Por: Katerin Erazo, Periodista
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Gustavo Petro, fue radicado ante el Congreso este 06 de febrero, en un acto que contó con presencia del Primer Mandatario, la vicepresidenta, Francia Márquez, la primera dama, Verónica Alcocer, y otros funcionarios del Gobierno Nacional (Ver: La ambición reformista de Petro: ¿se dinamitará la coalición de gobierno?).
El PND 2022-2026 consta de 240 artículos y 147 páginas, y prevé una inversión cercana a los $1.154 billones. Uno de sus objetivos principales es “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza”.
Cabe añadir que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es un documento gubernamental que establece las políticas, objetivos y estrategias a seguir por el Gobierno en un período determinado. Este documento fue construido con la ayuda de las más de 89.000 propuestas presentadas en los Diálogos Regionales Vinculantes, en los que 250.000 personas participaron. Durante la radicación, el director del DNP, Jorge Iván González, mencionó que este es el primer PND que coloca en primer lugar al territorio (Ver: Concluyeron los Diálogos Regionales Vinculantes, en total fueron 52).
Entre las principales metas se encuentran: actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética y llegar a cerca de tres millones de hectáreas entregadas a campesinos.
Los cinco ejes estratégicos que tiene el documento son: el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad humana y justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transformación productiva, internacionalización y acción climática, y la convergencia regional. Cada eje cuenta con una inversión específica. La convergencia regional con $138,4 billones; $114,4 billones para la transformación productiva y acción climática; $743,7 billones para temas relacionados con la seguridad humana y la justicia social; $46,1 billones para el derecho humano a la alimentación; $28 billones para el ordenamiento del territorio alrededor del agua; y $83,4 billones para estabilidad macroeconómica.
Además, el documento incluye tres ejes transversales, que serían el hilo conductor de todas las inversiones, programas y proyectos. Estos ejes son: 1) la Paz Total, la cual busca transformar los territorios, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y acabar con las violencias armadas, tanto de aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza; 2) los actores diferenciales para el cambio, en este se esperan transformaciones que lleven a una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y estigmas, con el fin de superar las discriminaciones de tipo económico, social, cultural y político basadas en el género y la orientación sexual; y 3) la estabilidad macroeconómica, que tiene como objetivo definir un conjunto de apuestas en materia económica, con el fin de garantizar la disponibilidad de los recursos públicos que permitirán financiar las transformaciones.
Camilo Barrios, administrador público y asesor en asuntos de planeación territorial, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que el documento tiene puntos “novedosos”, como el ordenamiento territorial en torno al agua y su protección, o el derecho humano a la alimentación, ya que esto nunca se había planteado antes.
Sin embargo, algo que este documento hizo encender las alarmas fue que el presidente Gustavo Petro solicitó facultades extraordinarias en nueve temas diferentes. Con ellas, podría resolver cuestiones mediante decreto, sin la necesidad de tramitar una ley ante el Congreso y tendría un plazo de seis meses.
Crear la entidad u organismo denominado Agencia Nacional de Seguridad Digital.
Adelantar la recuperación del Hospital San Juan de Dios.
Regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas.
Regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis, para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas.
Crear una entidad pública cuyo objetivo principal es el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales o de carácter regional.
Homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros.
Crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, con participación mayoritariamente de la nación.
Reestructurar la Superintendencia de Industria y Comercio para establecer los instrumentos que se requieran e implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular y comunitaria, incluyendo la definición de incentivos no tributarios, mecanismos para promover alianzas de atracción de inversión extranjera directa sostenible y transferencia tecnológica, cesión y gestión de activos y esquemas de financiamiento para el fortalecimiento productivo.
Expedir decretos con fuerza de ley, con el fin de modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción e incorporarlos al Sistema de Transferencias que trata el presente artículo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.
El propósito de estas facultades extraordinarias preocupa al asesor público y asesor en planeación territorial Camilo Barrios, ya que, para él, no se entiende la razón de crear una agencia para construir caminos vecinales, cuando las funciones de fomento podrían ser realizadas por Findeter o Enterritorio, en coordinación con más entidades territoriales. Además, Barrios expresó su preocupación con respecto a las facultades en materia de subsidios que, según él, no solo no es necesario acudir a ellas, sino que además plantea la incertidumbre sobre cómo será la transición de las transferencias durante los seis meses que pueden durar esas facultades extraordinarias.
Por su parte, Daniela Garzón, investigadora nacional de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, expresó que no es bueno que el presidente Petro quiera tener facultades extraordinarias para tantas cosas, ya que pueden poner en riesgo el delicado equilibrio entre ramas del poder y entre procedimientos del Estado de derecho para tramitar. “Habría que evaluar si en verdad se necesitan tales facultades extraordinarias y para qué crear entidades nuevas”, destacó Garzón.
Finalmente, el Congreso tendrá un plazo de cuatro meses para aprobar este Plan Nacional de Desarrollo. Primero, las comisiones tercera y cuarta de ambas cámaras sesionarán de manera conjunta en marzo, luego, en abril, el texto será enviado a las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado para que en mayo sea definitivamente aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, Juan Alejandro Pérez, asistente de investigación de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares, señaló que estas fechas son las esperadas por el Gobierno, pero podrían demorarse.
Espere pronto un análisis a profundidad del articulado del PND de acuerdo a las diferentes líneas de investigación de Pares.