna. Murió en malas condiciones económicas.
Federico Gallardo también fue secuestrado; fue detenido y encarcelado y, finalmente, resultó destituido mediante un proceso que todavía los entendidos de la parte judicial no entienden.
Julio Acosta Bernal fue objeto de varios atentados y hoy está en manos de la justicia. Paga condena después de ser sentenciado.
Fredy Forero estuvo poco tiempo en el cargo, al ser destituido por orden de la Procuraduría. Fue reemplazado por Luis Ataya, a quien la guerrilla le secuestró a uno de sus hijos y, al parecer, le tocó pagar un millonario rescate.
Luego vino Facundo Castillo, hoy detenido e inmerso en escándalos de manejo y orden público que tienen a la expectativa no solo a la sociedad araucana, sino también al país.
Ricardo Alvarado fue objeto de un atentado cuando fue alcalde de Arauca; cuando terminó su periodo, un grupo alzado en armas le secuestró a un hermano suyo. Hoy se encuentra detenido, y está siendo procesado con detención domiciliaria debido a su mal estado de salud.
Con estos antecedentes, cualquier ciudadano sensato difícilmente se le mediría a ocupar este cargo. Sin embargo, las ansias de poder, de dinero, a veces pueden más. Pese a esto, seguramente, entre las personas mencionadas, también están aquellos llenos de buena voluntad pero que no calcularon el abismo que les esperaba.
Hoy, como ayer, el poder judicial y los entes de control tratan de armar el show sindicando y satanizando la clase dirigente, culpables en muchos casos, pero sin que el Estado asuma su culpabilidad al no ser capaz de brindarles las más mínimas garantías a sus vidas y las de sus familiares, mucho menos a sus bienes.
Podrán encargar hasta al ministro de Defensa nacional en la Gobernación, y solo le quedará la opción de encuevarse como los cachicamos, sin poder salir a ver cómo es el departamento ni interactuar con la comunidad, porque el orden público no se lo permitiría.
Qué hacer es la pregunta que nos hacemos las y los araucanos. Algunos dicen que buscar un buen líder (que no es fácil), y otros dicen que el Estado asuma su obligación constitucional y brinde garantías. Mi pregunta es: ¿qué haríamos primero de las dos posibilidades que se proponen? ¿Qué hacemos ya en medio de la crisis que no nos afecta?
Dejemos para otro escrito proponer soluciones, que deben arrancar con la participación de la sociedad.
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