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Política de defensa y seguridad en contravía de la paz

Por: Daniela Quintero. Redacción Pares.


El presidente Iván Duque, realizó este miércoles el lanzamiento de la política de defensa y seguridad que implementará durante su mandato. En ella se observan nuevas medidas que fortalecen el aparato militar, proponen crear redes cívicas y que cierra las puertas a una negociación con el ELN.

Son varios los puntos que componen dicha política, pero tres llaman la atención por las experiencias que se han tenido en el conflicto armado colombiano. El primero es el aumento en el presupuesto en Defensa, con 33.4 billones de pesos, dos más que en el 2018; segundo son las redes de participación cívica, por la experiencia de las llamadas Convivir, que fueron la base para el surgimiento paramilitar; y el tercero es la clasificación de los grupos armados organizados, que pondría al ELN al mismo nivel que el Clan del Golfo.


Con esta serie de decisiones, cada vez más se desdibuja esa paz del acuerdo pactado con las Farc prometía llegar a todos los territorios. Por lo tanto, estas medidas van en contravía con las políticas impulsadas por el gobierno anterior que desde el 2012 lideró en un trabajo interinstitucional para promover una agenda de paz.


“Este gobierno cree profundamente en la seguridad como vehículo en la construcción de la paz”, expresó Duque. Por lo tanto, en su alocución dejó ver como en su mandato se le dará prioridad al sector defensa, como estrategia para garantizar la seguridad por medio del aumento del pie de fuerza, caso tal del anuncio sobre la incorporación de 14.000 nuevos soldados.


En ese sentido, se observa el contraste con la estrategia del gobierno de Juan Manuel Santos, en cuyo gobierno se establecieron las bases para una reestructuración de las Fuerzas Militares para postconflicto, abogando por un reenfoque de estrategia militar y la reducción del personal de las FFMM.


Ciudadanos al servicio de la policía


Ahora bien, otra de sus políticas consiste en la conformación de una Red de Participación Cívica. En Colombia esta propuesta es dramática, teniendo en cuenta nuestra reciente historia en la creación del paramilitarismo

Además, expresó que esta red está creciendo en todo el país semana tras semana, y consiste en que las personas trabajen con los soldados, con policías, “para que construyamos ese triángulo exitoso de la seguridad”.


Por otra parte, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, dijo en un debate en Semana en Vivo que “el estado debe mejorar su respuesta y no crear seguridad privada, el problema de esto es que así comenzó el paramilitarismo en Colombia”.


Agregó que promover “que la gente haga justicia por mano propia no es Estado de Derecho, lo que habría que llevar son los mecanismos para que les respondan a los ciudadanos”.


El presidente también dijo que en el 2019 se espera llegar al millón de ciudadanos para darle apoyo a la policía. Sin embargo, existen hechos concretos que demuestran que la creación de estas fuerzas paraestatales en medio de zonas de confrontación armada suele ser perjudicial para esas comunidades.


La historia de Colombia nos lo muestra, ya hemos pasado por experiencias similares. Por ejemplo, cuando los ganaderos en los años 60 decidieron armarse y produjeron un fenómeno más grave: el despojo de tierras a cientos de colonos. Cabe destacar que estas expresiones armadas privadas, también fueron caldo de cultivos para los posteriores grupos de seguridad privada, tales como Acdegam.


Para Luis Celis, analista de conflicto y paz, la última experiencia que más se acerca a la planteada por Duque, fue la Red de Cooperación Ciudadana impulsada por el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, en su política de Seguridad Democrática (SD).


¿Se podrá negociar con el ELN?


En la transición de mandatos se esperaba que el nuevo presidente suspendiera definitivamente las conversaciones de paz con el ELN, que se venían realizando desde febrero del 2017, sin embargo, hubo un silencio entre las partes que parecía el final de la mesa. El 18 de enero del presente año se confirmó la ruptura de los diálogos tras el atentado cometido a la Escuela de Cadetes General Santander.


Ahora bien, con las nuevas políticas del gobierno Duque, se ve aún más desdibujada la idea de retornar a una mesa de diálogo con el ELN. Según explicó Duque, para realizar procesos de disolución de un grupo armado organizado al margen de la ley, se deberán cumplir dos condiciones: “concentrar toda la estructura armada en espacios geográficos delimitados y cesar todo tipo de actividad criminal”.


En el actual gobierno hay una fuerte controversia, puesto que, hasta el año pasado se reconocía al ELN como la última guerrilla del país, sin embargo, con el cambio de mandato todo indica que este grupo es considerado como un Grupo Armado Organizado, lo cual le quitaría su estatus de insurgente alzado en armas.


De acuerdo con Celis, con esta decisión es totalmente inviable que esta guerrilla tenga voluntad de retomar conversaciones con el gobierno. “Veo muy lejos al ELN de querer ubicarse en un territorio y eso no está en el formato del ELN y creo que de ninguna fuerza que tenga desconfianza con el Estado, esto parece más un sometimiento que a una negociación y en un escenario de negociación esto es totalmente inviable”.


El gobierno también señaló que ya no validará la figura de los llamados “ceses al fuego bilaterales”, pues está en contravía de la obligación constitucional que tienen las autoridades de garantizar permanentemente la vida, honra y bienes de los colombianos.


“Este es un gobierno autoritario y un gobierno de derecha y está apostando por eso, porque por supuesto que todos los estados requieren políticas de seguridad, la pregunta es si esas políticas de seguridad son democráticas o autoritarias, en el caso nuestro todas esas políticas son autoritarias”, concluyó el analista.

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