Por: Redacción Pares
Promovido por el Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo Colombia, el proyecto de Ley 139 de 2018 y que actualmente se encuentra en etapa de debate en el Congreso, busca que las entidades públicas que demandan alimentos adquieran a nivel departamental, como mínimo, un 10 % del valor total de las compras de alimentos con los productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
Los diferentes Ministerios y entidades de Gobierno que abarcan más del 70% de la demanda de alimentos, procuran abastecerse con productos frescos, diversificados y culturalmente aceptados en las dietas de su población.
Un beneficio para la agricultura familiar
En lo que respecta a compra de alimentos, en el 2017 tan sólo tres entidades/programas de gobierno (el Programa de Alimentación Escolar PAE; el ICBF y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC) adquirieron $ COL 2.1 billones en alimentos.
Sin embargo la participación de la agricultura familiar como proveedor directo de estos mercados institucionales es tan sólo del 3%, lo que revela la oportunidad de fomentar la vinculación de estos actores a los sistemas de compras públicas.
Para impulsar esta propuesta en el país, el Frente Parlamentario contra el Hambre conformado por 43 congresistas de 17 partidos políticos, con el apoyo de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura – FAO, el Programa Mesoamérica sin Hambre y la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos, construyó el año pasado el proyecto de ley número 139 de 2018.
El proyecto de ley que deberá superar cuatro debates en el Congreso de la República, ya fue aprobado por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes en noviembre de 2018 y actualmente se encuentra en proceso de discusión.