Por: Laura Cano Periodista Pares
Han pasado 10 años desde el asesinato de Diego Felipe Becerra, un joven que, para ese momento, tenía 16 años y era estudiante de último grado en el Colegio Bilingüe El Bosque, de Bogotá. Junto con 3 amigos y una amiga, Diego decidió salir de su casa el 19 de agosto de 2011 para pintar grafitis al norte de Bogotá. No obstante, al llegar al puente de la 116 con Boyacá, y tras una llamada que se habría recibido en la Línea 123, por un supuesto hurto a un bus de servicio público, una patrulla de Policía que se hallaba por el sector acudió a dicho llamado. La Policía se encontró con los jóvenes y los interceptó; estos emprendieron la huida al percatarse de la presencia policial, circunstancia que hizo que un miembro de la fuerza pública bajara de su patrulla e iniciara la persecución de los artistas callejeros.
Diego Felipe Becerra Lizarazo, quien se encontraba escondido detrás de un arbusto, salió de su refugio y fue inmovilizado por el patrullero. En un momento indeterminado, cuando el joven se percató de un descuido momentáneo del uniformado, reinició su carrera para no ser atrapado. Tras esto, Diego recibió un impacto de bala por la espalda, por lo que fue conducido a la Clínica Shaio, donde falleció.
Desde ese momento, su familia emprendió una lucha para que en este caso se hiciera justicia. Sin embargo, han tenido que pasar años para que se dieran algunos pasos contundentes al respecto, como los ocurridos esta semana, cuando se conoció que habían sido condenados: el coronel Nelson Arévalo (entonces comandante de la Estación de Policía de Suba), porque habría participado en la manipulación de la escena del crimen; el teniente Rosemberg Madrid; el intendente Juan Carlos Leal; el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, condenado a 37 años de prisión por el homicidio con arma de fuego de Becerra; el abogado Héctor Hernando Ruíz; y los civiles Jorge Narváez y Nubia Mahecha.
Estas condenas se dieron por fraude procesal, falsedad de documento, ocultamiento y destrucción de material probatorio, fabricación, porte y comercialización de armas, y favorecimiento al homicidio. Además, en la audiencia en la que se conoció el fallo (y que fue aplazada en tres ocasiones desde abril pasado), se estableció que Becerra, además de ser asesinado por el patrullero Alarcón, fue víctima de un montaje con el que se intentó dañar su nombre.
Justamente, en relación con esto último, la Fiscalía comunicó este jueves, 21 de octubre, que le imputará cargos al excomandante de la Policía de Bogotá Francisco Patiño, quien habría tenido conocimiento de la manipulación y alteración de la escena del crimen.
Sobre esto, vale la pena traer a colación la información recogida por Semana respecto a la posición de la institución de la fuerza pública frente a lo ocurrido en el caso de Diego Felipe Becerra: “Según la versión oficial de la Policía, esa noche el patrullero Wilmar Alarcón había sido notificado de que varias personas habían atracado una buseta. Mientras hacía su ronda por la calle 116 con avenida Boyacá el uniformado afirmó que había visto a un grupo de jóvenes cerca a un puente que le parecieron sospechosos como posibles responsables del supuesto asalto. Dijo que tras ordenarles detenerse varios escaparon y él persiguió a uno de ellos, el joven Becerra. Según la versión policial el adolescente abrió fuego contra el patrullero, quien en defensa propia disparó en dos oportunidades e hirió mortalmente al joven. En el lugar donde cayó Becerra apareció el arma que supuestamente tenía el grafitero”.
Esta versión respecto a la escena del crimen (que hoy motiva la imputación de Patiño y de las otras personas condenadas) resultó siendo desmontada, pues la Fiscalía encontró que la escena del delito fue manipulada por recomendación de, entre otros, un abogado asesor de la Policía Nacional (Héctor Hernando Ruiz), quien esta semana también fue condenado.
Es necesario recordar que el general Patiño rindió indagatoria, el 23 de julio del 2013, ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Uno de los principales puntos de aquella diligencia estaba relacionado con la orden que el general le habría dado a la teniente Lady Perdomo para que se comunicara con Jorge Eliécer Narváez, conductor del bus de servicio público que fue asaltado el día del asesinato de Becerra, para que acusara a este de haber liderado el atraco ocurrido.
Asimismo, Patiño habría conocido y aprobado que un vehículo de la institución fuera puesto a disposición de Narváez para que el conductor fuera transportado a diferentes medios de comunicación con el propósito de que diera su versión sobre el supuesto atraco. Desde entonces los avances en el caso habían sido pocos. El día de ayer, finalmente, el fiscal General, Francisco Barbosa, en el marco de la Cumbre de Fiscales y Procuradores Generales, afirmó que el excomandante Patiño: habría “ocasionado la desviación de la investigación por falsas versiones y será imputado por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, favorecimiento y fraude procesal”.
Hay que señalar que este caso se reactivó recientemente, dando como resultado estas condenas e imputaciones, luego de que fuera recapturado Wilmer Antonio Alarcón Vargas, quien le disparó al joven. Alarcón fue condenado, en 2017, a 37 años de prisión por el asesinato del joven grafitero, sin embargo, desde 2016 y durante cinco años permaneció profugó de la justicia, hasta que en agosto de 2021 fue capturado en una vivienda del barrio Llano Lindo en Yopal, Casanare, hasta donde llegaron funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía junto a miembros del Gaula Ejército.
Ahora, con un camino judicial que parece abierto y con posibilidades de que se haga justicia y se esclarezcan los hechos, falta esperar cuáles serán las próximas acciones de la Fiscalía, así como de la defensa de las personas implicadas hasta el momento.