Quitando la costra a la herida: el caso de la UP

Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.


La semana pasada, entre el 8 y el 12 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CorteIDH– escuchó en audiencia pública a las víctimas de la Unión Patriótica –UP– y al Estado colombiano, en torno a la responsabilidad de este último en las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, tentativas de homicidios, hostigamientos, exilios, atentados y amenazas que sufrieron los primeros desde su creación en 1985. Este importante encuentro hace parte de los varios momentos que las víctimas de la UP han tenido que recorrer para conseguir, algún día, sanar sus heridas.


La historia comenzó a mediados de la década de 1980, cuando se formaron como partido político. Debido al contexto en que surgieron como organización y la cercanía inicial que mantuvieron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc-ep–, la mayoría de sus líderes políticos fueron asesinados. En menos de dos años (1985-1986) alrededor de 1600 integrantes quedaron exterminados, entre ellos, 145 concejales, 15 alcaldes, 11 diputados y tres senadores. Número de muertes que creció hasta llegar a 4153 asesinados, y que fueron contabilizados por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Todo pasó frente a nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002.


La lamentable situación llevó a las víctimas de la UP en 1993 a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la barbarie del Estado en su contra. Con esto se inició un largo proceso de justicia internacional, donde esta semana se obtuvo uno de los mayores logros. El Estado colombiano, en cabeza de Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, reconoció la responsabilidad “por violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, al reconocimiento de persona jurídica, a la libre asociación, a la libertad personal, a la libertad de circulación, a los derechos políticos y a las garantías judiciales y protección judicial”.