Por: Olga Portilla Dorado Investigadora Oficina Pares - Pacífico
Un informe producido por la Agencia Católica de Cooperación Internacional (CAFOD), cofinanciado por la Unión Europea, el CINEP y algunas ONG colombianas, titulado “Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica”, publicado el pasado jueves 21 de octubre, reveló detalles de la situación de defensoras indígenas en el Norte del Cauca y de cómo la violencia contra ellas ha incrementado en los últimos tres años.
El norte del Cauca ha sido un territorio de disputa por el uso y tenencia de la tierra, viviendo conflictos a lo largo de su historia con diferentes actores, tanto legales como ilegales, que hacen presencia en esta zona del departamento.
Actualmente, la preocupación que viven estas comunidades es por la “militarización de la vida cotidiana, creciente participación del crimen organizado y el crecimiento exponencial de asesinatos de mujeres líderes y defensoras”. Así lo revela el informe recientemente publicado, donde se presenta un completo análisis sobre la situación que viven líderes, lideresas y personas defensoras de la tierra y el medioambiente en seis países latinoamericanos.
Dicho informe tiene como base una investigación realizada entre 2019 y 2021 sobre las tendencias actuales de abusos de derechos humanos y medioambientales a los que se enfrentan personas líderes y defensoras de derechos humanos en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Guatemala y Honduras, detallando los desafíos y las amenazas a las que se enfrentan en cada país, y haciendo hincapié en los vínculos de estas con el comportamiento de las corporaciones y el impacto de la pandemia de coronavirus.
“La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las grandes desigualdades en la región y ha elevado los niveles de amenazas y ataques contra las y los DDH [defensores y defensoras de derechos humanos] de la tierra y del medioambiente y sus comunidades. Gran parte de esto está intrínsecamente ligado al acceso y control de las tierras y los territorios. En un contexto de presencia estatal limitada, de asimetrías de poder gigantescas entre las empresas, el Estado y las comunidades locales, y de impunidad generalizada, los y las DDH muchas veces no tienen a quién acudir para conseguir protección”, señala el documento.
Además, agrega que los problemas que viven estas personas líderes no son aislados, sino que hay un patrón de abusos en toda la región, afectando a grupos que ya estaban subrepresentados, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como a las mujeres, en su mayoría.
“La decisión de las mujeres es formarnos, participar y defender nuestros cuerpos y territorios”
Según cifras del Observatorio de Violencias y Derechos Humanos del Tejido Mujer de la Çxhab Wala Kiwe (que hace parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca - ACIN), durante el 2020 se identificaron ocho (8) casos de agresiones contra lideresas indígenas: dos (2) en el municipio de Páez, dos (2) en Caloto, uno (1) en Toribío, uno (1) en Totoró, uno (1) en Corinto y uno (1) en Bellavista, Putumayo. De estos casos, cinco (5) son asesinatos: dos (2) en el marco del conflicto armado y tres (3) por el conflicto social (violencia causada al interior del hogar o en entornos cercanos). Hubo tres (3) feminicidios a manos de parejas y exparejas de las víctimas, y dos (2) homicidios por razones políticas, los cuales tienen por responsable a la guerrilla y a un grupo armado no identificado.
De igual forma, es imposible olvidar a las lideresas asesinadas entre 2019 y 2021. Cristina Bautista Taquinás, autoridad del cabildo de Tacueyó (Toribío, Cauca), fue asesinada el 29 de octubre de 2019, luego de estar en un ejercicio de control territorial con otros integrantes de la guardia indígena. Crimen atribuido a la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, disidencia de las FARC.
El pasado 20 de abril de 2021 fue asesinada Sandra Liliana Peña Chocué, gobernadora del resguardo indígena la Laguna-Siberia, territorio Sath Tama Kiwe, en el municipio de Caldono. Sandra había manifestado, en reiteradas ocasiones, su oposición al uso de los territorios ancestrales para la siembra de cultivos ilícitos. Dos meses más tarde, la comunidad nasa del municipio de Corinto despidió a Argenis Yatacué, profesora y Sa’t We’sx (autoridad tradicional) en este territorio. Ella fue asesinada el 9 de junio mientras se desplazaba en una moto desde la zona rural hasta el casco urbano de Corinto.
Aunque Beatriz Cano Uribe no era indígena, desde hace varios años residía en territorio nasa y hacía parte del Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), donde lideraba procesos comunicativos de la organización. Ella, su hija y otros compañeros indígenas quedaron en medio del fuego cruzado entre grupos armados ilegales que recorrían el municipio de Santander de Quilichao. En esos hechos, Beatriz perdió la vida.
Como bien lo relata el informe, son muchos los casos de amenazas contra defensoras y lideresas del proceso organizativo, social y político de estas comunidades, y preocupa considerablemente que, de cuatro (4) atentados contra personas defensoras, tres (3) iban dirigidos contra mujeres.
“Creemos firmemente que esta situación atenta contra la emergencia del liderazgo de las mujeres, no es casualidad, es una acción deliberada. Las mujeres, pareciera, somos un obstáculo a eliminar para grupos que actúan por encargo y en defensa de intereses económicos ligados al control del territorio para los negocios del narcotráfico, la expansión de megaproyetos agroindustriales y la minería”, expresan las lideresas de la Acin.
Las cifras de violencia sexual contra las mujeres indígenas son alarmantes
Además de las violencias que atentan contra la vida de las mujeres indígenas del norte del Cauca, también hay unas alarmantes cifras sobre violencias sexuales cometidas contra ellas.
En el marco de la XVI Asamblea Zonal de Mujeres de la Çxhab Wala Kiwe, el Tejido de Mujer presenta su informe sobre la situación de violencia sexual contra mujeres indígenas entre el 2015 y 2019, periodo durante el cual se documentaron 350 casos (320 relacionados con el conflicto social y 30 asociados al conflicto armado) que dan cuenta de la gravedad de esta problemática que impacta física, emocional y espiritualmente la vida de las víctimas.
De esos casos, 121 se cometieron contra mujeres entre los 0 y los 18 años de edad. Y respecto a estas afectaciones contra niñas y adolescentes, desde el Observatorio se señala que “la situación suele enmarcarse en difíciles contextos de abandono familiar que las hacen más vulnerables a situaciones de manipulación, control y agresión sexual. En algunos casos, los testimonios y denuncias de las menores se enfrentan a la poca credibilidad por parte de quienes se hacen cargo de su cuidado. Las niñas son tildadas de mentirosas, y en ocasiones se ven obligadas a encarar a sus agresores, quienes incrementan el nivel de violencia luego de que la niña decidiera contar lo sucedido. Cuando la agresión sexual se presenta en edades tempranas, las mujeres suelen abandonar sus procesos de escolarización por temor, vergüenza y desestabilidad emocional. En algunos casos, las menores dependen directamente de sus agresores para el sustento económico. Y se conocen casos de incesto y violencia sexual causada por padres, abuelos, tíos y responsables del cuidado de las menores, lo que recrudece el círculo de vulnerabilidades”.
Y es que, según las estadísticas reveladas, en 87 casos el agresor fue un familiar, en 83 un vecino o amigo, en 82 las parejas de estas mujeres y en 48 hechos no existía ninguna relación previa con esta persona. Esto significa que en 252 casos (el 72% de los registros), el agresor compartía algún vínculo con las mujeres indígenas victimizadas.
“Esta situación nos alerta sobre una grave y sistemática desarmonía que se vive al interior de nuestros hogares, espacio que se convierte para muchas en un entorno de riesgo”, afirman desde el Tejido Mujer.
En los otros casos reportados por este Observatorio, donde las víctimas son mujeres adultas y mayores, llama la atención que gran parte de mujeres mayores víctimas de violencia sexual, lo fueron cuando eran jóvenes y adolescentes. Incluso, hay un caso de una mujer que, además de haber sido violentada sexualmente a los 14 años, también es víctima del conflicto armado, ya que dos de sus hijos fueron reclutados por actores armados, situación que la hizo desplazarse de su territorio.
Como es evidente, las violencias no solo están asociadas al conflicto armado que hay en los territorios donde habitan estas mujeres, sino también a escenarios de riesgo al interior de sus hogares, mostrando un panorama poco alentador para desarrollar sus vidas como mujeres, madres, hijas, esposas, lideresas, autoridades, entre otras.
Para ellas, asumir el liderazgo es cada vez más riesgoso. Defender la implementación de los acuerdos, exigir la desmilitarización del territorio, cuidar la Uma Kiwe (Madre Tierra) ante la amenaza de la implementación de proyectos extractivos, la expansión de la agroindustria y los cultivos de uso ilícito; así como exigir igualdad y reconocimiento a los derechos de las mujeres, y crear procesos que fortalezcan política y culturalmente a sus comunidades son acciones que parecieran amenazar los intereses de unos cuantos que las ven como un obstáculo para el avance de políticas de muerte que contaminan el agua y la tierra, y exterminan la vida.
Frente a las otras violencias, estas mujeres reclaman “la urgencia de avanzar en la adopción y cumplimiento de medidas que garanticen el ejercicio de nuestros derechos. Es momento de rechazar con más fuerza que nunca, todas las violencias que han atravesado nuestros cuerpos”.
Estrategias de protección
En el informe “Proteger Nuestra Casa Común: defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica”, también se visibiliza cómo, ante la falta de garantías por parte de los Estados y las empresas, y a pesar de este ambiente cada vez más hostil, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, junto a sus comunidades, vienen desarrollando importantes acciones de resistencia y protección contra estos ataques. En Colombia, se destacan diferentes estrategias como la organización comunitaria, la movilización social, las acciones articuladas y de autoprotección, el litigio estratégico, y la denuncia e incidencia.
En Cauca, en el pasado mes de julio, las mujeres indígenas del Tejido Mujer de la Cxhab Wala Kiwe, en audiencia pública con la relatora Especial de Defensores, Mary Lawlor, presentaron la situación de defensoras del territorio y de los derechos humanos. Lawlor mostró interés por hacer seguimiento a los casos denunciados y elevar una comunicación al Gobierno colombiano exigiendo esclarecimiento y justicia para las lideresas asesinadas y sus familias afectadas.
La realidad es que hoy no solo se convive con la ausencia de las cuatro mujeres que lucharon por la defensa del territorio caucano, sino también con el silencio del Estado que no realiza una efectiva investigación y esclarecimiento de estos asesinatos; también se sufre el poco interés de las autoridades locales y zonales por la implementación y cumplimiento de la Legislación Propia de Violencia sexual en los procesos de prevención, atención y sanción a casos de violencia sexual dentro de los territorios.
“Soñábamos e idealizábamos, como mujeres nasa, que con la firma de los acuerdos esto iba a mejorar, íbamos a poder trabajar nuestras huertas, pero esto no ha sucedido, ha cambiado es la forma de operar la guerra en estos territorios, ahora vemos más militarización de actores legales e ilegales que disputan el control territorial, hay más reclutamiento de jóvenes y niñas, y hay incremento en los cultivos de uso ilícito; y nosotros como pueblo nasa, como guardia estamos en el centro haciendo resistencia”, señala una lideresa de la Acin.
Nota: Para el momento de cierre de esta publicación, se ha conocido que Nazaria Calambás Tunubalá, comunera indígena del pueblo Misak, resultó asesinada en zona rural del municipio de Morales, Cauca. Calambás Tunubalá fue alcaldesa de la zona tres del resguardo Misak Piscitau en el año 2013. Este hecho pone de manifiesto, una vez más, la situación de riesgo diferencial que viven las lideresas y defensoras indígenas en Colombia, quienes ven amenazadas sus vidas y las causas que defienden debido al papel que asumen como defensoras de sus tradiciones, su memoria histórica y del medio ambiente.