Por. Laura Cano. Periodista Pares.
Fotografía: Universidad Distrital.
El 28 de septiembre se conmemora el día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, en Colombia con motivo a este día se realizaron varios ‘pañuelazos’ y plantones, tal fue el caso de zonas como Bogotá, Pereira, Mocoa, Cúcuta, Chiquinquirá, Tunja, Medellín y Rionegro, donde se sintió que la lucha por el derecho al aborto sigue incesante.
¿Por qué? En Colombia desde el 2006 a través de la Sentencia C-355 se despenalizó el aborto cuando este es motivado por tres causales: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, categorizándose así como Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
No obstante, desde entidades como Profamilia y organizaciones como la Mesa por la Vida, se ha alertado que incluso las mujeres en Colombia que buscan acceder a la IVE dentro de las tres causales enfrentan barreras que ponen en riesgo su salud y su vida. Sumado a esto, hay que señalar, que en Colombia se realizan poco menos de 17.000 abortos legales al año, según cifras de Profamilia, mientras que, al menos, 400.000 se realizan de forma ilegal, siguiendo los datos del Instituto Guttmacher.
Un vistazo de lo que pasa en Colombia
En el país hay por lo menos 10 estándares normativos que buscan proteger el aborto inscribiéndolo dentro de los derechos reproductivos, que a su vez son reconocidos como derechos humanos, estos son: C-355 de 2006, T-636 de 2007, T-585 de 2010, T-841 de 2011, T-627 de 2012, C-754 de 2015, T-301 de 2016, T-697 de 2016, C-327 de 2016 y SU-096 de 2018.
Estos, entre otras cosas, plantean la obligación del Estado de suministrar información oportuna, suficiente y adecuada, también de garantizar la IVE en todo el territorio, en todos los niveles de complejidad y en cualquier etapa del embarazo; adicionalmente, establece la obligación de proteger el derecho a la intimidad y confidencialidad de las niñas y mujeres, además, de decidir libremente. Asimismo, prohíben las dilaciones injustificadas y se exige si los/as profesionales de la salud se eximen de practicar la IVE por motivos de conciencia se garantice la prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad.
No obstante, y a pesar de estos pasos que se han dado, la práctica del aborto sigue siendo criminalizada, incluso cuando se cumple con alguna de las causales que actualmente ampara la Sentencia C-355, y, adicionalmente, cuando las mujeres deben someterse a abortos clandestinos e inseguros ante la falta de despenalización total del aborto.
Con esto vale la pena mencionar que según la Organización Mundial de Salud anualmente cerca de 67.000 mujeres mueren a causa de abortos mal realizados, lo que corresponde al 13% de la tasa de mortalidad materna.
“Hay que apostarle al aborto seguro y gratuito y también, en el marco de la legalidad, hay que apostarle a la despenalización total del aborto en el Código Penal, esto porque abortar es un privilegio de clase y por ende muchas mujeres siguen muriendo en la clandestinidad”, opinó Laura Páez, una de las mujeres que hizo parte del plantón en el Parque de los Periodistas de Bogotá el #28S.
Bajo este contexto se pueden nombrar varias cosas. Por un lado, la ausencia institucional y de información sobre la IVE en lugares alejados de los centros urbanos o cabeceras municipales, a lo que se le suma que, aunque la Resolución 3353 del Ministerio de Educación Nacional establece la obligatoriedad de la educación sexual en todas las Instituciones Educativas de carácter público en el país, creándose la base de lo que sería el Proyecto Nacional de Educación Sexual (PNES), esta ha sido deficiente, incompleta e ineficaz: la asignatura se imparte sin articulación a los programas curriculares, sin horarios o franjas específicas, y cayendo en un discurso simplista en el que las temáticas giran alrededor de la reproducción.
Esto termina viéndose reflejado, por una parte, en que, por ejemplo, según el Instituto Guttmacher, solo entre el 1 y el 9% de los abortos practicados en el 2011 se hicieron dentro del sistema de salud y en las principales ciudades del país. Adicionalmente, estudios sobre embarazos adolescentes realizados por entidades como el Ministerio de Salud, Profamilia y PLAN, indicaron que en 2018 la tasa de embarazos de mujeres entre los 13 y 19 años en el país era del 13,8%; esta cifra aumenta hasta un 18.6% en las zonas rurales.
Las mujeres migrantes, otro foco de riesgo
Hay que señalar que en esta crítica situación también se encuentran las migrantes venezolanas, quienes, según lo evidenció el informe “Migrantes venezolanas en Colombia: barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, en alianza con la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, y con la colaboración de Médicos del Mundo, que: “las migrantes venezolanas no solo enfrentaron las mismas barreras de acceso que las mujeres colombianas cuando buscaron acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que estas barreras tuvieron particularidades debido a su situación migratoria”.
Estas barreras se evidencian en que, por ejemplo, estas mujeres no acuden a la red hospitalaria, aun estando en las tres causales, temiendo consecuencias como la criminalización o la deportación, lo que hace que la única opción sean los abortos inseguros y las maternidades forzadas.
A esto se suma un desconocimiento intencionado o no de las entidades prestadoras del servicio de salud sobre la instrucción dada por la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud para que la población migrante sea atendida por urgencias, ordenamiento que incluye la atención del embarazo, incluido el servicio de IVE, lo que provoca que cuando las mujeres asisten a centros hospitalarios se les sea negada la atención o se les sean exigidos documentos como el Permiso Especial de Permanencia o el Salvoconducto.
Adicionalmente desde la Mesa por la Vida se indicaron que existen “otras fallas asociadas a la prestación de servicios de salud es que las IPS no cuentan con protocolos o rutas de atención para las migrantes en condición de permanencia irregular. En efecto, son víctimas de malos tratos, violencia obstétrica, se les niega el suministro de medicamentos para el dolor, se les vulnera su derecho a la intimidad y se les discrimina debido a su nacionalidad. Por otra parte, se presentan fallas en el proceso de interposición de la denuncia por violencia sexual lo que implica una barrera para acceder a la IVE por esta causal. La denuncia no es recibida por las autoridades colombianas cuando los hechos no ocurrieron en territorio colombiano”.
Criminalizar para incentivar el aborto clandestino
En Colombia existe el articulo 122 del Código Penal, el cual establece que: “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la conducta prevista en el inciso anterior”.
Tras esto y siguiendo toda la lucha que se ha dado en el país por la despenalización total del aborto, el miércoles 16 de septiembre, el movimiento Causa Justa, que reúne a 134 activistas y 91 organizaciones, interpuso una demanda conjunta ante la Corte Constitucional en la que se instaba a que este artículo sea eliminado, entre otras cosas, porque más allá de desincentivar la práctica lo que hace es fomentar el aborto clandestino, y con eso poner en peligro la vida de las mujeres y estigmatizar a los/as médicos/as que lo realizan.
Según se expresó desde Causa Justa este artículo: “(…) es ineficiente, injusto con las mujeres y vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y, sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres”.
Así, hay que mencionar que, siguiendo datos de la Fiscalía General de la Nación, hasta el 2019 había 5.833 denuncias por aborto, y de estas 4.834 son casos activos que siguen en alguna etapa del proceso penal.
Además, siguiendo lo expuesto anteriormente, el 97% de las denunciadas interpuestas entre 2010 y 2017 se hicieron contra mujeres que viven en zonas rurales, mientras que el 2% correspondía a mujeres que habitan áreas urbanas. Lo que demuestra, además, cómo la estigmatización está atravesada también por la ausencia de instituciones que informen sobre el derecho a la IVE.
Por otra parte, del total de denuncias presentadas a 2019 en la Fiscalía, el 73% habían sido presentadas por personal médico, lo que de nuevo pone sobre la mesa la urgencia de que se cumpla el derecho a la intimidad y confidencialidad, pues muchas mujeres dejan de asistir a centros hospitalarios por la tendencia a la vulneración de este derecho y deber, pero también evidencia la carga psicológica, emocional y laboral a la que son expuestos/as quienes realizan estos procedimientos, pues incluso en el ámbito médico el estigma sigue siendo una constante.
A esto se suma que, aun cuando está legalmente establecido que cuando se mantiene una relación sexual con una persona menor de 14 años se incurre en abuso sexual, lo que establece una causal para practicar una IVE, hay siete casos de niñas menores de catorce años que han sido judicializadas por abortar, entre ellas tres de 10 y 11 años.
Con todo esto hay que señalar, por una parte, que los abortos son una realidad y se seguirán realizando, pero es necesario que el Estado garantice que esta práctica se pueda hacer de forma legal, segura, libre y gratuita, pues si esto no pasa las mujeres seguirán acudiendo a la clandestinidad, a estar bajo el riesgo de acceder a fármacos falsificados, o que por la falta de acompañamiento consuman dosis no adecuadas.
Asimismo, esto muestra la necesidad que las mujeres cada #28S y cada día sigan en la lucha por el aborto, para que más mujeres no vayan a la cárcel por decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, también para que no se pierdan más vidas por procedimientos mal realizados. A su vez, para que la Corte Constitucional proteja completamente el derecho a abortar y su descriminalización y, claramente, para que la maternidad sea deseada.