Por: Redacción Pares
En investigación realizada por Ariel Ávila, subdirector de Pares, una niña indígena de 15 años y perteneciente a la comunidad indígena Nukak Makú, habría sido secuestrada y abusada sexualmente el 8 de septiembre de 2019 por un grupo de militares del Batallón Joaquín París. Los hechos habrían sucedido en la región del Guaviare. La niña se reportó como desaparecida el 8 de septiembre de 2019 y apareció el 13 de septiembre, luego de que la niña pudiera escapar de su secuestro. Fue valorada días después y la menor contó cómo habría sido abusada repetidamente en ese lapso de tiempo, especialmente por dos militares, al interior de las instalaciones de ese Batallón.
El proceso de investigación actualmente reposa en la Fiscalía 2 de San José del Guaviare, y al parecer, la niña allí sufrió revictimización por parte de esta autoridad, con graves afectaciones psicológicas. La comunidad, por su parte, exige justicia y verdad.
La denuncia
Según el periodista e investigador Ariel Ávila, por las condiciones de lo que relató la menor podría ser considerado un caso de esclavitud sexual, ya que al parecer la niña fue encerrada y abusada sexualmente durante varios días en el interior del campamento militar hasta que la menor pudo escapar y denunciar los crímenes de los que fue víctima. Los hechos habrían ocurrido en un lugar que está a tres horas de la cabecera municipal de San José del Guaviare, cercana al corregimiento de Charras.
Al parecer, las autoridades y el Ejército tenían conocimiento del caso cuando ocurrieron los hechos y no tomaron las acciones correspondientes. En un principio, las autoridades recibieron oportunamente la información por parte de la comunidad y la menor, pero luego la denuncia quedó archivada y al parecer la Fiscalía del Guaviare no investigó con profundidad este grave suceso, según denunció Ariel Ávila a través de Revista Semana y Semana TV.
Hay siete informes que darían cuenta del secuestro y la violación de la niña. «Este podría ser considerado un caso de esclavitud sexual. Hemos podido documentar este caso, pero pudimos conocer que al menos habría otras cuatro niñas que también sufrieron ese crimen. Es aterrador el caso, pero también es aterrador comprobar que los soldados que al parecer cometieron este crimen, no recibieron ningún castigo. Los soldados responsables fueron retirados de la zona y hoy, al parecer, se encuentran en sus casas. señaló Ávila.
En un primer informe conseguido por Ávila, la Defensoría del Pueblo habría tenido conocimiento del hecho. Allí se señala cómo la menor habría sido secuestrada y llevada al campamento del Ejército en ese sector de El Guaviare donde habrían ocurrido los abusos. La Policía y el Ejército fueron informados de estos hechos. La Procuraduría también había sido informada de estos graves y dolorosos acontecimientos denunciados por Ávila.
La Procuraduría incluso, abrió una investigación sobre este caso y en un oficio de respuesta a Alberto Brunori, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, da detalles del testimonio que rindió la menor de edad. Según el relato, se lee en el oficio:
“De alguna manera la entraron al batallón. Allí la llevaron a un cuarto donde la encerraron. Ahí dentro dos soldados accedieron a ella el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes por la mañana ella se logró escapar.»
El Ejército Nacional, a través de un comunicado difundido como respuesta frente a la denuncia de Ariel Ávila sobre estos hechos que significan una grave denuncia, indica lo siguiente: «(…) una vez se tuvo conocimiento del mismo, el Batallón de Infantería No 19 Joaquín París inició de inmediato la indagación disciplinaria (…) la cual fue verificada por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos del presente año. (…) Ahora bien, en cuanto a la investigación penal los hechos son conocidos por la Fiscalía 02 Local de San José del Guaviare.»
Imagen cortesía de Semana TV.
El escándalo de la niña Embera
Recientemente la Autoridad Tradicional de Pueblo Rico, Risaralda, denunció que el pasado 21 de junio una menor de 12 años perteneciente a la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio había sido secuestrada y abusada sexualmente por siete (7) miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Alta Montaña de Génova (Quindío) y que prestaban labores de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo (Risaralda), quienes se encontraban en la zona como parte del servicio que debían prestar a los habitantes del territorio durante la pandemia.
Con esto vale la pena mencionar que, según cifras informadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto y el Centro Nacional de Memoria Histórica, con corte del 20 de septiembre de 2017 y en el marco del conflicto armado, se registraron, al menos, 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, de este total el 91,6% son niñas, adolescentes y mujeres adultas. Asimismo, sobre estos hechos se identificó que los paramilitares han sido responsables de 4.837 casos (32,2%), las guerrillas de 4.722 (31,5%), los Agentes del Estado de 206, los GAPD de 950, además de los más de 15 mil hechos en 3.973 no se han establecido los responsables.
El hecho fue rechazado por muchos sectores, incluso, pocas horas después de conocerse lo ocurrido desde el Gobierno Nacional se le ordenó al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, que se trasladara hasta el lugar de los hechos para que estableciera diálogo con el gobernador del cabildo, Juan de Dios Queragama. Además, desde la dirección del ICBF se decidió activar la ruta de atención de restablecimiento de derechos de la menor.
Otros casos de abuso por parte de soldados
En septiembre de 2019 Maritza Soto relató el acoso laboral y sexual del que había sido víctima por parte tres miembros de la Institución; su superior, un coronel y un comandante de una Fuerza de Despliegue Rápido. A esto se sumaron cuatro denuncias contra José Zabala, también por las mismas clases de violencia.
En junio de 2019 se informó que en enero de 2006 el militar Nicacio Martínez Espinel agredió física y sexualmente de Irene López y Ligia Cambar Ramírez. En 2018 se conoció que en 2010 el militar Raúl Muñoz, que paga una condena de 60 años, abusó sexualmente de una menor en Tame, Arauca. En este mismo municipio en 2019 una mujer en condición de discapacidad fue agredida sexualmente por un miembro de la Institución.
En 2017 un soldado denunció al sargento Dixon Velásquez por abuso sexual, además alertó que fue sobornado para que guardara silencio. En ese mismo año en Fuente Oro, Meta, una menor de cuatro meses fue abusada sexualmente por un soldado. En 2007 un joven que prestaba su servicio militar acusó a cuatro de sus compañeros también por abuso sexual.
Ahora a estos casos se suman el de la menor de la comunidad Gito Dokabu– Embera Katio, y el de la niña Nukak Makú en El Guaviare, hechos que también se agrega a los casi 20.000 procesos activos que lleva la Fiscalía por delito sexual contra menores. Ya hay reportados 6.400 casos de presunto delito sexual ocurridos en lo corrido del año, según lo informado por Medicina Legal. Y se espera que no se agregue al 97% de impunidad que actualmente tienen los actos violentos contra niñas y niños, conocido a partir de lo informado por la Alianza por la Niñez Colombiana.