Por: Laura Cano
Aunque se veía venir y se insistía en ello desde su captura el pasado 23 de octubre, ahora sí tiene luz verde la solicitud de extradición de Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como “Otoniel”, exjefe del Clan del Golfo y uno de los hombres con el prontuario criminal más grande, quien tenía un dosier lleno de desplazamientos forzados, asesinatos, masacres, violencia sexual y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Tenía circular roja de la Interpol, más de un centenar de órdenes de captura en Colombia, y se encontraba en la lista de las personas más buscadas por la DEA.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló sin condicionamientos especiales la extradición a Estados Unidos, país que solicitaba a “Otoniel” por los delitos de tráfico de narcóticos, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Esto se había hecho mediante una acusación el pasado 2 de noviembre de 2021 enviada por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, así como una por la Corte para el Distrito Este de Nueva York, expedida el 23 de octubre de 2015 por el delito de participar en una empresa criminal y en delitos de narcóticos.
Hay que recordar que la extradición de “Otoniel” ya tenía el visto bueno tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como del Ministerio de Justicia. Más exactamente, desde la justicia de Estados Unidos la investigación sobre “Otoniel” indica que desde 2002, hasta el año de su captura en Colombia, 2021, el implicado envió cocaína a México y otros países de Centroamericana para llegar al mercado de Estados Unidos; esto, a través de un red criminal que incluía personas de Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México. Mientras, en Colombia lo acusan de haber participado en asesinatos, agresiones, secuestros y atentados, tanto a mano propia como por medio de contratación a terceros.
“Otoniel”, desde su captura, había intentado reversar la decisión de su extradición. A inicios de marzo, su defensa solicitó que se le aplicara la garantía de no extradición que contempló el acuerdo de paz, alegando que fue colaborador de las Farc. Cabe precisar que “Otoniel” pidió igualmente a la JEP la garantía de no extradición y pidió acogerse a la justicia especial como tercero civil.
Sin embargo, hay que traer a colación que el pasado 25 de marzo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento de Úsuga, pues determinó que las pruebas no fueron suficientes para acreditarlo como tercero colaborador. A pesar de esto, hay que decir que “Otoniel” había asistido al tribunal de la paz a hablar sobre alianzas de grupos paramilitares con terceros, así como del conflicto armado en el Urabá y sobre los falsos positivos en Casanare y los Llanos Orientales, y la relación de esto con comandantes de distintos batallones del Ejército Nacional. Asimismo, Úsuga también asistió a la Comisión de la Verdad en donde habló con varios comisionados sobre su responsabilidad y lo que conocía en ocasión al conflicto armado.
Hay que decir que estas acciones de “Otoniel” estuvieron rodeadas de irregularidades. En una de sus últimas acciones en la JEP, el pasado 21 de marzo se conoció que en la audiencia en la que se esperaba que alias “Otoniel” declarara en el marco del macrocaso 04, sobre la situación de violencia en el Urabá, se presentó una interrupción por parte de miembros uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), de la Policía. Dichos integrantes de la fuerza pública habían solicitado estar presentes y además se negaron a dejar cerrada la puerta del recinto, requisito necesario para proteger la reserva del testimonio que ‘Otoniel’ entregaría.
Pero esa no fue la primera vez, el pasado 09 de marzo la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP canceló una audiencia en la que se esperaba que el implicado hablara sobre los falsos positivos en Casanare y los Llanos Orientales y diera información sobre la participación en estos hechos de los entonces comandantes de la Brigada XVI del Ejército en Casanare, los generales Leonardo Barrera y Henry Torres Escalante. Sin embargo, cuatro policías no salieron de la sala, argumentando que por temas de seguridad no lo podían hacer, incluso cuando se les advirtió que su presencia vulneraba la confidencialidad de la diligencia.
A mediados de febrero otra audiencia de “Otoniel” fue cancelada, pero en esa ocasión era ante la Comisión de la Verdad, organismo ante el que también está dando sus versiones como actor del conflicto armado. En ese momento, la Policía Nacional fue la que tomó la decisión alegando que había una sospecha de un supuesto intento de fuga. "Fuentes humanas e información de inteligencia recolectada (...) han advertido con solidez acerca de los planes del Clan del Golfo, el grupo que lideraba 'Otoniel', "para propiciar su liberación, por lo que tomó esa decisión”, se aseveraba. Adicionalmente, el 19 de febrero la Comisión de la Verdad denunció que personas sin identificar habían ingresado a la vivienda de Eduardo Andrés Celis Rodríguez, investigador de la Comisión, robando dos grabadoras y un computador. El hecho sucedió tras una entrevista con alias “Otoniel”.
Ahora bien, respecto a la reciente decisión hay que decir que queda en manos del Gobierno colombiano para que firme el documento que autoriza la extradición del máximo jefe del Clan del Golfo. Asimismo, vale la pena señalar que respecto a muchas solicitudes de víctimas del conflicto en Colombia para que “Otoniel” no fuera extraditado, la Corte Suprema puntualizó que “La Sala no desconoce el derecho que tienen las víctimas de los múltiples delitos cometidos por Dairo Antonio Úsuga en el territorio nacional a conocer la verdad, a que se haga justicia y a ser reparados de manera efectiva. Sin embargo, la Corte no puede dejar de considerar la actitud renuente, contumaz y de desprecio absoluto que, en el pasado, ha asumido el requerido frente a las víctimas y el sistema de justicia nacional”.
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Faltará ver qué pasa una vez ‘Otoniel’ sea extraditado, si en efecto el compromiso de verdad con las víctimas permanecerá, y si se dan las garantías por parte de las instituciones de que Otonie pueda aportar de lo que sabe sobre el conflicto en el esclarecimiento del mismo. Esto, partiendo de la oposición que parecieran estar haciendo algunos sectores para que se conozcan la participación de terceros en los hechos violentos que han marcado el país, oposición que ha quedado demostrada en los altercados que han sufrido los anteriores intentos de declaración de úsuga tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad. Se esperaría que esta extradición no sea una barrera para la verdad.