Por: Camilo Díaz Suárez
Investigador Nacional – Línea de Democracia y Gobernabilidad
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra de Rafael Alejandro Martínez, alcalde de Santa Marta en el periodo 2016-2019 y actual candidato al Senado por Fuerza Ciudadana, por presuntos incumplimientos en la obra Megabiblioteca fase 1 en la Institución Educativa Distrital (IED) Normal San Pedro Alejandrino.
El contrato sobre el cual se formuló el pliego de cargos se trata del contrato de obra 067 del 30 de diciembre del 2014, cuyo objeto era la “construcción de una megabiblioteca fase 1 en la Institución Educativa Distrital Normal San Pedro Alejandrino del distrito de Santa Marta, Magdalena, Caribe” por un valor de $10.044.275.255. Dicho contrato fue suscrito por Ingris Mirelda Padilla, en calidad de alcaldesa encargada durante el periodo de Carlos Caicedo como alcalde de Santa Marta.
Tras dos adiciones firmadas por Carlos Caicedo, que ampliaron el plazo de ejecución del contrato a 210 días, Rafael Martínez, ya siendo alcalde, firmó una serie de prórrogas que ampliaron todavía más el plazo de ejecución, incurriendo en una presunta afectación del principio de eficacia que rige la contratación estatal.
Por ello, la Procuraduría adelanta una actuación disciplinaria por la “presunta omisión en la adopción de decisiones o acciones en las vigencias 2012-2015 y 2016-2019 frente a los incumplimientos contractuales en los que pudo incurrir el contratista del contrato de obra 067 del 30 de noviembre de 2014 y la presunta afectación del principio de eficacia que rige la contratación estatal, en las prórrogas realizadas al contrato en cuestión durante la vigencia 2015”.
Así, el cargo proferido es el de incumplimiento a sus funciones por una aparente violación del principio de responsabilidad y del de eficacia que deben regir la actividad contractual, por presuntamente haber omitido el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio que debía declarar el incumplimiento, imponer las multas y/o hacer efectiva la cláusula penal, en contra del contratista Consorcio Megainstituciones.
Las adiciones al contrato
De acuerdo con la Procuraduría, un informe de la Sociedad Ingeniería de Proyectos S.A.S sobre la interventoría de la obra, habría un presunto incumplimiento en la finalización de obras del contratista Consorcio Megainstituciones, que estaba establecido para el 31 de julio de 2017, por lo que fue necesaria la inyección de recursos por parte del contratista, luego de que fueran ejecutados $12.621 millones de pesos.
Adicional a ello, el informe de interventoría expresaba ya en 2017 una preocupación por los retrasos presentados en la ejecución de las obras, la cuales ya cumplían la totalidad del tiempo destinado para ser entregada y un gran porcentaje del valor ejecutado, pero que los avances materiales de la obra apenas alcanzaban el 21,46%, lo cual fue reportado y manifestado a la Alcaldía de Santa Marta.
Así, seis años después, existen incumplimientos presentados en esta obra que todavía no ha sido entregada a la ciudad y que ha tenido adiciones presupuestales que aumentaron bastante su costo inicial.
La primera adición que firmó Rafael Martínez fue el 6 de mayo de 2016 que le otorgaba al contratista 90 días adicionales para cumplir con la obra, extendiendo el plazo de ejecución hasta el 10 de agosto de 2016. El 4 de agosto del mismo año amplió el plazo de ejecución otros 90 días, siendo la nueva fecha de entrega de la obra el 10 de noviembre de 2016. A pocos días de llegar el nuevo plazo acordado, el 4 de noviembre se firmó otra adición en la que se extendía el plazo de ejecución 54 días más.
Para el 28 de diciembre de 2018, se firmó una nueva adición al contrato, la número 6, que adicionaba $857’837.386 y ampliaba el plazo de ejecución de obra 186 días siendo la fecha de entrega el 31 de julio de 2017.
En julio de 2017, a pocos días de vencerse el último plazo estipulado, Alejandro Martínez firmó dos adiciones al contrato en las que se ampliaba, nuevamente, el plazo de ejecución de la obra en 184 días y se sumaron al valor del contrato dos valores por $2.890.884.849 y $901.602.920. Es decir, que tras 6 adiciones firmadas por el exalcalde de Santa Marta, la obra que estaba estimada en un valor de $10.044.275.255 terminó costando $16.592’223.304.Finalmente, de nuevo a pocos días de alcanzar la última fecha pactada para entregar la obra, se firmó una última adición que establecía como nueva fecha el 31 de marzo del 2018.
Por estos hechos, también el gerente distrital de Infraestructura de Santa Marta en el periodo 2016-2019, Sander Alfonso Rodríguez Peña, se le atribuye el cargo de una presunta omisión de informar a la representante legal de la entidad contratante los incumplimientos sucedidos, durante la vigencia 2017, con respecto al contrato en cuestión. Con la notificación del pliego de cargos, Alejandro Martínez y Sander Rodríguez fueron citados a un juicio disciplinario por estos hechos.
A su vez, la Procuraduría ordenó archivar las investigaciones en contra de Carlos Caicedo y Pablo José Lacouture Mercado, gerente distrital de Infraestructura (2012-2015), por estos hechos.
Un candidato cuestionado
La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ya había hecho un llamado a sus cuestionamientos en el informe “Los herederos y herederas de todas las formas de corrupción”, según el cual se ha visto envuelto en varias investigaciones. La más conocida consiste en una investigación por la presunta celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, así como por presuntas irregularidades en la contratación de obras de construcción y remodelación de varios puestos de salud, que llevó a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía ordenar medidas cautelares de embargo y secuestro a 11 bienes avaluados en $766 millones en contra de Alejandro Martínez.
También la Procuraduría ha adelantado en su contra investigaciones por irregularidades en el PAE, de la que se desconoce su estado, y por presunta participación indebida en política, de la que se declaró no probado ese delito.