Por: Juan Camilo Rodríguez Guerra. Asistente de investigación Pares
Si el Gobierno Nacional quisiera actuar frente a los riesgos que el posconflicto trae a los ecosistemas colombianos, debería estudiar las experiencias en el mundo donde la deforestación aumentó considerablemente tras la terminación de un conflicto armado.
Nepal, Sri Lanka, Costa de Marfil y Perú son países con altos niveles de biodiversidad, que tuvieron un conflicto armado activo en los últimos 20 años, en los cuales la deforestación aumentó en promedio un 68% durante el periodo de posconflicto.
Razones de la deforestación en el postconflicto
Esa fue la conclusión de un estudio de la Universidad de Vermont, Estados Unidos, que resulta pertinente ante la dramática situación de los bosques colombianos, los cuales sufrieron en 2017 la mayor deforestación de la década.
Según el estudio mencionado, la principal causa es la salida de estructuras armadas, lo cual abre una ventana de oportunidades para la apropiación de tierras y de recursos que anteriormente eran controlados ilegalmente.
Definitivamente, la poca importancia que se le da a estos territorios por parte de los Estados, incentiva que los ecosistemas sean transformados por privados, quienes omiten los servicios ambientales que los bosques proveen y se dedican a desarrollar actividades ganaderas, monocultivos o especulan con los precios que ciertas áreas tendrán en un futuro.
A la espera del reporte del IDEAM para el año 2018, todo parece indicar que la tasa de deforestación sigue en aumento: las cuatro alertas tempranas de ese año muestran la agudización del fenómeno en distintos departamentos del país. Los más preocupantes: Caquetá, Guaviare y Meta.
La depredación forestal sigue en aumento
Frente a esta problemática el presidente Duque no planea hacer mucho. Evidencia de esto es el Plan Nacional de Desarrollo, donde el gobierno se lava las manos al fijar como meta mantener la deforestación al mismo nivel del año 2017.
La gravedad de esta decisión se hace evidente en la siguiente gráfica:
En el primer año tras la firma del Acuerdo de paz con las FARC-EP fueron 219.075 las hectáreas deforestadas, cifra un 47% mayor al promedio de deforestación entre 2011 y 2016.
Esto, validado mediante imágenes satelitales que georreferencian el fenómeno, no pareció preocupar al Presidente o a su gabinete o a su partido, quienes comedidamente fijaron la meta de deforestación a que aumente en un 0%, es decir, que la misma cantidad de hectáreas sean deforestadas (PND, página 423; Pacto IV, título B. “Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación”, 3. Metas).
Otro grave problema sin la atención de este gobierno
Permitir esto cuando en Caquetá la deforestación aumentó un 127% con respecto al año anterior, en Guaviare un 233% o en Meta un 60%, es no reconocer la magnitud del problema y la amenaza constante a los ecosistemas boscosos colombianos.
Gráfica 2. Total de hectáreas deforestadas en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta entre 2011 y 2017.
A la espera de que el gobierno muestre preocupación por este panorama que pone en riesgo la biodiversidad, de la que tanto se espera para la producción nacional, el proceso de colonización de tierras no se detiene, especialmente en zonas con proyectos de vías terciarias.
El acaparamiento de tierras, la extensión de zonas ganaderas y la reconfiguración de estructuras armadas ilegales en los territorios, son una realidad que no será frenada a partir de aquella vaga idea de producir conservando y conservar produciendo.