Por: Ariel Ávila Martínez. Subdirector Pares.
Hace algunos días, el presidente Iván Duque lanzó la Política de Defensa y Seguridad (PDS), tal vez el documento más esperado por el mundo político, pues su campaña la basó en el miedo, en la promesa de luchar contra el crimen y combatir “fantasmas” por doquier, entre ellos, Venezuela y en general la seguridad fronteriza. El documento deja cinco grandes conclusiones.
Por un lado, al menos en la parte inicial, de identificación de amenazas y en la caracterización de riesgos, se percibe una integralidad en la política. Se lee un enfoque multidimensional, donde, por ejemplo, se describen como riesgo para la seguridad los efectos del cambio climático, se pone la protección del agua como prioridad dentro de la política. Igualmente, en uno de los campos de acción, se coloca la construcción territorial del Estado como prioridad, es decir, se entiende la seguridad más allá de la mera presencia militar y policial.
En segundo lugar, al momento de identificar las amenazas, estas se podrían agrupar en tres categorías. Unas internas, donde se encuentra el ELN, el Clan del Golfo, las organizaciones criminales y en general las economías ilegales. Luego, hay unas amenazas de nueva generación, donde se incluyen la ciberseguridad, la protección de los sistemas de información y de los puntos vulnerables para el funcionamiento del país. Por último, se identifican unas amenazas externas. Allí se incluye el crimen trasnacional, pero también se habla de la amenaza que representa los regímenes no democráticos y de la injerencia de potencias que no son del hemisferio. Es decir, se refiere a Venezuela, China y Rusia.
En tercer lugar, cuando se discute el control territorial del Estado, se divide al país en tres tipos en zonas:
A. Zonas estratégicas de intervención integral. Son las zonas con mayor complejidad en materia de seguridad. Aquellas que la exguerrilla de las FARC abandonó luego del proceso de paz.
B. Zonas de construcción de legalidad. En estos territorios se logró un mínimo de seguridad y se requiere instituciones civiles.
C. Zonas de legalidad, emprendimiento y equidad. La amenaza es la delincuencia común y la responsabilidad de la seguridad está en manos de la policía. Son zonas urbanas.
Para el primer y segundo tipo de zonas se contempla crear un Plan de Acción Integral del Estado. Se dice que tendrá una estructura civil. Es prácticamente igual al Plan Consolidación que se creó en las dos administraciones Uribe (2002-2006 y 2006-2010). Este plan fracasó porque los civiles nunca tuvieron el control, fue administrado en la realidad por los militares, quienes veían a la población como potenciales enemigos y solo los consideraban para sacarles información. El nuevo plan parece igual, una estrategia que se utilizó hace más de una década y que fracasó. Esta vez se piensa repetirlo y se cree que tendrá éxito.
En cuarto lugar, la PDS trae una serie de iniciativas bastante cuestionables por su impacto en materia de derechos humanos. Entre otras, plantea crear la Red de Participación Cívica, la cual es la misma Red de Cooperantes que se creó en la era Uribe. En su momento esta Red de Cooperante provocó todo tipo de desmanes. Entre ellos los denominados «falsos positivos» o ejecuciones extrajudiciales. Además, se encarcelaba personas sin un mínimo de criterio investigativo. En el departamento de Arauca, por ejemplo, se llegó a capturar centenares de personas en tan solo días. Más del 90%, un año después, quedaban en libertad, pues no había pruebas. El Estado colombiano pagó miles de millones de pesos en indemnizaciones. Lo que sucedió fue que un campesino que quería la tierra de su vecino, lo acusaba de ser miliciano o auxiliador de la guerrilla y la Fuerza Pública lo captura sin siquiera contrastar información. Igual se puede decir de otros programas que se plantean en la PDS.
Por último, la nueva Política de Defensa y Seguridad parece más un documento para engrandecer al expresidente Álvaro Uribe y para vengarse del expresidente Juan Manuel Santos y no un documento que permite construir sobre lo construido. Por ejemplo, apenas en las primeras líneas se dice que los logros más importantes en materia de seguridad se dieron en las dos administraciones Uribe, no se nombra ninguna de las estrategias desarrolladas por el gobierno Santos, tampoco la reducción increíble de indicadores de violencia que se lograron con el proceso de paz. En fin, un documento de venganza.
Esta columna de opinión apareció publicada originalmente en el diario El País