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Preocupación internacional por el secuestro de un líder social en Colombia

Por: Katerin Erazo, Periodista


Foto tomada de: El Universal


El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, Brian A. Nichols, ha expresado su profunda preocupación frente a la violencia que azota Colombia. A través de sus redes sociales, el alto funcionario denunció el secuestro del líder afrocolombiano John Jairo Jiménez Cuesta, ocurrido el 16 de enero de 2024.



Jiménez Cuesta, reconocido líder social y miembro fundador de la Coordinación Étnica Nacional de Paz (CENPAZ), fue secuestrado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras mediaba en un conflicto entre una comunidad de mineros desplazados y la guerrilla, en la zona rural del municipio de Morales, ubicado en el sur de Bolívar.


Este acto de violencia tuvo lugar justo antes del inicio del sexto ciclo de conversaciones entre el ELN y el Gobierno de Gustavo Petro, en el cual se acordó prorrogar por seis meses más el cese al fuego y renunciar a la práctica del secuestro. Sin embargo, el secuestro de Jiménez Cuesta ha desatado una ola de indignación en la región.


El subsecretario Nichols hizo un llamado urgente a los responsables del secuestro para que liberen al líder afrocolombiano y a todos los secuestrados que se encuentran en manos del ELN. Además, instó a respetar los derechos humanos como un requisito fundamental para avanzar en el proceso de paz en Colombia.


Organizaciones internacionales también han reaccionado con repudio ante este acto de violencia. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Witness For Peace, la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, entre otras, han exigido la liberación inmediata de Jiménez Cuesta y han pedido garantías para la integridad física y psicológica de todos los secuestrados.


Además, estas organizaciones han llamado tanto al ELN como al Gobierno colombiano a priorizar el caso de Jiménez Cuesta en las negociaciones de paz, recordando el compromiso de ambas partes en erradicar la práctica del secuestro.


La Defensoría del Pueblo de Colombia también ha instado al ELN a informar sobre el número de personas que tienen en su poder y ha ofrecido su colaboración para facilitar la liberación de los secuestrados. Según cifras de esta entidad, durante el 2023 se reportaron alrededor de 110 personas secuestradas en el país, y en 2024 se han registrado 12 casos, siete de los cuales ocurrieron en Arauca y se atribuyen al ELN y a facciones disidentes de las FARC.

Un informe reciente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reveló que el ELN ha llevado a cabo al menos 59 acciones violentas desde el inicio del cese al fuego en agosto de 2023, incluyendo 33 ataques directos a la población civil.


Ante este panorama, la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado urgente a todas las partes involucradas para que redoblen sus esfuerzos en busca de una paz duradera en Colombia, donde se respeten los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos.


La situación de violencia en Colombia, especialmente los secuestros perpetrados por grupos armados como el ELN, representa un obstáculo significativo para el proceso de paz en el país. El secuestro de líderes sociales como John Jairo Jiménez Cuesta no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también socava la confianza en las negociaciones de paz.


Es fundamental que todas las partes involucradas en el conflicto colombiano cumplan con sus compromisos de respetar los derechos humanos y buscar soluciones pacíficas a través del diálogo y la negociación. El secuestro y la violencia solo perpetúan el ciclo de sufrimiento y conflicto en el país, y es responsabilidad de todos trabajar juntos para poner fin a esta tragedia.


En medio de esta difícil situación, la comunidad internacional sigue comprometida a apoyar los esfuerzos de Colombia para alcanzar una paz duradera y sostenible. Es hora de que el ELN y otros grupos armados renuncien a la violencia y se comprometan sinceramente con el proceso de paz, respetando los derechos humanos y buscando soluciones pacíficas a través del diálogo y la negociación.



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