Por: Nataly Triana Guerrero Asistente de Investigación Línea de Investigación de Democracia y Gobernabilidad – Pares
El Congreso Anual Empresarial Colombiano de la ANDI generó un espacio denominado “Segmento Precandidatos ANDI”, durante el 10 al 12 de agosto, en el que 15 precandidatos presidenciales expusieron sus propuestas y/o programas en materia económica ante grupos empresariales e industriales del país. En este espacio participaron Enrique Peñalosa, Miguel Ceballos, María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Juan Carlos Echeverry, Eduardo Verano de la Rosa, Rafael Nieto, Oscar Iván Zuluaga, Roy Barreras, Sergio Fajardo, Mauricio Cárdenas, Dilian Francisca Toro, Juan Manuel Galán y Jorge Enrique Robledo.
Este encuentro fue un insumo realmente importante sobre la configuración de las cartas políticas de los distintos partidos, coaliciones y movimientos significativos que tienen interés de presentarse a las elecciones del 2022. Entre las más importantes, estuvo la declaración oficial de la precandidatura de Oscar Iván Zuluaga y, aparentemente, de la candidatura de Dilian Francisca Toro, de quien aún no hay muchas certezas.
El escenario electoral que esbozó este espacio también ha dejado en entredicho la diversidad de las precandidaturas en cuestiones de género, etnia y clase, ya que solamente había dos mujeres invitadas a este segmento, María Fernanda Cabal y Dilian Francisca Toro, quienes, además, no son reconocidas por ser mujeres comprometidas con las agendas de género que promueven distintos colectivos feministas. En esta misma lectura, ninguno de los precandidatos pertenece a la población afrodescendiente e indígena del país, lo que hace cuestionar los criterios sobre los cuales la ANDI decidió no invitar a Francia Márquez, teniendo en cuenta que las invitaciones a participar de este espacio aparentemente no giraron en torno a las encuestas de intención de voto.
A pesar de que aún es pronto para cuestionar los programas económicos de los precandidatos y precandidatas, es necesario hacer unas observaciones relevantes en torno a las intervenciones realizadas en la ANDI que hacen parte e inciden sustancialmente en la configuración del panorama político y electoral.
Modelo económico
Las diferencias del modelo económico de las distintas precandidaturas presidenciales se centran en tres puntos que son: la relación del Estado con el mercado, la descentralización del Ejecutivo y los procesos de industrialización en el país. En primer lugar, el modelo centrado en el libre mercado se encuentra representado por Enrique Peñalosa y María Fernanda Cabal, mientras que el modelo de un Estado de bienestar se encuentra en cabeza de Gustavo Petro y Roy Barreras.
Las otras personas aspirantes no se catalogan a sí mismas al interior de alguno de estos modelos de manera radical, pero sí dejan revelar sus tendencias. Entre estas se encuentra la continuidad y ampliación del programa de ingreso solidario, pero focalizado, por parte de Oscar Iván Zuluaga; y la declaración de una economía fundamentada en mantener el ingreso del sector trabajador, pero que disminuya la carga efectiva del sector empleador, por parte de Rafael Nieto.
Es importante señalar que María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga y Dilian Francisca Toro se encuentran abiertamente decididos a llevar a cabo una reforma política que reduzca el tamaño del Estado en aspectos clave como la reducción del Congreso y la preponderancia de los partidos políticos. En cuestión de la obligatoriedad de las listas cerradas, la financiación mayoritariamente pública de los partidos y la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), se encontraron a favor las personas mencionadas junto a Roy Barreras.
En relación con los procesos de descentralización, todos los precandidatos y precandidatas se pronunciaron a favor de descentralizar el Ejecutivo; sin embargo, las maneras en que esto se propone distan entre sí. Dilian Francisca Toro planteó una descentralización con autonomía y recursos propios; Federico Gutiérrez solamente señaló la necesidad la creación de un plan estratégico determinado por regiones; mientras para Eduardo Verano de la Rosa el camino es la descentralización de las oportunidades; y para Juan Carlos Echeverry, es darle centralidad a cada región de acuerdo con sus milagros económicos.
Por último, en función de la industrialización del país, todas las personas que aspiran a participar en las elecciones presidenciales se encontraron a favor de impulsar el desarrollo industrial y agropecuario. Dentro de las propuestas, con encuentros y desencuentros, están las de Jorge Enrique Robledo, Gustavo Petro y Roy Barreras, quienes coincidieron en la necesidad de un nivel de proteccionismo por parte del Estado hacia sus industrias nacionales. En los desencuentros, están los factores diferenciales entre Petro y Robledo que son: la adaptación de una reforma agraria y la implementación del modelo de sustitución de importaciones, respectivamente.
El fantasma del populismo
Las intervenciones de Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Juan Carlos Echeverry estuvieron dirigidas a asegurarle a los grupos empresariales e industriales del país que en sus modelos de gobierno no se promoverá el populismo. Aparentemente, este sector empresarial, tras el estallido social y las profundas brechas que ha revelado la pandemia de covid-19, le teme a los cambios que se puedan desarrollar si gana las elecciones el Pacto Histórico con Gustavo Petro, quien lidera la intención de voto en las distintas encuestas, incluida la más reciente de Invamer.
De acuerdo con las intervenciones, una parte de este grupo económico prevé que, tras la posible victoria de Gustavo Petro, este traerá consigo el populismo y Colombia se dirigirá a una crisis social, política y económica como la que vive Venezuela. Este análisis político demuestra que este concepto, a pesar de la ausencia de pruebas al respecto, puede ser una constante que determine el apoyo de este sector a un candidato o a una candidata en específico.
En ese sentido, en su intervención, Roy Barreras señaló que el populismo tiene lugar desde ambos espectros políticos y que se sitúa, en la derecha, en promesas políticas como la reducción de la jornada laboral, la posibilidad de una prima extra y el ofrecimiento de una estabilidad económica con un tejido social destruido.
Enfoque de género
La participación política de las mujeres ha tenido brechas importantes que aún no se traducen en el goce pleno de sus derechos. En primer lugar, por el tardío reconocimiento de la ciudadanía y, segundo, por el déficit de una representación femenina directamente relacionada a compromisos en materia de género. Las elecciones del 2022 en Colombia evidencian que estas distancias no tienden a acotarse en torno a la participación política ni, mucho menos, en lo que se refiere a aquellas mujeres que pertenecen a comunidades históricamente excluidas (entre estas las mujeres afro y las mujeres trans).
Es realmente preocupante el panorama de la representación política de las mujeres para el próximo periodo presidencial. No solamente porque en el espacio de la ANDI se contara a penas con dos precandidatas que en sus modelos económicos nunca incluyeron a la mujer como parte de la apuesta de la reactivación económica con miras a un modelo equitativo y paritario de género; sino también por los cuestionamientos que las acompañan y por la clase económica y política a la que representan.
A pesar de que es muy pronto para juzgar los programas económicos, se debe señalar que en la mayoría de las deliberaciones de precandidatas y precandidatos no se tuvo en cuenta una apuesta que involucre a esta población en una verdadera transformación de su rol en la sociedad desde la economía. Sorpresivamente, el único candidato que mencionó mayoritariamente el papel de la mujer fue Oscar Iván Zuluaga, continuando así el legado de los partidos de derecha de ser más “inclusivos” con los aspectos de género al interior de sus agendas, sin resultados o acciones reales.
En el caso de Gustavo Petro, aunque mencionó a la mujer solamente una vez, en relación con las prácticas del cuidado, su reflexión se queda corta teniendo en cuenta las bases que compusieron su electorado en 2018, es decir, movimientos y organizaciones feministas. Y se queda corto, en especial, porque este precandidato se alimenta de dichos movimientos. Un ejemplo de ello es que busca avalar a mujeres feministas para las elecciones a Congreso en 2022, como es el caso de Isabel Cristina Zuleta. Por esta razón, se esperaría que su modelo resignifique los roles y combata las desigualdades inherentes del modelo económico capitalista.
Cambio Climático
Los retos que se imponen ante la posible extinción del ser humano, tras el acelerado cambio climático y las necesidades de la reactivación económica, han suscitado una discusión en torno a la sostenibilidad ambiental de las apuestas planteadas por los distintos países.
En el caso de Colombia, de cara a las elecciones presidenciales del 2022, los precandidatos Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Roy Barreras, Eduardo Verano de la Rosa, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo hablaron respecto de la economía basada en la minería: en general, sobre el extractivismo y los compromisos que debe adquirir Colombia frente a las declaraciones dadas respecto al cambio climático en el Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas.
Las metas de los futuros Gobiernos de los distintos precandidatos son las siguientes: para Federico Gutiérrez, la clave es la reducción del 51% de emisiones de CO2 al 2030; mientras que Gustavo Petro y Roy Barreras señalaron que debe darse una transición de la economía fósil hacia la industrialización y el agro. Por otro lado, Eduardo Verano de la Rosa se centró en que debía darse cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por su parte, Sergio Fajardo formuló la necesidad de transitar a energías renovables, y Jorge Enrique Robledo abogó a favor de una minería responsable.
Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se ha establecido que las claves para reducir el cambio climático pueden ir encaminadas a la creación de un impuesto al carbono (que aumente anualmente hasta que se cumplan las metas de reducción de la emisión de CO2) y a la protección de humedales, al ser ecosistemas que pueden capturar cerca del 40% de los gases de efecto invernadero generados en el planeta. Así mismo, se plantea una mejora sobre los sistemas de ordenamiento territorial que definan claramente los usos y los espacios que se les van a dar a las distintas actividades económicas en relación con el uso del suelo.
Acuerdo de Escazú
En relación con este acuerdo, Rafael Nieto fue el único en referirse al respecto y declaró, sin reservas, que se debe evitar la aprobación de este en la nueva legislatura del Congreso. En el pasado, este abogado se ha referido a este documento como un “esperpento”. En lo cual coincide con los ataques de María Fernanda Cabal al mismo.
Conforme a las investigaciones de Pares, el Acuerdo de Escazú es un compromiso fundamental, ya que permite el acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos medioambientales y el acceso a la justicia en estos asuntos. En específico, posibilitaría a las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan espacios de interés económico tener la posibilidad de contar con asistencia para desarrollar sus peticiones en estos temas y, en particular, cambiar las dinámicas y ser poblaciones que pasan de ser consultadas a ser consensuadas.
En la actualidad, a pesar de haber sido ratificado por Iván Duque, este Acuerdo no ha sido aprobado por el Congreso de la República tras suscitar en senadores y senadoras, como María Fernanda Cabal, el fantasma del comunismo y del ya mencionado populismo. En su intervención, Nieto no explicó los argumentos por los cuales se debía declinar la aprobación de este documento y tampoco presentó sus apuestas en materia de sostenibilidad en caso de quedar elegido como presidente de la República.