Por: Sergio Saavedra, Redacción Pares
Al mediodía de este miércoles 10 de octubre se llevará a cabo una marcha en defensa de la educación a nivel nacional. La marcha se da en el marco de una crisis de las universidades públicas y el proyecto de asignación presupuestal para el 2019, que se debatirá en las siguientes semanas en el Congreso de la República.
El 27 de septiembre en Florencia (Caquetá), se estableció el pliego de exigencias por parte de las universidades. Este pliego incluye el incremento de 4.5 billones en el presupuesto para las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES), el pago de la deuda, el saneamiento del déficit, mayor inversión a Colciencias y blindar la autonomía de las IES.
Para Cristian Polo, estudiante de la Universidad Nacional y líder estudiantil, se exige ese monto para solventar la crisis, que es lo más urgente para que las universidades públicas alcancen a terminar el año. Además, para que existan garantías de estabilidad económica el año siguiente.
La situación es crítica. Por ejemplo, la Universidad Nacional esta semana entró en déficit de funcionamiento por 60 mil millones de pesos; no tiene plata para terminar el año. Esto, sumado a que más del 50% de los profesores no son de planta y más del 51% de los recursos que invierte la Universidad anualmente son producidos por la misma universidad.
El panorama es similar en todo el país. Según Nubia Ruiz, profesora del departamento de sociología de la Universidad Nacional, en un plazo inmediato, universidades como la del Valle se encuentran en riesgo de poder funcionar más; pues, de ser aprobada la propuesta del Gobierno, la plata solo le alcanzaría para un mes el próximo año. Además, para la docente, el proceso de privatización va muy avanzado.
Otro aspecto importante es la garantía de permanencia a los estudiantes en su carrera. Para Natalia Chávez, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional y lideresa estudiantil, esta garantía corre peligro por cuenta de la reducción de presupuesto, pues de este modo se le estaría quitando dinero, también, a los programas de bienestar —programas socioeconómicos— que benefician a los estudiantes y les permiten permanecer en la universidad.
Sobre el programa de Ser Pilo Paga, Natalia Chávez afirma que es inviable y que dentro del pliego se exige que esos dineros que financiaban el programa hagan parte de las bases presupuestales de las universidades públicas, sobre todo las que se encuentran más desfinanciadas.
El proceso que desembocará en la marcha este miércoles viene manejando una estructura de trabajo. Cristian Polo explica que la articulación se está dando en cada universidad, donde se han venido realizando asambleas a las que asisten trabajadores, profesores y estudiantes. Además, hay unas jornadas de formación, espacios con perfil tanto académico como político.
¿Qué está proponiendo el Gobierno?
Nubia Ruiz afirma que, ante la crisis presupuestal de las universidades públicas, el Ministerio de Educación ha propuesto que la financiación gire en torno a la demanda. Es decir, hacer un cálculo per cápita por estudiante —tanto para públicas como para privadas— y asignarle a cada IES la misma cantidad de dinero por alumno, sin tener en cuenta que en unas universidades el costo de la educación es superior que en otras. “Con el mismo rasero nos ponen a competir”, concluye Ruiz.
Por ejemplo, si en la Universidad Nacional cada estudiante cuesta 10 millones de pesos, pero el cálculo per cápita sumó 7, ese es el valor que le giran por estudiante. ¿De dónde saldrían los 3 millones faltantes? Es por esto que Ruiz afirma que esta modalidad de ingreso consiste en poner a competir a las universidades por los recursos.
La universidad pública y la paz
Hay varias implicaciones que se desprenden de la reducción presupuestal que, por ejemplo, tendría la Universidad Nacional. Según Cristian Polo, la Nacional tiene un compromiso muy fuerte con la paz, no solamente en la transformación social, sino también en la reconciliación y en la reparación de las víctimas. La Universidad, además, es garante del proceso de paz y la falta de financiación hace que queden limitados en esa labor.
Nubia Ruiz, por su parte, dice que “no puede haber ningún proyecto de paz en ninguna parte del mundo si no hay voluntad política para situar la educación como la estrategia más contundente para terminar cualquier guerra”. Privatizar la educación, continua, significa negar la posibilidad de superar las inequidades. “En Colombia, los jóvenes que se beneficiarían de una garantía total de la educación pública, al negárseles esa posibilidad, van para la guerra”.