Por: Isaac Morales, Coordinador
Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
La Paz Total se ha convertido en la principal bandera política del gobierno de Gustavo Petro. Al menos en los primeros 5 meses de su mandato, este ha sido un tema que aparece a diario en la agenda de noticias nacionales, desde el mismo proceso legislativo para darle un marco legal inicial con la reforma a la Ley de Orden Público, hasta los avances que ha tenido el acercamiento con el ELN en la ya establecida mesa de negociaciones. Sin embargo, poco se conoce sobre el otro gran componente de la Paz Total, el sometimiento de otro tipo de organizaciones delincuenciales de tinte menos político y más criminal, como el Clan del Golfo (AGC, como se hacen llamar) o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, entre otros que según el Gobierno suman más de 10 en la manifestada voluntad de paz.
Ahora bien, un nuevo pilar de esta Paz Total se develó con un comunicado oficial que presentó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estamento en cabeza de Danilo Rueda, el pasado 24 de enero, en el que se habla sobre el proceso de “Paz Urbana en Medellín” y es precisamente este nuevo elemento el que llega a nutrir el proyecto político de Paz Total.
Sobre esto vale la pena abordar inicialmente dos aspectos fundamentales, el primero, el hecho de que este tipo de acercamientos se esté dando en Medellín, uno de los puntos más complejos en materia de seguridad del país, una ciudad con una tradición y una historia de violencia desbocada desde la época de los grandes cárteles de la droga que operaban en suelo antioqueño y luego tocada por una reconfiguración criminal tras el proceso de desmovilización de las AUC. Muchos de los grupos y organizaciones delincuenciales que hacen presencia hoy en Medellín y en los 10 municipios del Valle de Aburrá tienen o han tenido líderes herederos de este extinto grupo paramilitar, como Carlos Mesa, alias “Tom”, o el mismo Diego Fernando Murillo, también conocido como “Don Berna”; esta lamentable tradición se veía reflejada en los altos índices de homicidio, desapariciones, secuestros, torturas e incluso en la aparición de cuerpos desmembrados en municipios como Bello.
A pesar de todo esto, Medellín ha tenido una suerte de transformación y sus indicadores han mejorado. Por ejemplo si se comparan los casos de homicidio en 2009, que superaban la barrera de los 2.100 casos, a los cerca de 380 que se registraron en 2022, aunque representando un leve incremento frente a los 300 casos de 2021.
Hay que señalar que la gran mayoría de las manifestaciones de violencia e inseguridad en Medellín están asociadas al control de organizaciones delincuenciales organizadas que tienen una fuerte presencia en esta zona. Es aquí donde surge el segundo punto relevante de esta revisión: los actores.
Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hemos hecho el seguimiento a la presencia de estas organizaciones en el Valle de Aburrá y en el inventario han estado presente dos grandes estructuras, en primer lugar “La Oficina”, que en sus inicios prestaba servicios de cobro y mediaba entre los conflictos de los narcotraficantes, que luego se configuró en una especie de cónclave criminal en el que jefes de estructuras delincuenciales se ponían de acuerdo para mantener un control armónico de sus negocios ilegales. Hoy esta organización funciona como una suerte de confederación de bandas, combos y grupos delincuenciales, manteniendo alianzas y soportando influencias en negocios legales e ilegales para garantizar sus rentas criminales.
Por otra parte se cuenta la presencia del Clan del Golfo, que tiene una vocación orientada al narcotráfico, desde la producción hasta su comercialización nacional e internacional; así las cosas, cada uno de estos grupos posee una estructura particular, mientras que “La Oficina” coordina la criminalidad en el Valle de Aburrá en forma de red, más que como una estructura jerárquica con un “Capo” principal, por su lado, el “Clan del Golfo” ha establecido alianzas directas y concretas con organizaciones de Bello y Medellín.
En Medellín y el Valle de Aburrá se podrían contabilizar entre 350 y 450 organizaciones delincuenciales que tienen algún grado de influencia y operación criminal; por mencionar algunos, en la capital de Antioquia se identifican GDO (Grupo Delincuencial Organizado) como ‘Robledo’ (también conocidos como ‘Los Pesebreros’), ‘Los Triana’, ‘La Terraza’, ‘La Sierra’, ‘El Mesa’ y ‘Caicedo’, así como otros GDCO (Grupo Delincuencial Común Organizado), algunos activos y otros debilitados, como ‘Los Mondongueros’, ‘Los Machacos’, ‘La Agonía’, ‘Los Chivos’, ‘El Coco’ y ‘Los Conejos’. Aunque no es claro con cuáles de estos grupos se estarían generando acercamientos, seguramente varios en mención entrarían a este sometimiento.
La pregunta que surge es: ¿qué significa la idea de Paz Urbana? Como lo menciona el comunicado en cuestión, sin ser atrevidos y esperando un poco más de claridad por parte del Gobierno y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, podría decirse que se trataría de buscar un sometimiento negociado con estas organizaciones delincuenciales que tienen mayor presencia en las grandes ciudades, con una vocación criminal de control de los mercados y negocios ilegales de carácter urbano. Este sometimiento estaría orientado a disminuir las expresiones de violencia propias de estas, como las desapariciones, homicidios, hurtos, extorsiones, las disputas por el control territorial, entre otras manifestaciones del repertorio criminal propio de estos grupos; lograr acuerdos de entrega de armas, dineros e incluso verdad para las víctimas. Digo negociado porque seguramente se brindarán beneficios que el marco constitucional y legal que el sometimiento individual o colectivo permita, como una rebaja de penas, tal como se dio en el proceso de Justicia y Paz o el acuerdo con las FARC.
Aunque este tipo de avances se deben celebrar como pasos hacia la consolidación de unas condiciones mínimas de seguridad para la ciudadanía en general y la protección de la vida y la integridad en el territorio nacional, que además se verían reflejados en la disminución de delitos de alto impacto, surgen también muchas dudas e incertidumbres frente a esta idea de Paz Urbana, partiendo de la relevancia que estos grupos tienen con relación a economías y mercados criminales como el microtráfico o el narcomenudeo, así como la comercialización ilegal de armas, celulares, autopartes e incluso la trata de personas. ¿Estarían dispuestos a abandonar estos negocios? y ¿cómo se garantizaría que no sean cooptados por nuevas expresiones de delincuencia que decidan no someterse a la justicia?
Sin duda, los retos y desafíos en el devenir de la Paz Urbana serán muchos y aunque es clave que las fases iniciales de sometimiento sean herméticas, el Gobierno debe brindar más luces y mayor claridad a la sociedad civil para que no se generen falsas noticias ni especulaciones sobre estos procesos, pues la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad es de las variables más volubles y complejas.