Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Desde el pasado 10 de octubre la Minga del Suroccidente se reactivó en el sector de El Pital, en Caldono, Cauca, donde dejaron claro que esta vez el carácter de esta era político bajo cuatro ejes: la vida, el territorio, la democracia y la paz, por lo que instaron al que el presidente Iván Duque hiciera presencia para tener un debate. Al no haber pistas de interés las y los mingueros decidieron salir del Cauca hacia Cali, y al encontrarse allí con la misma respuesta de ausencia del mandatario determinaron trasladarse hasta Bogotá.
Durante la movilización, en el Cauca y estando en Cali se insistió en la preocupación con la que se convoca la Minga a raíz de los asesinatos sistemáticos contra indígenas, los cuales, según datos de Indepaz, desde el 2016 y hasta el 8 de junio de 2020 fueron 269 los cometidos contra líderes/as indígenas, 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque, adicionalmente en lo que va del 2020 se tiene registro de, al menos, 47 asesinatos de líderes indígenas, y 14 de ellos durante el periodo de aislamiento preventivo.
En este panorama de exigencia desde los territorios y desde las calles con la Minga para que pare la violencia, se conoció que el mismo día que las y los mingueros iban con rumbo a Cali, el pasado 12 de octubre, fueron asesinados Fredy Güetio Zambrano de 51 años, comunero indígena y exautoridad del territorio indígena de Cerro Tijeras, al igual que su esposa Reina Mera en el resguardo de Cerro Tijeras del municipio de Suárez al norte del Cauca.
Como se informó desde la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), “hombres armados les dispararon cuando llegaban de un trabajo familiar en la vereda Agua Clara resguardó indígena de Cerro Tijeras municipio de Suarez departamento Cauca. Sus cuerpos están siendo trasladados hacia el municipio de Santander de Qulichao. Se desconocen los responsables y las motivaciones de este nuevo doble asesinato”.
Sobre este asesinato hay dos puntos que señalar: por una parte, se cometió en uno de los departamentos más golpeados por la violencia, en especial contra las comunidades campesinas e indígenas y los liderazgos sociales. Asimismo, por otro lado, se da mostrando cuál es el riesgo de estigmatizar a los pueblos indígenas y a los espacios de protesta, como la Minga, que se han convocado.
El Cauca, el epicentro de violencia contra indígenas
Hay que iniciar diciendo que desde el 2018 los asesinatos contra líderes y lideresas indígenas han venido en aumento, así lo registró el portal La Paz en el Terreno: “Según Somos Defensores, una organización que le hace seguimiento a la situación del liderazgo social en el país, los asesinatos contra líderes y lideresas indígenas en todo el territorio nacional pasaron de 24 en el 2018 a 32 en el 2019, un incremento porcentual del 33 %. Por su parte, la Defensoría del Pueblo asegura que en el 2018 ocurrieron 30 y en el 2019, 33”
Por su parte, respecto a este año y siguiendo lo consultado por el portal mencionado son, al menos, 21 los asesinatos cometidos entre 2019 y junio de 2020 en el Cauca, siendo Toribío el municipio con más casos, con un total de 12.
Adicionalmente, vale la pena mencionar que el Comando Élite de la Policía responsabiliza de forma general al Ejército de Liberación Nacional (ELN), al Clan del Golfo, al Grupo Armado Organizado residual ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, al ‘Frente Oliver Sinisterra’ y al Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) ‘La Rebelión’ como los principales responsables de asesinar líderes y lideresas indígenas.
Durante la movilización, en el Cauca y estando en Cali se insistió en la preocupación con la que se convoca la Minga a raíz de los asesinatos sistemáticos contra indígenas, los cuales, según datos de Indepaz, desde el 2016 y hasta el 8 de junio de 2020 fueron 269 los cometidos contra líderes/as indígenas, 242 luego de la firma del Acuerdo de Paz y 167 durante la presidencia de Iván Duque, adicionalmente en lo que va del 2020 se tiene registro de, al menos, 47 asesinatos de líderes indígenas, y 14 de ellos durante el periodo de aislamiento preventivo. Imagen: Pares.
No obstante, en este panorama también se ha evidenciado una vulneración de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, que incluso, solo en este año, siguiendo el Sipares, se encuentran los hechos ocurridos con Joel Villamizar, directivo de la Asociación U’wa y Coordinador de Educación de esta comunidad indígena reconocido como líder, quien fue asesinado por tropas de la Trigésima Brigada, adscritas a la Segunda División del Ejército el pasado 31 de mayo en Chitagá, Norte de Santander, y el cometido el 22 de abril contra Ángel Artemino Nastacuas Villarreal, integrante del resguardo Pialapí Pueblo Viejo, Ricaurte, quien fue asesinado por la Fuerza Pública en Tumaco, Nariño, luego que la comunidad se encontrara manifestándose pacíficamente contra las acciones de erradicación forzada que se venían adelantando en el territorio.
A esto se suma otros actores que hostigan a las comunidades indígenas como los grupos de narcotráfico y las multinacionales, con quienes los conflictos giran, principalmente, en torno a las economías ilegales y la erradicación, así como al extractivismo y a la oposición que se le ha venido haciendo a este modelo.
Todo este panorama lo que termina evidenciado es que los asesinatos son la punta de las violencias, sin embargo, en los territorios, en especial en zonas como el Cauca, los modos de violencia son amplios, e incluso desde la ONIC se ha alertado de un retorno de, por ejemplo, las minas antipersonal y el reclutamiento a menores. A esto se suma que, hechos como el desplazamiento forzado, solo en ese departamento, dejó 1.312 víctimas entre noviembre de 2016 y agosto de 2019.
Adicional, también desde la ONU se expuso que de los 50 casos de asesinato de líderes/as Indígenas reportados a la organización entre 2016 hasta agosto de 2020, 17 fueron cometidos en el Cauca, el departamento, según dichos datos, con más registros en el periodo seleccionado.
Además, desde el portal La Paz en el Terreno y su compilación de información se estableció que entre 2019 y junio de 2020 en el Cauca algunos hechos de violencia contra líderes/as indígenas se reportaron así: casos de amenaza hubo 19 en Toribío, 02 en Suárez, 03 en Corinto y 05 en Caloto. Mientras que se informó sobre un atentado contra indígenas en Toribío y otro en Corinto, mismo municipio donde se había registrado un secuestro contra esta población.
Así se afirma desde el portal: “El norte del Cauca fue la región más letal para los liderazgos indígenas entre 2019 y marzo de 2020. En los municipios de Toribío, Caloto y Suárez se presentaron 15 hechos violentos en los que murieron 21 líderes y lideresas indígenas”.
Estigmatización, otra forma de violencia
Antes de cometerse el asesinato de Fredy Güetio Zambrano y Reina Mera, y una vez iniciada la Minga, aun cuando los motivos y exigencias de esta son amplios y atraviesan lo anteriormente escrito, fueron varios los señalamientos que se hicieron a las comunidades indígenas.
Por una parte, Álvaro Uribe había escribió en su cuenta de Twitter que el objetivo de la Minga es “la toma socialista del Estado”, mientras que el pasado fin de semana la Revista Semana afirmó que la Minga estaba infiltrada por el ELN y las disidencias de las Farc.
Esto de inmediato fue rechazado por la Minga y las distintas organizaciones que la están conformando y apoyando. La ACIN tras estos señalamientos y el asesinato de Fredy Güetio Zambrano y Reina Mera aseveró: “Este es asesinato es el número 76 de comuneros indígenas en el norte del Cauca, 6 de estos con perfil de liderazgo. No pueden seguir sembrando la muerte mientras los pueblos están movilizados en defensa de sus derechos”.
Asimismo, desde el CRIC se escribió: “Rechazamos la versión unilateral de las afirmaciones publicadas por la Revista Semana y el Periódico El tiempo SOBRE LA PRESENCIA DE INFILTRADOS DE LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC Y EL ELN EN LA MINGA DEL SUROCCIDENTE, aclaramos que nuestra Movilización no está infiltrada por actores armados, tales publicaciones obedecen a una estrategia que viene implementando el Gobierno Nacional desde la pasada invitación al debate político convocado en el año 2019, misma que se emplea este año para estigmatizar e incumplirle al país frente al debate político convocado”.
Con esto hay que resaltar el trabajo que está haciendo la Minga, que definió seguir hacia Bogotá ante la poca voluntad de Iván Duque para el diálogo.
Este ejercicio está poniendo sobre la mesa la urgencia de mirar hacia los departamentos donde habitan comunidades indígenas, que en su mayoría están siendo desplazadas, confinadas, amenazadas y asesinadas por actores armados ilegales y legales, todo esto mientras desde la institucionalidad se dice que es un “juicio” a lo que quieren someter al presidente y que es un plan orquestado supuestamente con los mismos grupos que siembran terror en los territorios; un discurso que es peligroso y que, además, es dicho mientras que los pueblos indígenas tienen que seguir poniendo vidas como las de Fredy Güetio Zambrano y Reina Mera.