Por: Cristian Florez
Pasante de la Línea de Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil
Pares lanzará su informe sobre homicidios hacia líderes y lideresas ambientales en Colombia en el marco de la COP16. Este informe nos presentará factores contextuales de la violencia homicida hacia líderes y lideresas ambientales, resaltando la disputa de actores armados por el control territorial: lo que los grupos armados buscan es el acceso a recursos naturales para su explotación a través de la minería ilegal, el tráfico de madera y la plantación de cultivos ilícitos.
Los grupos armados que están detrás de esto, como lo presenta el informe, son el Clan del Golfo, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, grupos que han aumentado su presencia en los diferentes territorios del país, afectando en igual medida los liderazgos ambientales que son blancos de ataques por denunciar la degradación del medio ambiente, sin embargo, las economías ilícitas y los grupos armados no son los únicos victimarios que encontramos en este escenario; las empresas en búsqueda de la explotación de recursos minero energéticos, agroindustriales y proyectos de infraestructura conlleva a una disputa entre dichas empresas y las comunidades que le hacen resistencia, gracias a la explotación desproporcionada que impiden las formas en que se reproduce la vida en el campo y la naturaleza.
Así, las comunidades desde diversos repertorios de acción se enfrentan a dichos proyectos, y las amenazas llegan después de manifestarse. Es claro que estos proyectos se concentran en territorios donde hay mayores recursos minero energéticos, y es allí también donde los y las lideresas ambientales corren mayor riesgo de sufrir agresiones.
El informe realiza una crítica al actuar del Estado, que por acción u omisión no ha sido capaz de salvaguardar la vida de los liderazgos ambientales. En la COP16, en Cali, el 23 de octubre a las 2:00 pm en el Banco de la República Francisco Daza, director de la línea de Paz Territorial y Derechos Humanos de Pares presentará con detalle cómo las herramientas con las que cuentan para la protección del medio ambiente y sus defensores han sido insuficientes.
El deber del Estado es garantizar el derecho a la vida de los y las defensoras ambientales y esto no ha sido así: desde 2018 a Agosto de 2024 han sido asesinados un total de 361 líderes ambientales. Sin embargo, esta es la última estrategia a la que recurren los diferentes grupos armados y demás victimarios, pues antes de ello se dan amenazas, intimidaciones a familiares, desplazamientos forzados y secuestros como formas de intimidación para que abandonen su activismo.
Ahora bien, dentro de las cifras que se nos presenta allí, es alarmante que el 53% de los casos se concentre en los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia. Si se tiene en cuenta el caso particular de cada departamento, el informe ilustra que el 32% se concentran en el Cauca con 114 asesinatos, seguido de Nariño con el 11%, es decir 41 asesinatos, y Antioquia con el 10%, equivalentes a 37 asesinatos.
La comunidad indígena se ha visto mayormente victimizada por estos hechos, representando 133 de los asesinatos, especialmente en Cauca y Nariño donde en defensa de su territorio que es concebido como un bien común y no un bien mercantil. A su vez, los campesinos también se registran como el segundo grupo más victimizado, especialmente en el departamento de Antioquia.
Los perpetradores de dichos homicidios han sido tanto grupos al margen de la ley como el Estado en menor proporción, sin embargo resulta preocupante que en 237 de los casos no se identifique el perpetrador de los asesinatos dando vía libre a la impunidad. De hecho, el informe le dedica una sección a los niveles de esclarecimiento de casos de violencia homicida contra estos líderes ambientales, resaltando la poca celeridad que se le dan a estos en instancias judiciales, siendo un gran limitante al momento de exigir justicia.
La última sección de este informe nos recuerda algo importante: los líderes y lideresas ambientales son más que simples estadísticas, eran personas que le apostaban a una forma diferente de ver la vida y relacionarse con la Naturaleza, que su legado no puede morir con ellos, pues la vida como las luchas sociales y ambientales no hay que dejarlas en el vacío.
La memoria es un escenario de disputa, en el que se debe estar comprometido a salvaguardar y que su lucha ambiental no sea en vano. Por ello encontramos las historias particulares de Jaime Monge, el Protector de los Farallones, y de Juana María Perea, la lideresa del Golfo de Tribugá. Un líder y una lideresa que hasta el último día de sus vidas estuvieron comprometidos con proteger aquello que amaban: la Naturaleza.
Este informe elaborado con el apoyo de Odevida, resulta importante de cara a las acciones que deba tomar el Estado colombiano para la protección de líderes y lideresas ambientales, para conocer de cerca cómo la violencia sigue presente en el país, especialmente hacia aquellos que no están a favor de la degradación ambiental y destrucción del medio ambiente, al que hemos estado sometidos desde hace mucho tiempo. El informe y sus conclusiones nos lleva a reflexionar de manera crítica la situación que se está viviendo en el país, que se posiciona, según Global Witness, como el más peligroso para ejercer la defensa del medio ambiente.
Si usted está en Cali, en este video la contamos cómo inscribirse en la presentación del informe sobre situación de violencia contra liderazgos ambientales en Colombia el 23 de octubre en el Banco de la República en la sala de Música a las 2:00 pm.
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