• Redacción Pares

Por un mandato popular de paz

Por: Paola Perdomo, Investigadora Nacional

Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos


Recientemente se ha hecho referencia de manera reiterada a la participación de la sociedad civil en el actual escenario de diálogo de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN, pero poco ha quedado sobre la mesa acerca de las claves de esta participación. Es claro hasta ahora que existe una lectura y voluntad compartida de ambas partes respecto a que la sociedad civil participe de manera activa en dicho proceso de paz. Por un lado, el gobierno de Gustavo Petro ha apostado por una propuesta de Paz Total en la que el diálogo social y las visiones de los territorios son bandera de la política de paz. Por el otro, el ELN ha reiterado la necesidad de avanzar en la participación de la sociedad civil y las garantías de la democracia como asunto primordial para superar el conflicto armado. Por supuesto, también está la postura de un sector de la población civil que demanda el impulso de agendas territoriales y diálogos vinculantes como asuntos indispensables en los futuros acuerdos que se firmen entre ambos actores.

Sin embargo, son varios los elementos, desafíos y aprendizajes que se deben tener en cuenta en este escenario de participación. En primer lugar, por qué es clave y desde qué sectores debe ser liderado. Los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN son una ventana de oportunidad para promover y generar un gran diálogo nacional, no solo alrededor de este proceso con el ELN, sino ampliamente alrededor de la paz a lo largo del país. Esto requiere una participación activa de diversos sectores sociales, primordialmente de mujeres, víctimas del conflicto armado, jóvenes, población diversa, comunidades indígenas y afrodescendientes que históricamente ha cargado lo más fuertes flagelos de la violencia.

En segundo lugar, es urgente que la sociedad civil tenga un lugar preponderante en las reflexiones, las exigencias y los avances en materia de cese al fuego. En este sentido, como principal sujeto de las afectaciones a derechos humanos derivadas de la violencia armada, es necesario que la población civil encabece la demanda de un cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y el ELN, pero también de un desescalamiento de la violencia generada por las distintas disputas entre actores armados ilegales que constituyen las principales fuentes de violencia y crisis humanitaria a nivel territorial en el país. Su lectura, experiencia y voz en este aspecto son fundamentales para comprender y abordar la complejidad de lo que implica dilatar o avanzar en un cese al fuego entre actores generadores de violencia en el marco del camino a la paz.

En tercer lugar, hay volver la mirada al proceso de paz adelantado entre el Gobierno Nacional y las FARC para recoger los aprendizajes de la experiencia relacionada con la participación de la población civil en dicho contexto. Aunque diferente al proceso actual con el ELN, tiene elementos claves a retomar y repensar, tales como la necesidad de diseñar participativamente medidas de protección y autoprotección que permitan mitigar los riesgos que implica que la sociedad civil participe en un proceso de paz en medio de un escenario de guerra. Adicionalmente, es necesario no perder de vista e insistir en el lugar de la sociedad civil en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en La Habana en 2016, entre otras cosas, como garantía de los acuerdos a los que se puedan allegar entre el ELN y el Gobierno Nacional en este nuevo proceso.

Igualmente es importante recoger otros aprendizajes respecto a los avances alcanzados durante el diálogo entre el ELN y el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se realizaron audiencias de preparación y se conformaron varias mesas de participación de sociedad civil, consiguiendo avanzar en un modelo de “Participación de la Sociedad en la Construcción de la Paz”, primer punto de la agenda de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional, que contempla un ejercicio dinámico, incluyente y pluralista de participación que recoge una visión común de paz. Estos avances son clave para retomar y seguir avanzando en una metodología de diálogo.

De esta manera, más allá de la participación que la sociedad civil actualmente está adelantando en el marco de los diálogos regionales del Plan Nacional de Desarrollo, esta debe desplegarse a un diálogo amplio sobre y para la paz, la reconciliación, convivencia y no estigmatización, a partir de las ventanas de oportunidad que representan los diálogos con el ELN, además de la existencia y funcionamiento de valiosas instancias en esta materia, tales como los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia. Estos están conformados, a nivel nacional, departamental y municipal, con una amplia participación de sociedad civil organizada, volcada a aportar y a asesorar a los gobiernos en materia de construcción de paz.

Desde allí, en cabeza del Consejo Nacional de Paz, se consiguió decretar hace apenas dos meses una Política Pública de Paz, Reconciliación y Convivencia. Un hito para la paz que no ha conseguido mayor visibilidad y relevancia entre la opinión pública desde que salió a la luz porque, como parte de los desafíos por fortalecer los procesos de participación de la ciudadanía, los Consejos de Paz presentan aún importantes vacíos que limitan el alcance que podría tener dicha contribución, teniendo como consecuencia que la participación de la sociedad civil siga estando al margen de una agenda de paz nacional. Por ello, la coyuntura actual de la reactivación de los diálogos con el ELN y su ímpetu en la voz y participación de la población civil en la construcción de paz es una importante oportunidad para seguir avanzando en la superación de dichos obstáculos.

En las próximas semanas, desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) estaremos haciendo la publicación de dos importantes informes sobre los asuntos acá abordados. Por un lado, un reporte sobre los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro y su política de Paz Total, dentro de la que tienen lugar los actuales diálogos con el ELN. Por otro lado, un informe sobre el estado, el funcionamiento y los desafíos de los Consejos de Paz en Colombia y la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización.