Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.
No hay semana que finalice en Colombia sin que se tenga noticia de, al menos, un asesinato de los 13.196 firmantes de la paz de las Farc. La semana pasada fue José Paiva Virguez, en Puerto Concordia, Meta; en la anterior le quitaron la vida a Leonel Antonio Restrepo, en Cañasgordas, Antioquia; y hace tres a Juan Carlos Correa, en San Andrés de Cuerquia, Antioquia. En total van diez firmantes de la paz asesinados este año; lo que significa un promedio de uno cada cinco días.
Según la Misión de Verificación de la ONU, entidad que ha tenido la triste tarea de contabilizar estas cifras, mostraba al finalizar el año 2020 como, desde la firma del Acuerdo Final de paz en noviembre de 2016, las muertes violentas de excombatientes eran de 248; distribuidas así: dos en 2016, 31 en 2017, 65 en 2018, 77 en 2019 y 73 en 2020. Lamentable calvario al que hay que agregarle los diez que van este año y los 55 intentos de homicidios y las 20 desapariciones en los cuatro años desde la firma de la paz.
De allí que, con junta razón, la Misión de Verificación de la ONU, al igual que el Instituto Kroc y otras organizaciones nacionales e internacionales interesadas en la paz del país, coincidan en afirmar que el principal problema de la implementación del Acuerdo Final esta en las agresiones y homicidio de los ex rebeldes. Es una dinámica de violencia que continúa día a día contra la población desmovilizada; situación que amenaza con convertirse en el más sustancial detonador de una nueva ola de terror en el país.
Los primeros en reaccionar ante esta macabra situación han sido los mismos integrantes de las desmovilizadas Farc. El año pasado, luego del incremento alarmante de muertes, los firmantes de la paz, sus familias y los que los apoyan salieron a las vías públicas a decir ¡NO! a estos asesinatos. Esta población realizó una peregrinación hacia Bogotá, llamada “Por la paz y por la vida”, como forma de manifestar su rechazo, de visibilizar el problema y de encontrar respaldo en la población.
Esta peregrinación, que culminó el seis de noviembre de 2020, sirvió para que diversos organismos del Estado se comprometieron a tomar medidas para la protección de la vida de los marchantes. Además, fue un momento propicio para hacer balance sobre los aciertos en las acciones de protección y las fallas que se han tenido.
Entre lo que ha funcionado se destaca el mecanismo de autoprotección colectiva que la comunidad exfariana ha adoptado. La concentración de, al menos, 2500 miembros en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR– y Nuevos Puntos de Reincorporación –NPR– ha sido una buena estrategia para evitar ser asesinados. Los informes muestran que las muertes en estos espacios han sido menores y las que las ocurren se dan cerca de los espacios, no dentro de ellos. De allí que se recomienda al Estado poner mayor empeño en cumplir lo acordado en temas de reincorporación económica y comunitaria.
Igualmente, se reconoce la importancia del acompañamiento de la comunidad internacional al proceso. Este actor ha cumplido un papel muy valioso para la seguridad de los excombatientes; por medio de la Misión de Verificación de la ONU se ha mantenido la presión al Estado colombiano para que preste sus servicios de seguridad pública en torno a los espacios de reincorporación colectiva. Además, con sus informes trimestrales al Consejo de Seguridad de la ONU se han logrado identificar los riesgos a que están expuestos los excombatientes en el país.
Por el lado de las fallas se encuentra, en primer lugar, la falta de protección a los desmovilizados. Muchos líderes y lideresas que están al frente de los procesos de inversión que conlleva la implementación del Acuerdo Final han sido asesinados. Crímenes que faltan por ser investigados; pues los organismos de seguridad encargados de investigar los móviles y responsables de la violencia homicida contra los firmantes de la paz se encuentran ralentizados. Es muy poco lo que conocemos como colombianos sobre estos asesinatos.
Los primeros en reaccionar ante esta macabra situación han sido los mismos integrantes de las desmovilizadas Farc. El año pasado, luego del incremento alarmante de muertes, los firmantes de la paz, sus familias y los que los apoyan salieron a las vías públicas a decir ¡NO! a estos asesinatos. Esta población realizó una peregrinación hacia Bogotá, llamada “Por la paz y por la vida”, como forma de manifestar su rechazo, de visibilizar el problema y de encontrar respaldo en la población. Imagen: Pares.
En segundo lugar, también viene fallando la sociedad civil. Los colombianos no estamos cumpliendo con la palabra prometida de proteger la vida de los firmantes de la paz y alejarlos de las dinámicas de violencia en las que estaban inmersos. Nos falta mucho en los temas de valoración del esfuerzo que hicieron los excombatientes al dejar sus armas; no hacemos grandes esfuerzos en trabajar en una cultura para la paz y la no violencia; son pocos los actos de perdón y reconciliación; y, finalmente, hay una indiferencia colectiva frente al asesinato de estos ciudadanos.
Es inconcebible que todo un país, a pesar de la ayuda de la comunidad internacional, no sea capaz de cuidar y preservar la vida de las 13.196 personas que han decidido dejar atrás las armas y apostarle a la construcción de la paz. Por ello es necesario realizar mejores tareas, tanto del Estado como de la sociedad, en la protección de la vida de los firmantes de la paz. Se requiere con urgencia tomar medidas para brindarles garantías de seguridad a los excombatientes, sus familias y comunidades aledañas para evitar que se siga contabilizando muertos.
De parte del Estado, es necesario en este año preelectoral, entre otros asuntos, poner especial cuidado a la protección de los líderes del Partido de los Comunes y diseñar esquemas de seguridad para las sedes del partido y sus consejeros; además avanzar en la prevención, protección, seguridad y judicialización en 522 municipios donde se asientan los excombatientes. Y desde la sociedad civil, debemos trabajar más en estar atentos con los procesos de reincorporación, y la seguridad de los gestores de proyectos, los cuales se han convertido en presa fácil de los violentos, debido a la visibilidad de sus actividades.
En definitiva, el asesinato de excombatientes en Colombia está generando efectos devastadores, tanto para el sistema político como para la implementación del Acuerdo Final. Se está provocando con estos actos un debilitamiento del sistema democrático y desaprovechamiento de las grandes oportunidades que ofrecen los desmovilizados, tanto porque se pierde a un líder o lideresa comprometido con trabajar y a ejercer oposición política, como porque se asesina a una persona dispuesta a contribuir al esclarecimiento de la verdad del conflicto armado, la justicia, la reparación y no repetición.
Invito a leer el texto El asesinato de excombatientes en Colombia donde expongo con más detenimiento esta situación.