Otro espaldarazo del Gobierno a los bancos
Por: Laura Cano, periodista Pares.
Hay polémica por el valor que el Gobierno Nacional estaba pagando a los bancos por su operación con la entrega del Ingreso Solidario. El pasado 04 de abril el Gobierno Nacional junto al Ministerio de Hacienda publicaron el Decreto 518 de 2020, con el que se daba vía a la destinación de recursos y entrega de estos a través del Programa Ingreso Solidario, creado por medio del documento. Este, decía el decreto, tenía como objetivo principal “atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.
En este acto legislativo planteaba, entre otras cosas, que los beneficiarios del Programa no pagarían ningún tipo de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias.
Sin embargo, llama la atención que en relación con el Artículo 4 del mismo, se establece que “los costos de las transferencias serán remunerados con cargo a los recursos del FOME buscando el menor impacto fiscal posible, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá intervenir las tarifas de los productos de las entidades financieras, sistemas de pago y operadores móviles que participen en la dispersión de los recursos”.
En este punto es necesario nombrar que el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) también se crea en medio de la crisis acentuada por el Covid-19 a través del Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, con el fin de disponer recursos para la atención en salud y los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de establecer rutas que permitan la estabilidad económica de los diversos sectores para así poder mitigar los impactos del decrecimiento laboral y económico.
Estos recursos, como se afirma en el legislativo, provienen principalmente de préstamos y dinero del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), Fondos de Pensiones Territoriales (FONPET), el Presupuesto General de la Nación y los rendimientos financieros generados por la administración de los recursos.
En río revuelto
Recientemente el senador Efraín Cepeda y La W informaron acerca del valor que el Gobierno Nacional estaba pagando a los bancos por su operación con la entrega del Ingreso Solidario, el cual es de $160.000 y pretendería impactar cerca de 3 millones de familias que están en estado de vulnerabilidad. Este subsidio ha sido entregado durante abril y mayo, y se ha anunciado una tercera transferencia en junio.
De esta forma, según lo comunicado por el congresista y el medio de comunicación, por cada transacción se cobran $2.100, tarifa que no está siendo cobrada directamente a los beneficiarios del programa, dados los lineamientos de este, pero sí hay una recaudación, que, aunque se había establecido su posibilidad en el Decreto 518 y su forma de financiación, no se había determinado o informado públicamente su monto.
Ahora, se conoce, según lo informado por Asobancaria y de acuerdo la Resolución 975, las tarifas dependen de los niveles de bancarización de la población que hace parte del programa; $1.000 (bancarizados), $1.900 (no bancarizados, pero con la posibilidad de hacer de forma virtual), $.2300 (no bancarizados y que requieran procesos de forma presencial).
Así, a los bancos se están yendo alrededor de $6.000 millones, los cuales salen del FOME, el fondo que debería centrar sus objetivos en la atención de la gente que, más de dos meses después de iniciado el aislamiento preventivo obligatorio, continúa exigiendo que lleguen ayudas que realmente atienda de forma efectiva a esta población. Llamado al que también se suma una nueva identificación de la población vulnerable, teniendo en cuenta las condiciones sociales y económicas que han resultado con el Covid-19, por ejemplo, el incremento en la pérdida de empleos.
No obstante, este valor está llegando a las cuentas de las entidades bancarias: Av Villas, Bancolombia, Bancamía, Davivienda, Caja Social y Movii. Esto luego que el Ministerio de Hacienda firmara un total de 07 contratos bajo la modalidad de prestación de servicios con el objeto de realizar “la apertura de bajo monto a través de medios virtuales o digitales, sin presencia física, y transfiriendo a estos depósitos de bajo monto los recursos de la transferencia monetaria no condicionada”.
Tras esto quedan varios cuestionamientos, pues si bien, la coyuntura ha hecho más evidente las problemáticas por las que pasa el país, y que son uno de los resultados del sistema económico y político que nos rige y que históricamente ha beneficiado a los bancos por encima de los intereses y el bien común, vale la pena preguntarse.
¿Si con las ganancias que los bancos tienen, gracias a esas mismas dinámicas que los ha favorecido, no bastaba, haciendo frente a lo ‘solidario’ del asunto, asumir este gasto, que además, hace parte de su actividad principal? Resaltando, que esto también les trajo otra ventaja que fue la bancarización de nuevas personas.
“Así no es sector bancario, pensando solo en el bolsillo propio, sin pensar en el dolor de la gente, en el dolor de los colombianos que hoy que la mayoría tienen hambre”, aseveró Efraín Cepeda a través de su cuenta de Twitter.
Por otro lado, cabe señalar que dentro de los documentos legislativos se afirma que el Ministerio de Hacienda está facultado para negociar con los bancos el monto que se pagará por las transferencias.
Además, tanto el sector bancario como el estatal han argumentado que estos cobros también se han hecho en la entrega de los recursos de otros programas como Jóvenes en Acción y Familias en Acción, donde incluso esa tarifa llega a los $6000 por transacción.
Sin embargo, al cuestionamiento nombrado anteriormente, también se podría agregar ¿si dentro de las responsabilidades de los sectores más ricos no está asumir parte de las pérdidas que ha dejado la pandemia?, igualmente, ¿si el Gobierno Nacional no debería hacer esfuerzos para que la totalidad de los recursos previstos para la atención de la pandemia vayan hacia los sectores y personas más afectadas?