¿Por qué la Corte Suprema de Justicia decidió asegurar a Uribe?

Por: León Valencia, director – Pares


Hay un gran revuelo en Colombia. Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente y quizá el más hábil y el más popular de los políticos colombianos en los últimos cincuenta años, estará desde hoy en prisión domiciliaria mientras se desarrolla el juicio que por soborno y fraude procesal le adelanta la Corte Suprema de Justicia.


Para sus partidarios, entre los cuales se encuentra el hoy presidente del país Iván Duque, es algo inaudito. Pero en realidad tiene toda la lógica jurídica del mundo. Los indicios de que el expresidente tiene responsabilidad en la presión y en el soborno a testigos, son bastante notorios.

Los paramilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve sostienen con pruebas a la mano que los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, actuando en nombre de Álvaro Uribe, los contactaron para que declararán en favor del expresidente a cambio de favores y dinero. Querían, además que sirvieran de testigos contra el senador Iván Cepeda y dijeran que Cepeda los había buscado para acusar falsamente a Uribe. Los abogados, también procesados, no han podido eludir en los tribunales la acusación de que entregaron importantes sumas de dinero y ofrecieron ayudas a estos testigos.


La historia es bastante larga. Juan Guillermo Monsalve es un campesino que nació y se crio en la finca Guacharacas, propiedad de Alberto Uribe Sierra, padre de Uribe. Monsalve creció y se vinculó a los paramilitares. Conocía muchos secretos de la familia Uribe.


En algún momento Monsalve, quizá porque el expresidente le dio la espalda al acuerdo de desmovilización y desarme que había pactado con los paramilitares y extraditó a sus jefes, o no se sabe porqué otra razón, empezó a dar testimonios contra Uribe señalándolo de contribuir a fundar el Bloque Metro de los paramilitares que operaban en Medellín y en la región antioqueña.


Uribe en un primer momento intentó una conciliación con Monsalve mediante mensajeros. El ladino paramilitar no cedió a estas propuestas y persistió en sus denuncias. Posteriormente Monsalve ya preso empezó a recibir graves atentados contra su vida de los cuales se salvó a punta de astucia. Culpa a Uribe de estas acciones. De ahí nació una feroz enemistad. Ahora Vélez y Monsalve están en sociedad para buscar la condena de Uribe y no cejarán en ese empeño.


La Corte Suprema no tenía otro camino que llamar a juicio a Uribe y al mismo tiempo ordenar la prisión domiciliaria. Como la esencia de los delitos de que se lo acusa es la obstrucción a la justicia, la indicación es que tiene la voluntad y la posibilidad de influir o poner trabas al libre ejercicio de los investigadores y los jueces. Para evitar esto ordena su reclusión.


Ahora bien, la prisión domiciliaria es una decisión dura, pero simbólica. La Corte Suprema tuvo en cuenta la representación y la influencia de Uribe, las dignidades que ha ocupado, y se decidió por una reclusión que en estos tiempos de pandemia no hace muchas diferencias con lo que vive el resto de los colombianos.


Lo que sigue no es fácil. Las presiones sobre la Corte aumentarán. Hoy mismo una senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, ha insinuado que las Fuerzas Militares deberían actuar para defender al expresidente, es desde luego un exabrupto, pero no se puede subestimar. La batalla jurídica será también muy dura. Los abogados que defienden a Uribe son muy poderosos.

Pero hay una cosa que los partidarios del presidente Uribe no tienen en cuenta. Estamos en el siglo de los jueces. Las cortes tienen una enorme influencia y poder en el mundo de hoy. Enfrentarse a ellas tiene unos costos enormes. Mucho más si las pruebas son consistentes como parecen serlo las que implican al expresidente Uribe.