Por: Laura Cano, Periodista Pares.
En medio de la pandemia se han hecho más visibles las razones por las cuales el acceso a la vivienda digna no debería dejar de ser un tema trasversal en las agendas políticas y en la discusión nacional. Justo, en relación con esto, un mes después de iniciado el aislamiento preventivo obligatorio, el DANE informó la situación registrada en el 2018 sobre las condiciones de los hogares de los casi 50 millones de personas que habitan en Colombia; de este total, 18.2 millones no contaban con vivienda digna.
Hay que mencionar que en medio de la pandemia se han registrado desalojos y destrucción de viviendas en zonas como Altos de la Estancia (Bogotá), La Viga (Cali) y Siloé (Cali) , en donde a través de la violencia física y simbólica se ha pretendido atender primero la protección a la propiedad privada y/o al orden citadino, que a las personas que desde las periferias de las ciudades han exigido atención sobre la imposibilidad de acceso a vivienda que ha llevado, por ejemplo, a que se registren cerca de 20.000 asentamientos ilegales.
Trasladando esto a un contexto más reciente, se informó que a causa de las afectaciones sociales y económicas que ha acentuado la pandemia, cerca de 800 personas se quedaron sin poder solventar gastos para el acceso a vivienda, en la mayoría de los casos correspondientes al pago de arriendos. Situación que desató que, en un lote privado ubicado en Ciudadela Sucre, Soacha, se ubicaran estas familias con el fin de hacerle frente a la necesidad de tener un lugar el cual habitar.
Invasión, una acción ante la desatención
Según el Informe Déficit de vivienda urbana en Bogotá y Cundinamarca, publicado y realizado por la Alcaldía de Bogotá en 2017, se asevera que en cuanto al estudio de precariedad: “El caso más crítico en términos absolutos es Soacha, por ser el municipio de la región metropolitana de Bogotá que muestra la mayor cantidad de hogares en déficit de vivienda (24.134)”. A partir del mismo documento se informa que el déficit en términos cuantitativos en el municipio está presente en 15.431 hogares, mientras que el cualitativo en 8.703.
Vale la pena señalar que las problemáticas cuantitativas se determinan por los materiales con los que están construidas las viviendas, las cuales en la mayoría de los casos son inestables como: tejas, plásticos o madera, además presentan situaciones de hacinamiento no mitigables, determinadas por contextos en donde en una vivienda se hospedan más de cuatro familias o más de tres personas por habitación, e igualmente porque en estos espacios también se realizan otras actividades, por ejemplo, culinarias, es decir, en una misma zona se duerme y se cocina.
Por otro lado, el déficit de vivienda cualitativo se establece cuando en los hogares no hay condiciones adecuadas de habitabilidad; no han sido instalados servicios públicos, alcantarillado o en su estructura hay dificultades directamente en el suelo en los que fueron construidos, sin embargo, en estos casos las viviendas pueden ser objeto de ajustes o intervenciones para mejoras.
Así, es necesario no alejar este panorama de lo que hoy sucede en Soacha, que además fue una de las zonas con más impacto a causa de los trapos rojos que se izaron una vez declarado el aislamiento, pues además de iniciarse allí este acto simbólico, también resaltó que el hambre, y las necesidades económicas han venido dejando a los habitantes de este municipio en un constante escenario de vulnerabilidad.
“Si nos sacan de estas casas, ¿cómo vamos a proteger a nuestros hijos? Somos madres cabeza de familia, no tenemos trabajo fijo, y nos ha tocado conseguir lo del día a día, ¿y si conseguimos apenas lo de la comida cómo vamos a conseguir lo de un arriendo? Necesitamos entonces otras opciones”. Lo anterior es parte de las exigencias de las cerca de 800 personas (300 familias) que llegaron a un lote ubicado en la zona de Ciudadela Sucre en Soacha como una solución a la falta de vivienda.
Allí, la zona fue parcelada entre las familias y posteriormente instalaron ‘cambuches’ y carpas en las que han pasado los últimos días. Además, dada la situación y teniendo en cuenta el creciente problema que por años les ha costado a los barrios con los llamados ‘tierreros’, han propuesto que el dueño o dueña del predio pueda mediar con la gente para que se llegue a un acuerdo económico, de construcción y habitacional.
Por otro lado, y como respuesta a lo expuesto anteriormente, las personas que allí se encuentran han asegurado que no se irán del lote hasta que tengan por parte del Gobierno Nacional o de los dirigentes locales planes o respuestas para que se les garantice el acceso a vivienda digna, apelando a las necesidades expuestas y al contexto en el que ha estado el municipio durante años.
Adicionalmente, se ha informado que al lugar ha llegado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Metropolitana del municipio, sin embargo, también se solicita veeduría de otras entidades que salvaguarden que un posible desalojo no se haga por vías violentas, como ha ocurrido en los más recientes hechos, donde ha sido el ESMAD el organismo que ha actuado abusando de su fuerza, y dejando, bajo el argumento de protección a la propiedad, personas afectadas física, psicológica, y patrimonialmente.