Por: Germán Valencia. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Columnista Pares.
El título de este artículo es tal vez la frase que mejor sintetiza el balance que, el pasado sábado 26 de septiembre, realizaron un conjunto amplio de actores que fueron invitados a la 1ª Conferencia Internacional para la Implementación del Acuerdo de Paz. Este fue un evento organizado por el movimiento Defendamos la Paz y que sirvió para conmemorar la histórica firma del Acuerdo Final en Cartagena, en 2016, ratificado un par de meses después en el Teatro Colón de Bogotá.
En esta primera conferencia hubo tiempo para escuchar a todos. Fue un evento plural, en el que estuvieron presentes los protagonistas de la paz. Desde los actores que negociaron los contenidos del Acuerdo (Humberto del Calle y Rodrigo Londoño) y los países garantes (Noruega y Cuba) hasta el representante del Gobierno Nacional (el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila). Pasando por varios premios nobel de paz y por los representantes de las víctimas y de las comunidades afro e indígenas y las mujeres.
Fue un evento que sirvió para hacer un alto en el camino y señalar los avances y logros en materia de implementación del Acuerdo Final, pero también para mostrar vacíos, problemas y retos en la implementación.
Entre los logros de estos primeros cuatro años se tienen: la dejación de armas, que fue todo un éxito según la ONU; la reincorporación económica y social de los exguerrilleros, pues cerca de 13 mil de ellos vienen desarrollando de manera innovadora una serie de proyectos productivos comunitarios. Además, la transformación de las Farc de guerrilla en partido político, lo que evidencia su deseo de no querer volver a la guerra y la apuesta decidida por la paz.
Un proceso de paz que permitió, en sus primeros dos años, la reducción de los niveles de violencia en el país. En especial, paró las muertes de los soldados y policías. Además, el país logró avances importantes en el mejoramiento de la democracia, con la puesta en marcha del Estatuto de la Oposición. Y finalmente, comenzó a operar un sistema de justicia transicional, sin precedentes en el mundo, que pone en el centro a las víctimas y que está permitiendo el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición.
El encuentro sirvió también para destacar como la ola de violencia que se está viviendo en los últimos dos años es el principal obstáculo y reto para la construcción de la paz. Todos los asistentes coincidieron en que el principal problema de la implementación del Acuerdo Final es el fenómeno de la violencia. De nuevo, en estos dos últimos años, están apareciendo masacres, muertes selectivas, desplazados y violación de derechos humanos. Es duro que se sigan matando a los que defienden el Acuerdo e intentan construir la paz.
El territorio nacional está viendo como una mancha roja se viene extendiendo por muchos lugares. En el pasado reciente muestra un incremento de la guerra. Hay presencia creciente de variados grupos armados organizados. ELN y las Disidencias de las Farc doblaron su presencia en el territorio nacional en estos dos años. También han ampliado su presencia en los territorios y con ello las rentas criminales los grupos armados ilegales como los Pelusos (EPL), los Caparros y el Clan del Golfo.
La muerte debe parar, esa es la idea que se quiso dejar con la firma del Acuerdo Final, y no se está cumpliendo. De allí la solicitud unánime: el respeto a la vida de los que defienden y trabajan por la implementación del Acuerdo. Se tiene una responsabilidad de garantizarles la vida y velar por su seguridad y la de sus familias. Imagen: Pares.
Esta expansión armada y criminal viene provocado la muerte de miles de líderes y lideresas, de los firmantes de la paz y los defensores de derechos humanos. Según Indepaz, en lo que lleva del año son 203 líderes y lideresas asesinados y 1008 en los cuatro años de implementación del Acuerdo. Son 43 firmantes de la paz asesinados entre enero y septiembre, y 229 en estos cuatro años. Y son 16.000 personas desplazadas en 2020, lo que significa un 96% de incremento en comparación con el mismo período de 2019. Lo que demuestra que el semáforo Duque le está dando luz verde a la guerra.
Las masacres, las muertes selectivas y los desplazados están minando la confianza en el proceso. De allí que el llamado más urgente que hicieron los asistentes al evento fue la defensa de la vida. La muerte debe parar, esa es la idea que se quiso dejar con la firma del Acuerdo Final, y no se está cumpliendo. De allí la solicitud unánime: el respeto a la vida de los que defienden y trabajan por la implementación del Acuerdo. Se tiene una responsabilidad de garantizarles la vida y velar por su seguridad y la de sus familias.
Los firmantes de la paz (gobierno y ex guerrilla) sabían que en el posconflicto la posibilidad de retornar a la violencia era muy probable. Por eso anticiparon una serie de mecanismos para el cuidado de la vida y mantener la seguridad. El Acuerdo Final identifica y señala una serie de instrumentos y mecanismos para la protección de seguridad que hay que activar y desarrollar, por ejemplo, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Un proceso de paz que permitió, en sus primeros dos años, la reducción de los niveles de violencia en el país. En especial, paró las muertes de los soldados y policías. Además, el país logró avances importantes en el mejoramiento de la democracia, con la puesta en marcha del Estatuto de la Oposición. Y finalmente, comenzó a operar un sistema de justicia transicional, sin precedentes en el mundo, que pone en el centro a las víctimas y que está permitiendo el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición. Fotografía: Pares.
Se pidió a la Fuerza Pública, a las organizaciones del Estado y a las comunidades a que trabajen juntos por la defensa de la vida. Hay que proteger la vida de los líderes y lideresas y de los firmantes de la paz. No se puede permitir que siga avanzado en la guerra. La esperanza de la paz hay que mantenerla. La protección de la vida permitirá a los reincorporados continuar con sus proyectos productivos, con sus programas de vida, con la reincorporación comunitaria Y a los campesino y víctimas de la violencia que disfruta de su tierra y puede trabajarla para con su trabajo forjar el bienestar de sus familias.
En conclusión, el llamado que hicieron los asistentes al evento es invitar al Gobierno Duque a un cambio de luces en el semáforo de la paz y la guerra. Que le den vía libre a la paz y que ojalá se le ponga luz roja de la violencia para siempre. La vida debe de estar por encima de las ideas, de la política y de la polarización. Esta es una invitación para avanzar en la recuperación de la confianza en el Estado.
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