¿Qué hay de nuevo en la “nueva” Ley de seguridad ciudadana?

Por: Isaac Morales


La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 2197 de 2022), sancionada este martes por el presidente Duque, es básicamente una reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y al Código de Extinción de Dominio. En esencia, esta nueva ley endurece las penas a delitos como el homicidio agravado, el secuestro, el desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar, hurtos, porte de armas (blancas y de fuego) y la violencia contra servidor público; castiga con mayor pena la reincidencia aumentando los meses de cárcel y las multas en salarios mínimos. Lo complicado de este punto es que el sistema penitenciario colombiano sufre de un hacinamiento que supera el 20% y aunque el Ministro del Interior, Daniel Palacios, sostiene que esta nueva ley también busca abrir cerca de 5.000 nuevos cupos carcelarios, aún no se lograría ni siquiera saldar el déficit actual. Para ello, se abre la puerta para que se utilicen recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad – FONSET y de los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON para la construcción, dotación, mantenimiento y operación de la infraestructura carcelaria.

También se incrementan las penas a quien asesine un miembro de la Fuerza Pública, defensor de derechos humanos, un menor de edad o periodista. Se agravan las penas para quien atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana y la administración de justicia. Esto, para muchos, es una forma de castigar y prevenir los hechos ocurridos en las pasadas jornadas de manifestaciones, producto del descontento social por los casos de abuso policial, donde se destruyeron CAIs en varias partes del país.

Por otra parte, da lugar a una nueva figura denominada “Legítima defensa privilegiada” que aplica cuando la víctima se defiende contra quien irrumpe de manera ilegal su habitación o vehículo. Sin embargo, la ley solo establece que en la valoración de la defensa se deberá aplicar un estándar de proporcionalidad en el elemento de racionalidad de la conducta, y de alguna u otra forma permite la fuerza letal, es decir, se abre la opción a que una persona pueda defenderse y quitarle la vida a otra si se ve amenazada. Este ha sido uno de los puntos más controversiales de esta nueva ley, ya que aborda una zona gris de la compleja situación de justicia por mano propia, lo que además resultaría en una sobrecarga al sistema judicial ya que cada uno de los casos en los que se presente este tipo de hechos se debe revisar detalladamente y determinar si efectivamente se puede aplicar o no esta figura.

Además, esta ley establece ciertos beneficios a la fuerza pública como el acceso gratuito a los sistemas de transporte masivo, así como la atención preferencial en entidades públicas y privadas. Además, crea la dirección especializada contra los delitos informáticos en la Fiscalía General de la Nación con cerca de 100 nuevos cargos.

Como se nota, básicamente la nueva ley de seguridad ciudadana busca generar mayor castigo al delito y de paso abordar diversos temas que no cabrían en otro tipo de reformas.

La reflexión que vale la pena hacer es si efectivamente aumentar las penas es directamente proporcional a la reducción del delito. aunque lo cierto es que no necesariamente esta relación sea verídica. Si lo que este gobierno quiere es superar una de las mayores crisis de seguridad que ha vivido Colombia, recientemente, en entornos urbanos y rurales, debe iniciar por comprender las necesidades de los territorios y copar los espacios en los que históricamente ha esta ausente, llevando de forma integral la oferta institucional, profundizar en los esfuerzos por una reforma policial integral y dotar de mayor alcance el poder de policía de las autoridades locales.