¿Por qué las Madres de Soacha desconfían de la llegada de sus casos a la JEP?

Por: Juanita Sánchez Alayón, Línea Conflicto, Paz y Postconflicto



El 10 de agosto se llevó a cabo la primera audiencia del caso 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre las ejecuciones extrajudiciales de Julio César Mesa Vargas, Jader Andrés Palacios Bustamante, Víctor Fernando Gómez Borrero, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Diego Alberto Tamayo Garcerá y 14 hombres más que habitaban en el municipio de Soacha y fueron presentados hace diez años como guerrilleros muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander.

Los hechos ocurridos en 2008 hicieron parte de una práctica ilegal que involucró a miembros de la fuerza pública bajo la idea de mostrar resultados efectivos en la confrontación con la guerrilla. Los casos son mal llamados ‘falsos positivos’ y hacen referencia a miles de civiles inocentes que fueron asesinados y posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Seis años después, en el 2014, la Fiscalía reconoció haber recibido 4.716 denuncias de asesinatos por parte de agentes pertenecientes de la Fuerza Pública, de los cuales 3.925 correspondían a ‘falsos positivos’. Este año, Omar Eduardo Rojas, oficial retirado de la Policía, afirmó que la cifra podría llegar a 10.000 casos.

En el caso de estos cinco jóvenes de Soacha, la JEP citó a 14 militares que habían solicitado ser acogidos en el tribunal especial en el mes de febrero y cuya petición fue aceptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas; los cuales son: mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa, sargento Medardo Ríos Díaz, coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, cabo Richard Armando Jojoa Bastidas y los soldados profesionales Mauricio Cuniche Delgadillo, Jhon Anderson Díaz Ortega, Ricardo Eliud González Gómez, Ferney Grijalba Flor, Eider Andrés Guerrero Andrade, Geiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Luis Alirio López, Nixon Arturo Cubides y José Adolfo Fernández Ramírez.