• Sergio Saavedra

Podrían ser más de 1.000 víctimas en la Comuna 13

Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.


La Jurisdicción especial dio a conocer que cuenta —hasta el momento— con una base de datos construida por la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de 459 víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín, entre 1978 y 2016. Sin embargo, el universo de víctimas de desaparición forzada puede seguir ascendiendo a 1.071. Asimismo, solicitó que “recopilar ADN de familiares de víctimas de desaparición forzada de esta comuna en la capital antioqueña.


De acuerdo con el tribunal especial, el material genético permitirá, entre otras cosas, cotejar con los 59 cuerpos recuperados de Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. Cabe recordar que, en noviembre de 2019, JEP decretó medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia.

La JEP ha señalado que los picos más altos de desaparición forzada se dieron en el lapso de un años: entre 2002 y 2003. Justamente, la época que coincide con las operaciones militares y con el posicionamiento paramilitar. Un alto porcentaje de esas víctimas, al menos 130 fueron cometidas entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003.


¿Qué pasa con el ADN que ya entregaron las víctimas?


Adriana Arboleda, quien hace parte de Corporación jurídica libertad y es vocera del Movice, señaló que este auto 119, en el cual se ordena que se tome muestra de ADN a los familiares de víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 para que sean cotejadas, señaló que es una acción “que se llevará a cabo entre la Mesa Técnica entre la UBPD y la JEP, con el apoyo de Medicina Legal y de la Acladía de Medellín.


Lo que nosotros estamos solicitando es que se tenga en cuenta que la mayoría de los familiares ya entregaron muestras de sangre. Es muy importante que, entonces, que Medicina Legal aclare dónde están esas muestras y si ya fueron analizadas.”, señala Arboleda.


A partir de esta solicitud, insiste, “se pueda adelantar la labor de cotejo entre la información genética de los familiares con los cuerpos que hayan sido recuperados. Empieza un trabajo de coordinación interinstitucional con la participación de las organizaciones sociales víctimas y de Derechos Humanos que acompañamos este proceso en el marco de las medidas cautelares de 2018.”


Cabe recordar que el avance de este proceso está en el marco de que el pasado 29 de agosto de 2018, nueve (9) peticionarios —dos (2) representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete (7) familiares de desaparecidos— le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado».


El proceso


De acuerdo con el comunicado, la JEP espera que, de la mano con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), conforme a como se comporte el virus del Covid19 en Colombia puedan:


Convocar jornadas de toma de muestras tan pronto como la pandemia lo permita. Todo lo anterior con el fin de “promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado».


Asimismo, el tribunal especial, según el Auto 119 de 2020, asigna como deber a la Alcaldía de Medellín a “debe contribuir con toda la información que posea y resulte útil para consolidar los listados de víctimas, especialmente en primer grado civil o de consanguinidad, así como a sus cónyuges o compañeros permanentes, a fin de informales sobre el proceso y garantizar sus derechos.”


Incrementa el número de víctimas


Además de la consolidación de la base de datos que tiene la JEP —459 víctimas de desaparición forzada— la Fiscalía General de la Nación le aportó a la JEP 612 casos que continúan construyendo la información para determinar la verificación. En este sentido, se estará hablando de más de 1.000 vícitmas en la Comuna 13 de Medellín.


Antecedentes del caso


Para noviembre de 2019, la JEP decretó el sellamiento parcial y temporal de este Laboratorio para que los cuerpos fueran preservados y conservados, al igual que la información relacionada con estos. De hecho, para ese momento la decisión se tomó la determinación se tomó tras dos inspecciones a este laboratorio de la UdeA:


La primera fue ordenada en la audiencia de Hidroituango, los pasados 8 y 9 de octubre, que investigó por los restos de los desaparecidos en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico, y que, especialmente, indagó sobre los cuerpos que fueron transportados desde de los cementerios de Orobajo, Barbacoas y la Fortuna, de Antioquia. Este traslado lo hizo la Universidad de Antioquia en el marco de un convenio con Empresas Púbicas de Medellín.


En dicha inspección, el 29 de octubre 2019, la JEP encontró que el laboratorio no tenía una clasificación, registro y organización documental adecuada de los cuerpos que allí han sido trasladados. La JEP solo encontró clasificados restos que parecían provenir del cementerio de Orobajo (de Sabanalarga) y no los cuerpos procedentes de los cementerios de Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá), aunque en la audiencia de octubre la antropóloga de esta Universidad, Timisay Monsalve, afirmó que se habían trasladado restos desde estos cementerios.


En el Auto 076 de 2019, que ordena la medida cautelar, se afirma que entre los restos que presuntamente provienen de Orobajo había “varias cajas contenedoras de cuerpos esqueletizados con el rótulo de ‘DISPERSOS’. Cajas que contienen partes de cuerpos que corresponden a varios individuos, pero sin que exista registro alguno con nivel de certeza, del número de individuos a los cuales pertenecían».


Inspecciones


La primera inspección hecha en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia también le permitió a la JEP constatar que allí están cuerpos esqueletizados provenientes del cementerio El Universal de Medellín. Sobre este camposanto se evalúa tomar medidas cautelares porque en ese lugar podrían encontrarse restos de personas desaparecidas de la comuna 13.


En ese sentido, esta jurisdicción ordenó, mediante el Auto 072 de 2019, realizar una segunda inspección en la Universidad de Antioquia para incluir los restos encontrados provenientes de El Universal. Esta inspección se hizo el pasado 30 de octubre.


En esta segunda inspección se encontró que el 23 por ciento de los cuerpos provenientes del cementerio El Universal son de personas cuya muerte, posiblemente, fue por lesiones de causa externa, en forma violenta. Es por esta razón que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decidió decretar la medida cautelar de protección sobre cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia.


En el auto que ordena el sellamiento de esta parte del laboratorio también se vincula formalmente al trámite de las medidas cautelares a la Universidad de Antioquia. Además, entre otras disposiciones, se ordena al Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) la elaboración técnica de un inventario general de los cuerpos hallados en este laboratorio, y un plan de trabajo y protocolo que permita la organización de los cuerpos no identificados que puedan corresponder a víctimas del conflicto armado.