Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares.
Mientras el país se confina, la violencia se pasea oronda por los territorios. A las 00:00 horas de este miércoles 25 de marzo del 2020 entró en vigencia en todo el territorio nacional el decreto 457 por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. Esta directriz nacional, inédita en la historia reciente y que impone una serie de restricciones a la movilidad de personas, obliga a un aislamiento en todo el territorio nacional. Una medida que sin duda es necesaria para mitigar el incremento de los casos de contagio en el país, que van en ascenso.
Estas acciones han demostrado funcionar en otros países y sí ayudan a controlar el virus. Sin embargo, hemos tenido que pasar por varios episodios de choque de trenes entre autoridades locales y el gobierno nacional para poder llegar a un acuerdo sobre el tratamiento de la situación en el territorio colombiano.
Mientras alcaldes y gobernadores decretaban toques de queda, el gobierno nacional en su característica inoperancia emitió el decreto 418 de 2020 donde se concentraba la potestad del manejo del orden público en el Presidente de la República, un despropósito absurdo ya que desconoce la autonomía de los gobiernos locales y facultades constitucionales que estos tienen con relación al manejo del orden público, además expuesto por la Ministra del Interior, Alicia Arango, en rueda de prensa únicamente repetía una frase vacía: «El tema del orden público queda en cabeza del Presidente de la República».
Ahora bien, la pandemia ha generado un cambio sustancial en los hábitos de muchos colombianos y además ha volcado la agenda pública sobre este tema: los titulares de noticias giran alrededor de esta crisis y a diario se tienen nuevos hechos relacionados con el coronavirus, los reportes de contagios y las medidas adoptadas, entre otros.
De esta forma, otros temas que afectan la cotidianidad colombiana, hechos sociales y de conflictividad que seguramente seguirán su acción a pesar del aislamiento obligatorio pasen automáticamente a un segundo plano. Una de estas dramáticas realidades diarias en Colombia es el asesinato de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
Desde que se conoció el caso del primer infectado con coronavirus en Colombia el 6 de marzo, se han registrado el asesinato de 7 líderes sociales y dos excombatientes de las FARC:
-Jorge Macana, en el occidente del Cauca.
-Carlota Salinas, en el sur de Bolívar.
-Omar y Ernesto Guasiruma, líderes indígenas del pueblo Embera.
-Marco Rivadeneira, en Putumayo.
-Ángel Quintero, en el oriente de Antioquia.
-Ivo Humberto Bracamonte Quiroz, en Santander.
-Flores Forero y Belle Ester Forero, firmantes del acuerdo en el Meta.
Aunque la ministra Alicia Arango no reconoce la trascendencia de estos hechos y los compara con el asesinato por hurto a celulares sin un fundamento estadístico como lo demuestra el investigador Jaime Palma de PARES en un video donde explica el despropósito de esta comparación, siguen ocurriendo.
Y siguiendo con la violencia que no se detiene frente a la llegada del coronavirus, el pasado fin de semana en las cárceles del país se registró una verdadera masacre: 23 reclusos muertos y cerca de 80 heridos. Esta tragedia es un cruel retrato del desespero de los reos por las precarias condiciones y el ineficiente alcance operacional y de gestión que el INPEC, la USPEC y que el mismo Ministerio de Justicia tiene sobre el manejo de las cárceles, este es un hecho que era previsible y que Pares ha advertido.
La violencia intrafamiliar y las agresiones basadas en género aumentaron, solo en Bogotá se triplicaron el pasado fin de semana. Los saqueos y manifestaciones de sectores vulnerables son episodios que se han registrado estos días y que se volverán a repetir de manera más aguda, pues el hambre y los gastos de la población vulnerable no se suspenden, por ello el Gobierno Nacional debe asumir medidas más de fondo para el tratamiento de esta crisis, no sólo limitando la movilidad y obligando al aislamiento, sino atendiendo con políticas sociales y de acompañamiento constante a sectores tan vulnerables como quienes habitan en Soacha, una población que concentra la pobreza estructural del país.
Presidente Iván Duque, antes de desviar recursos públicos a entidades privadas, antes de proteger intereses de grandes empresas, debe tomar acciones concretas que garantice un mínimo vital a la población vulnerable que depende del diario y que además esta más expuesta al contagio del coronavirus.
No se puede desconocer el impacto que este virus está teniendo en todo el mundo, pero tampoco se pueden desconocer las enfermedades crónicas que ha vivido y sufre Colombia, como un país convulsionado y escaso de presencia estatal.