Preocupaciones por la instalación de la Zona de Ubicación Temporal del Frente 33 del EMBF en el Catatumbo

Por: Daniel Parra y Francisco Daza

El mes de mayo inició con un anuncio trascendental por parte del presidente Gustavo Petro: la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) en la zona rural del municipio de Tibú, en la región  del Catatumbo. Esta medida, enmarcada en la Ley 2272 de 2022 que establece los lineamientos de la llamada "Paz Total", busca fortalecer el Estado social de derecho a través de la presencia institucional y la implementación de transformaciones territoriales pactadas con estructuras armadas en proceso de diálogo con el gobierno nacional.

Como antecedente inmediato, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 0448 de 2025, mediante el cual se suspenden durante un mes —hasta el 18 de mayo— todas las operaciones militares contra el EMBF. Esta medida se produce tras 18 meses de cese al fuego bilateral y tiene como propósito habilitar condiciones de seguridad y logísticas que permitan el tránsito ordenado de las estructuras que componen el EMBF hacia las ZUT, facilitando así procesos de transformación territorial, particularmente en las regiones de Caquetá y el Catatumbo. Sin embargo, la designación de Tibú como sede de una de estas zonas ha encendido las alarmas entre autoridades locales, organizaciones sociales y comunidades, debido al frágil contexto de seguridad en la región y la superposición de actores armados con una disputa armada abierta. A continuación, exponemos por qué no existen condiciones adecuadas para su implementación y los posibles efectos adversos que esto podría desencadenar en la ya compleja dinámica del conflicto en el Catatumbo.

Un enclave en disputa: riesgos geoestratégicos de la ZUT

La concertación de una ZUT en Tibú para el Frente 33 representa un riesgo geoestratégico de alto nivel. Aunque el Gobierno ha manifestado que la zona estaría protegida por la fuerza pública, la realidad es que Tibú constituye un territorio altamente disputado, donde la presencia activa del Ejército de Liberación Nacional (ELN) genera condiciones de extrema vulnerabilidad. En este contexto, la eventual concentración del Frente 33 en una ubicación fija podría representar una oportunidad para el ELN, que ha intensificado su ofensiva armada en la región, incluyendo el uso de drones con explosivos y emboscadas, para debilitar o expulsar a su contraparte del territorio.

Por otra parte, el Frente 33 ha operado históricamente en el Catatumbo, y su negativa a ser reubicado fuera de su zona de influencia demuestra la importancia estratégica de este enclave para su estructura. Esta situación anticipa una resistencia a cualquier propuesta de desplazamiento y, al mismo tiempo, eleva las tensiones con el ELN, que ha reiterado en múltiples ocasiones su intención de confrontar a este grupo armado y al Ejército Nacional hasta consolidar su control territorial. Como consecuencia, las comunidades rurales, ya afectadas por décadas de violencia, quedarían aún más expuestas al fuego cruzado, el desplazamiento forzado, las amenazas y otras violaciones de derechos humanos, profundizando la crisis humanitaria que se viene presentando desde enero de este año.

Un frágil equilibrio y el riesgo de colapso del proceso

El escenario se torna aún más preocupante ante la posibilidad de una ruptura de la mesa de diálogo entre el EMBF y el Gobierno Nacional. De suceder, los distintos frentes del Bloque Magdalena Medio permanecerían replegados en el Catatumbo —como lo autoriza el Decreto 0448—, lo que transformaría las ZUT, concebidas como espacios de tránsito hacia la paz, en enclaves de consolidación armada. Esta concentración militarizada podría desencadenar una escalada de confrontaciones con el ELN o con la fuerza pública, agudizando la violencia y debilitando gravemente el proceso de paz.

A esto se suma una preocupante ausencia de claridad en aspectos logísticos y operativos esenciales: ¿quién garantizará la protección efectiva de las zonas?, ¿qué mecanismos de verificación se implementarán?, ¿cómo se identificará a los miembros del EMBF reubicados?, ¿qué rol jugarán las autoridades locales en el proceso? Estas preguntas siguen sin respuesta y alimentan el escepticismo entre la población civil y las instituciones regionales.

Advertencias desde el territorio: voces que deben ser escuchadas

Luis Fernando Niño, Alto Consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, ha expresado con franqueza las preocupaciones que genera la instalación de la ZUT en Tibú. Si bien reconoce el potencial beneficio de reducir la violencia armada (“menos muertos y menos ataques a la población civil”), también alerta sobre los vacíos estructurales del proceso: “No sabemos quiénes serán los verificadores, quiénes los van a proteger, cuáles serán las condiciones logísticas para garantizar la seguridad”.

Niño advierte, además, sobre los posibles efectos de una reacción armada por parte del ELN ante la presencia del Frente 33 en la región. En sus palabras: “Una situación que se puede presentar es que todos los hombres armados en una zona no van a irse a luchar a otras zonas, sino que estarán todos ubicados luchando contra el ELN”. De ser así, la ZUT no sería un paso hacia la paz, sino la antesala de una intensificación del conflicto armado en el corazón del Catatumbo.

Reflexiones finales: el Catatumbo no puede ser un experimento

La instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú, sin garantías mínimas de seguridad y sin claridad institucional sobre su implementación, representa un riesgo significativo para la población civil, el gobierno nacional y el propio proceso de negociación con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). Las experiencias previas en contextos similares han demostrado que los procesos mal planificados, o llevados a cabo sin el involucramiento activo de las comunidades ni mecanismos robustos de verificación, terminan profundizando los ciclos de violencia, debilitando la confianza ciudadana y erosionando la legitimidad de las negociaciones.

En este contexto, se hace urgente una evaluación más rigurosa del terreno, así como una articulación efectiva con los actores territoriales, entre ellos los gobiernos locales, las organizaciones sociales y las comunidades del Catatumbo. Del mismo modo, es indispensable diseñar e implementar un sistema sólido de monitoreo, verificación y protección que brinde garantías reales tanto a la población como a los actores en proceso de transición.

Además, la implementación de cualquier medida de ubicación transitoria debe ir acompañada de condiciones contextuales que la habiliten, es decir, de un entorno mínimo de seguridad, confianza institucional y compromiso real con los cambios prometidos. Esto implica mostrar resultados tangibles en el territorio, que reflejen la voluntad política de avanzar hacia una paz duradera.

Hoy por hoy, esas condiciones no están dadas en el Catatumbo. La prioridad para esta región debe centrarse en reducir las acciones armadas de todos los grupos presentes, garantizar el retorno digno y seguro de las familias desplazadas, y avanzar en la consolidación de una estructura estatal integral que responda a las demandas históricas del territorio. Sin esto, cualquier intento de establecer una ZUT corre el riesgo de convertirse en un experimento fallido, con consecuencias graves e irreversibles para la paz y la seguridad en la región.