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¿Quiere el gobierno arrodillar a las regiones?

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares



El Plan Nacional de Desarrollo – PND (2018-2022), radicado en el Congreso a inicios de febrero, ha provocado críticas de diversos sectores políticos. Esta vez son los alcaldes, gobernadores y algunos congresistas quienes rechazaron una serie de artículos que obligarían a que las regiones le pasen una cuenta de gastos y necesidades al gobierno nacional a través de los ministerios, lo que significaría una grave pérdida de autonomía regional.


“Uno de los grandes debates en el plan de desarrollo será por los artículos 27 y 28 que básicamente cambian las reglas de juego en la distribución de los recursos de regalías (…) ya que la decisión presupuestal en su mayoría y su capacidad de veto va a estar en los ministerios”, señaló Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación-Pares.


Descentralización o recentralización de los recursos


Aunque el plan denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” aún no ha comenzado a ser debatido en el Congreso, al parecer en dos semanas comenzarán las sesiones en ambas cámaras.


El retraso ha sido, precisamente, por la serie de inconformidades que hasta sectores políticamente opuestos han refutado contra el texto y pedido modificaciones, por lo tanto, aún se encuentra en la etapa de socialización, pero según analistas habrá un gran recorte en el texto.


“Para el gobierno es un tema de administración de recursos y coherencia, y sobre todo evitar que se pierdan en corrupción. Pero el debate en Colombia se ha abierto nuevamente entre aquellos que piden la descentralización, profundizarla; y los que piden la recentralización”, agregó Ávila.

De acuerdo con analistas de Pares, la descentralización y la autonomía territorial son dos características de la Constitución de 1991. De acuerdo con la carta magna, el poder y los recursos del Estado deben ser distribuidos territorialmente.


Pese a que este modelo ha tenido altibajos, los expertos aseguran que un proceso de recentralización tiene consecuencias nefastas para la provisión de soluciones a los problemas de las poblaciones más alejadas del centro que no están al alcance del desarrollo económico y social del país.


Pérdida de la autonomía territorial


El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa junto con otros gobernadores y congresistas de los departamentos de Boyacá, Meta, Cundinamarca y Tolima que conforman la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE Región Central, solicitaron modificar dos artículos que no reflejan las metas para las regiones e impiden su avance económico y social.


Tanto el artículo 27 como el 28 pretenden regresar a un modelo de fondo nacional de regalías, lo cual significaría un modelo de centralización. Es decir, “paralizar la inversión por las demoras en los tiempos de los trámites de los Ministerios”, explicó la RAPE.


Por su parte, Fernando Flórez Espinosa, director de la RAPE-Región Central destacó en el encuentro que en el Plan Nacional de Desarrollo debe prevalecer la descentralización regional.


“No vemos reflejado en el articulado todo el esfuerzo que hemos venido adelantando las regiones a partir de la constitución de 1991 en el camino de la descentralización; y por el contrario, vemos cómo se va perdiendo la autonomía territorial y el enfoque de las regiones, desconociendo la realidad diversa y pluricultural de los territorios”, expresó Flórez.


Regiones condenadas al atraso


“Si se aprueban esos dos artículos, el gobierno contará con un poder de veto impresionante que hará arrodillar prácticamente a los entes territoriales”, expresó el analista.


Según Ávila, el gobierno ha dicho que esta decisión de recentralización de los recursos es para evitar que se pierdan en corrupción. De acuerdo con un informe publicado en 2018 por la Contraloría, en Colombia se pierden alrededor de 50 billones de pesos al año por este flagelo.


Sin embargo, este modelo “no solo no evita la corrupción, sino que acaba con el principio de las regalías que son compensaciones a las regiones de las que se traen recursos”, añadió.


También aseguró que no capacitar a los funcionarios públicos en los entes territoriales, y además quitarles el dinero no soluciona el problema de la mermelada, pero sí “se condena a las regiones a que nunca salgan del atraso”.


En últimas, el gobierno lo que busca “es tener la plata para tenerla de cajón propio, el argumento que utilizan es el de las regiones”. En ese sentido, con el dinero en un bolsillo, “se pretende chantajear a los entes territoriales y arrodillar senadores, gobernadores y alcaldes”, auguró.


En definitiva, son varias las voces que han pedido cambios al texto presentado por el presidente Iván Duque. En cuanto al tema de centralización o descentralización, según los analistas, es poco probable que pase los debates tal y como como viene redactado. Por ahora el país tendrá que esperar y estar atento a la decisión que tomen ambas Cámaras tras los debates que están por arrancar.