Por: Sergio Saavedra. Redacción Pares.
Sobre las desapariciones forzadas de la Comuna 13 de Medellín, la JEP dio a conocer dos grandes cosas: por un lado reveló que hay posiblemente 435 posibles víctimas de desaparición forzada —entre 1978 y 2016— de las que 126 personas habrían sido desaparecidas entre el segundo semestre de 2002 y primer semestre de 2003, tiempo en que se llevó a cabo ‘La operación Orión’.
Por otro lado, la JEP —por medio del auto 091— pidió a la alcaldía de Medellín, el Dane y la Fiscalía entregar información sobre información de 108 casos de desaparición forzada de la Comuna 13, en un término de 10 días hábiles. Esto debido a que de los 435 caso la Jurisdicción Especial cuenta con 327 casos con información completa o avanzada, a los 108 restantes se requiere de esta información solicitada a la institucionalidad.
Tal como señalo el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), las respuestas siguen siendo insuficientes o nulas, pues la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Personería de Medellín y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, después de un año no han suministrado la información en los plazos establecidos por la JEP, faltando a los derechos de las víctimas y el pleno desarrollo de la justicia transicional.”
La lucha de las víctimas por la verdad
Cabe recordar que e pasado 29 de agosto de 2018, nueve (9) peticionarios —dos (2) representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete (7) familiares de desaparecidos— le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales «se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado».
Asimismo, en la Comuna 13, o sus alrededores, hay lugares de inhumación no reportados (o no inventariados), en los que se presume hay cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Y, a la vez, determinar si existen otros posibles lugares de inhumación donde haya víctimas de desaparición forzada relacionadas con los mismos hechos y contextos. Tras la audiencia de desaparición, se solicitó a la institucionalidad la entrega de información.
“Las víctimas están sometidas a la lentitud planificada y que obedece a la estrategia de la impunidad. Hay unos intereses muy grandes que se mueven en la Comuna 13 y lo que nosotros hemos evidenciado es que no hay un compromiso. Esta impunidad estructural busca deslegitimar lo que ha ocurrido en el territorio, ha buscado ponerle un manto de duda en la versión de las víctimas, en la versión de las organizaciones de Derechos Humanos.”
Las anteriores palabras son de Adriana Arboleda, quien hace parte de Corporación jurídica libertad y es vocera del Movice, quien agregó: “Están, además, incumpliendo el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una negligencia que obedece al negacionismo y la impunidad que pretenden en la Comuna 13.”
La Operación Orión, una cicatriz en la Comuna 13
Vale la pena recordar que la mañana del 16 de octubre de 2002 cerca de 2000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la Policía, el CTI y las ‘Fuerzas Especiales Antiterroristas’ se tomaron la comuna 13 de la ‘ciudad de la eterna primavera’ con armas, helicópteros y tanquetas.
Según el CNMH, esta intervención militar en el territorio urbano dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, desplazados, heridos, muertos y desaparecidos.
Por ese entonces, Álvaro Uribe Vélez estaba recién llegado a la casa de Nariño después de ser nombrado presidente Colombia (2002-2010) con la bandera de seguridad democrática y la hoy vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez quien oficiaba como ministra de Defensa. El alcalde de Medellín era Luis Emilio Pérez Gutiérrez, exgobernador de Antioquia, y el gobernador del departamento era Eugenio Prieto Soto; quien fue nombrado después del asesinato de Guillermo Gaviria Correa.
Aquél miércoles 16 de octubre, la toma de la comuna 13 de la ‘capital de la montaña’ fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la IV Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendió a lo largo del mes de noviembre y diciembre. Hoy, Montoya comparece ante la JEP.
Durante la operación, la población fue testigo del fuego cruzado y, ante la arremetida de fuerza pública y paramilitares, los habitantes salieron con pañuelos y sábanas blancas como símbolo de paz; pero el fuego como ‘la horrible noche’ no cesó.
Pares: ¿Cómo toman la determinación de la JEP?
Adriana Arboleda (A.A.): La JEP, además de insistir en la entrega de información, resalta que no tiene sentido que un año después de la audiencia todavía existan instituciones que sigan sin entregar esa información. Nos parece muy acertado y muy importante que la JEP les insista en el compromiso que tienen de brindar esta información como parte del cumplimiento de los derechos a las víctimas.
Por otra parte, encontramos muy importante que la JEP, mediante la Sección de Ausencia de Reconocimiento, nos haya dado la razón en lo que nosotros hemos venido insistiendo. El tema de la desaparición forzada en la Comuna 13 es sistemática, ha sido generalizada; por lo tanto contituye una grave violación a los Derechos Humanos.
La JEP, a su vez, señala, en el auto 97, que de los 435 casos que ellos han documentado, ellos han establecido que los picos más altos se dieron en el lapso de un años: entre 2002 y 2003. Justamente, la época que coincide con las operaciones militares y con el posicionamiento paramilitar. Un alto porcentaje de esas víctimas, al menos 130 fueron cometidas entre el segundo semestre de 2002 y el primer semestre de 2003.
Pares: ¿Cuál es el llamado para las instituciones a las que la JEP solicita información?
A.A.: El mensaje es que debe existir una verdadera voluntad política y judicial para avanzar en el esclarecimiento de los casos. Las organizaciones de Derechos Humanos, empezamos a denunciar los casos de desaparición forzada desde el mismo momento en que se llevó a cabo la Operación Orión. Esa semana del 16 de octubre nosotros pusimos en conocimiento al menos cuatro desapariciones forzadas. Son ya casi 18 años.
Durante todo este tiempo hemos participando en mesas con Procuraduría, con Defensoría, con la Alcaldía de Medellín de esa época; para denunciar los casos que registrábamos de desaparición forzada. Con eso que dijimos, no pasó nada realmente. No existió ninguna acción de prevención, ni de investigación de los hechos, ni de esclarecimiento de los hechos. Es solo hasta ahora, que empiezan a esclarecerse los hechos porque la JEP está cumpliéndo con su papel, lo cual nosotros valoramos. Agradecemos que la JEP haya atendido nuestra petición y que haya abierto dichas medidas cautelares.
Ahora bien, es completamente inaceptable, al día de hoy, tenga que ser la JEP sea la que tenga que insistir a la institucionalidad que deben cumplir con el compromiso. Entre otras cosas, porque estamos hablando de un compromiso mínimo. No se están pidiendo avances en las investigaciones, sino que pasen la información que tienen en sus bases de datos. Si no la tienen, pues notifiquen esa situación.
Estamos hablando de una solicitud hecha por la JEP en julio del año pasado, entre el 17 y 18 de dicho mes. Seguramente, lo que está pasando es que no tienen la información, pero deben reconocerle a las víctimas, reconocerle a la JEP y a la sociedad que ni siquiera, al día de hoy, tienen consolidadas bases de datos del número de víctimas de las denuncias que han recibido. Estamos hablando de 435 víctimas, una cifra escalofriante, solo en una comuna de Medellín.
Pares ¿Esto se denomina como una acción de negligencia y revictimización por parte de la institucionalidad hacia las víctimas?
A.A.: La actuación de la institucionalidad en este país en el tema de Derechos Humanos, es realmente indolente. Por ejemplo, la ley 1448 ha sido ineficaz en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. En el caso concreto de la Comuna 13, no sólo tenemos una sistematicidad en el desaparecimiento forzado, sino también a otros tipos de victimización que han sido poco exploradas. Por ejemplo, el desplazamiento forzado, que se sigue perpetrando hoy por hoy.
Otro caso, por ejemplo, son las detenciones arbitrarias, en el marco de las operaciones militares. En ellas muchas personas son retenidas durante mucho tiempo e incluso años en la cárcel para que después resuelvan decir que no habían pruebas en su contra. En la Operación Orión, fueron más de 400 personas privadas de la libertad.
Con esta decisión de la JEP hay que resaltar que es una muestra de que la institucionalidad no ha actuado en beneficio de los derechos de las víctimas. Cuando se niegan a entregar la información, cuando niegan una actitud de compromiso con el esclarecimiento de la verdad lo que hacen es, justamente, revictimizar.