Por: Laura Cano. Periodista Pares.
El pasado 05 de junio se conoció quiénes son los nuevos integrantes del Comité Nacional de Paz para el periodo 2020-2021. Allí, y como representantes del Estado aparecían nombres como el de Wilmar Ancizar Triana, alcalde de Chiquinquirá; Mauricio Medina Castro, diputado de la Asamblea del Cauca y la senadora del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, en quien están puestos la mayoría de los cuestionamientos, pues pareciera, según los fines del Comité, que su papel dentro de este organismo no es muy claro.
Primero, vale la pena señalar que el Comité nace a través del Decreto Ley 885 de 2017, modificando la Ley 434 de 1998 que daba vida al Consejo Nacional de Paz (CNP) y dando a su vez vía a las decisiones legislativas para propender por la implementación del Acuerdo de Paz. Así uno de sus fines textualmente es: propender por el logro y mantenimiento de la paz; generar una cultura de reconciliación, tolerancia, convivencia, y no estigmatización y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente.
Si bien es necesaria la pluralidad en los escenarios que se gestaron para dar cumplimiento a lo acordado en La Habana, también es un deber de las políticas que cada elección que se haga constituya una verdadera voluntad de paz, sobre todo en tiempos donde urge tomar decisiones pensando y teniendo como centralidad a las víctimas y a los territorios donde la violencia no ha parado y se recrudece.
¿Qué es lo problemático de este nombramiento?
En este contexto también hay que resaltar que la decisión de los nuevos integrantes del Comité Nacional de Paz viene de la mano del Alto Comisionado para la Paz, quien también ha recibido críticas a su gestión, incluso recientemente desde el Senado se advirtió que su trabajo era invisible para la implementación del Acuerdo de Paz, pues ha brillado por su oposición a iniciativas como las 16 curules para la paz, pero ha resaltado por su apoyo a la decisión de EEUU de incluir a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo.
De esta forma, pareciera que por esa misma línea iría la elección de la senadora Valencia, pues su posición desde los diálogos en La Habana ha sido contraria a lo firmado, lo que amenaza el objetivo del Comité, pues no es menor la anotación sobre la apuesta política que ha hecho el partido Centro Democrático, apuesta que tiene como uno de sus resultado la poca atención e importancia que se le está dando a lo pactado, posición que ha implicado que a la fecha la cifra de personas en proceso de reincorporación asesinadas se acerque a las 200.
“La presencia de Paloma Valencia en el CNP es confusa, porque el objeto de este es respaldar los Acuerdos de Paz, las salidas negociadas y Paloma ha sido es una adversaria de eso. De manera que lo que hace ella es tirarle piedra a esas búsquedas de diálogo”, afirmó León Valencia, director de Pares.
De esta forma, vale la pena señalar algunas de las acciones de la senadora que alertan de lo que podría pasar con ella dentro y con un papel decisivo dentro del Comité Nacional de Paz, pues su llegada allí podría ser un espaldarazo a las políticas que buscan retroceder por completo a los acuerdos a los que se llegó con la exguerrilla Farc-ep.
El NO, su bandera política
Paloma Valencia fue una de las caras más visibles dentro de las esferas políticas que hizo una clara campaña por e NO en el plebiscito, e incluso ha seguido utilizando este discurso para deslegitimar lo acordado y legitimar el abandono del Gobierno Nacional con la implementación. En nombre de estos su mayor oposición ha sido a la JEP. Valencia desde la implementación de la Justicia Especial ha pasado proyectos para que esta tenga un papel diferente dentro de la salida negociada.
En esta oposición ha intentado en tres ocasiones que dentro de esta Justicia a los militares se les escuche desde la presunción de inocencia, en una sala especial, y que se tomen lineamientos de DIH para los miembros de la Fuerza Pública. “El tema de los militares requiere una justicia justa”, enfatizó en entrevista con Caracol Radio.
“Además, tiene muy pocos conocimientos sobre esos temas. Lo de la JEP eso es no tener conocimiento de una cosa elementalísima de lo que es la justicia transicional, y es que ésta a diferencia de la justicia ordinaria se basa en la presunción de culpabilidad, es decir, quienes llegan allá aceptan que han cometido unos delitos, pero que los ha cometido en medio de un conflicto armado y por eso se acoge al derecho humanitario y a buscar unos penas distintas a la cárcel, aportando a la verdad plena sobre lo que hizo. Si eso tan elemental no lo sabe ella hace más extraño su presencia en el Comité”, aseveró León Valencia.
En este punto vale señalar que según el Centro Nacional de Memoria Histórica a la Fuerza Pública se le atribuyen, por lo menos, 2.399 asesinatos selectivos, 158 masacres con 870 muertos, 182 ataques a bienes civiles, 71 muertos civiles en acciones bélicas y un número por determinar de casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
Sin embargo, la negativa de Paloma Valencia no es nueva. De hecho, ha sido la bandera de su labor dentro del Senado, en donde se ha valido de argumentos como la supuesta impunidad de los exintegrantes de las Farc, además de reiterar que hay un incumplimiento de quienes hicieron parte de la exguerrilla.
Esa afirmación fija un interés político opuesto a la implementación, pues de entrada desconoce cada uno de los proyectos que han nacido desde las ideas de las personas en proceso de reincorporación, y que a la fecha se ven abandonados y en un limbo que responde a la poca aplicación de políticas para garantizar la seguridad y la vida digna de quienes realmente le han apostado la paz.
Por otra parte, es necesario nombrar que otro de los riesgos del nombramiento de la senadora en el Comité y en relación con lo concerniente al segundo punto del Acuerdo, el cual plantea la participación política y la apertura democrática, es la fijación dentro de su labor en el Congreso y en la Comisión de Paz para restar importancia a quienes llegaron a este sector político en representación al partido Farc.
Para los de la comisión de paz no se le puede decir narcoterrorista a Pablo Catatumbo… “Con 41 ordenes de captura y procesado por delitos de lesa humanidad, narcotráfico, secuestro, condenas que superan los 40 años de prisión.” Roy barreras decide levantar la sesión. pic.twitter.com/ZTochpmhX8 — Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) March 13, 2019
Asimismo, en una coyuntura violenta en los territorios, donde luego de la posesión de Iván Duque y por el abandono en las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado, ha habido un rápido copamiento de otros actores armados que han venido llegando a estas zonas a disputarse el control de la economía y las dinámicas sociales, hay que señalar que se ha provocado un alarmante escenario de asesinatos selectivos a líderes y lideresas sociales que desde la firma del Acuerdo a hoy suman cerca de 409 asesinatos, según cifras Sipares.
De la mayoría de estos hay muy pocas respuestas, responsables y acciones para la mitigación de los mismos, no obstante, la opinión que le merece esta crítica situación a Paloma Valencia, según una entrevista realizada a la senadora en el portal de Hagamos Memoria, es que: “(…) Lo que sí destruye mucho el país son las afirmaciones de que hay asesinatos sistemáticos de líderes sociales, como patrocinados por el Estado, que es lo que pretenden ellos hacer ver, como que el Estado está mandando a matar líderes sociales, pero ¿con qué propósito? ¿para qué? No es cierto. Lo que hay son las violencias en un territorio donde no dejan entrar ni al Estado ni al sector privado”.
Adicionalmente, y dentro de la defensa a la protesta y manifestación social como parte elemental de la democracia, otra de las cosas que llama la atención es la legitimidad que le dio Paloma Valencia al asesinato de Dilan Cruz, en medio de las movilizaciones que se dieron en el marco del Paro Nacional, el cual se da en medio de un uso indiscriminado de la fuerza por parte el agente del ESMAD Manuel Cubillos, y que como parte de un discurso que busca impunidad a las muertos que ha dejado la Fuerza Pública, la senadora públicamente afirmó que «está demostrado que Dilan Cruz era un vándalo» y que además había provocado al ESMAD.
Todo esto pareciera configurar una afrenta generalizada hacia las víctimas en la que se está pasando por encima de los intereses de estas personas y sobre el respeto a la memoria y la verdad. Pues no parece en vano que el Gobierno haya hecho nombramientos como el de Darío Acevedo, Jorge Rodrigo Tovar y ahora el de Paloma Valencia, que como concluye León Valencia, “lo que uno ve es que va allí fundamentalmente a hacer oposición. Es más una presencia política y disociadora, que positiva, unificadora y propositiva dentro del Comité”.