Por: Redacción Pares
Los expertos en derechos humanos de la ONU han expresado su profunda preocupación por la multiplicación de los asesinatos por parte de policías y otros actos de violencia en el contexto de las medidas de emergencia de COVID-19. «Estamos alarmados por el aumento de los informes de asesinatos y otras instancias de uso excesivo de la fuerza dirigida a personas particulares que viven en situaciones vulnerables», dijeron los Relatores Especiales.
«Las personas en situaciones vulnerables como las personas que viven en la pobreza y las personas que viven en barrios marginales, personas sin hogar, minorías, personas detenidas, mujeres y niños víctimas de violencia doméstica, migrantes y refugiados, mujeres trans y todos los que defienden sus derechos, ya son afectado desproporcionadamente por el virus. Las políticas de no visitas en hogares de ancianos y cuidado en el hogar exacerban el riesgo de violencia, maltrato, abuso y negligencia de las personas mayores y otras personas que viven en instituciones «.
«Todas estas personas que a menudo se ven afectadas de manera desproporcionada por el virus, debido a sus precarias condiciones de existencia, no deberían ser víctimas más debido a las medidas del estado de emergencia».
Los gobiernos deben proteger a la población
Los expertos recordaron a los gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley que la prohibición contra la privación arbitraria de la vida, la tortura y otros malos tratos, es absoluta y no se puede suspender en todo momento.
«Incluso durante los estados de emergencia, el uso de la fuerza sigue guiado por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Exigen que se evite el uso de la fuerza y las armas de fuego, y que se agoten todos los medios no violentos posibles. antes de recurrir a los violentos «.
Las autoridades, recordaron los expertos, sólo deberían usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario. La fuerza letal solo debe usarse para proteger contra un riesgo inminente para la vida e incluso entonces, siempre se deben tomar precauciones razonables para evitar la pérdida de vidas.
«Romper el toque de queda, o cualquier restricción a la libertad de movimiento, no puede justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; bajo ninguna circunstancia debe conducir al uso de la fuerza letal».
Los expertos insisten en que se deben tomar más precauciones para proteger el derecho a la vida y la dignidad en vista del hecho de que muchas personas no tienen un hogar en el que permanecer confinadas, o viven en condiciones densas y promiscuas, y no tienen los medios para para mantener a sus familias bajo aislamiento.
«No puede quedarse en casa si no tiene una. No puede permanecer confinado si no tiene lo que necesita para alimentar a su familia», señalaron los expertos en derechos humanos. «¿Cómo se ‘distancia físicamente’ en un barrio marginal urbano? ¿Cómo se come o bebe cuando se trabaja diariamente y necesita salir todos los días para ganar el dinero para hacerlo?»
Además, dada la gran cantidad de infecciones reportadas por COVID-19 entre los agentes de policía, las interacciones policiales pueden representar una fuente adicional de riesgo de infección para las poblaciones que ya se encuentran en situaciones vulnerables que no deben ser ignoradas en el despliegue y uso de la autoridad policial».
Los expertos pidieron a los gobiernos que diseñen medidas específicas para mitigar los efectos desproporcionados que las medidas de emergencia pueden tener en grupos en situaciones vulnerables.
«Es importante que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tengan en cuenta el contexto local, las necesidades y las vulnerabilidades de grupos particulares de personas, y sean cautelosos al recurrir al uso de la fuerza para asegurarse de que sea necesario y proporcionado», dijeron.
«Para millones de personas, las medidas de emergencia pueden ser una amenaza más directa para su vida, sustento y dignidad que incluso el virus en sí. Hay otras formas de controlar que utilizando primero la fuerza».