Por: Redacción Pares
Este jueves, en el marco de la conmemoración de los 170 años del Partido Conservador, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre la protesta social y dijo que es necesaria reglamentarla. La protesta es un derecho esencial en una democracia, así como disentir, reclamar, rechazar lo que el ciudadano considera está mal en el Estado. «Pero una cosa es la protesta y otra las vías de hecho. Es urgente reglamentar la protesta social porque lo que vivimos la semana pasada nos está notificando que esto va a seguir» señaló la funcionaria.
El derecho a la protesta
La protesta o movilización social es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión y reunión, tal como lo contemplan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación. Sin embargo, en el contexto colombiano queda en entredicho si esos pactos se cumplen a cabalidad, puesto que, el uso de la fuerza en la mayoría de las movilizaciones que empiezan siendo pacíficas, terminan en choques entre las partes.
La protesta social, las personas marchando en la calle, explica Ariel Ávila, subdirector de Pares, son tal vez, uno de los signos que mejor muestra la salud de una democracia. Es un derecho en cualquier democracia, y como derecho se puede ejercer cuando una persona o colectivo lo decida, eso no los hace ni buenos, ni malos, los hace ciudadanos. La protesta social es legal y legítima en la democracia, es en modelos autoritarios donde no se puede protestar.
El problema de estos regímenes demócrata-autoritarios es que utilizan un discurso del miedo eficiente y, por ende, la destrucción lenta de la democracia no se ve o no se percibe. Foto: Pares.
La autoridad deben proteger los derechos, no atacarlos
Sin dudas, tras los sucesos de las últimas semanas en las distintas universidades del país, se está reavivando un debate sobre el papel de la fuerza policial en las protestas y sus distintos impactos en materia de derechos humanos. Resulta ilustrativa la visión de Juan Carlos Amador, Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien escribió en Viva la Ciudadanía un texto que tituló ‘Derecho a la protesta y desmonte del ESMAD’.
En el texto, Amador señala la sentencia C-742 de 2012 que refiere al “uso de la fuerza policial en el marco de una protesta en el espacio público no se justifica ante la simple obstrucción de vías, pues debe ser evidente que dicha acción pone en riesgo derechos fundamentales básicos de terceros”. Esta sentencia vista en clave del caso de la Universidad de Atlántico pondría en mayor evidencia el peligroso e ilegal proceder de los uniformados.
Asimismo, otro de los elementos que esboza Amador y que contribuyen al capítulo sucedido en la Universidad del Atlántico, tiene que ver con que, en palabras del profesor de la Universidad Distrital “la presencia de la fuerza pública en manifestaciones tiene como propósito proteger los derechos tanto de las personas que intervienen en la protesta como de terceras personas. El uso de la fuerza es algo excepcional y procede como último recurso para evitar afectaciones mayores a terceros.”
«Así son las democracias, con protesta social, y al que no le guste se puede ir a vivir a a un país autoritario, de hecho, hay unos cuantos bastante cerca.» enfatiza Ariel Ávila, subdirector de Pares.