Por: Redacción Pares
La relatora especial de ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, su colega experta en ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, y el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, han condenado este jueves “en los términos más enérgicos” el ataque contra la comunidad Nasa perpetrado el 29 de octubre en el departamento colombiano del Cauca.
La gobernadora Cristina Bautista Taquinas y cuatro integrantes de la Guardia Indígena desarmados murieron el martes a manos de grupos armados ilegales. Otros cinco miembros de la comunidad Nasa resultaron heridos en el ataque, que tuvo lugar en la aldea de La Luz, en el resguardo (tierras comunales indígenas) de Tacueyó.
En una declaración conjunta, los expertos* de la ONU expresaron su profundo dolor y solidaridad a las familias de los asesinados y heridos, y al pueblo Nasa.
«Este no es un evento aislado. Las comunidades y pueblos indígenas del Cauca están sufriendo una violencia incesante e inaceptable. La situación está empeorando a pesar de los repetidos llamamientos para abordarla. Instamos al Gobierno a que adopte medidas urgentes, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, para poner fin a estos mortíferos ataques», señalan los relatores en una declaración conjunta.
Cincuenta y seis personas han sido asesinadas en lo que va de año en territorios indígenas de la zona, según la Asociación de Consejos Indígenas del Norte del Cauca, frente a 46 asesinatos en todo el 2018. Entre los muertos se encuentran miembros de la comunidad, autoridades y miembros de la Guardia Indígena.
Los expertos aseguraron que «las autoridades colombianas, incluida la Fiscalía General de la Nación, deben hacer todo lo necesario para llevar a los asesinos ante la justicia”. Además, consideran que “el presidente y el Gobierno también deben adoptar las medidas apropiadas para poner fin a la situación insostenible de violaciones de los derechos humanos fundamentales que sufre el pueblo Nasa”.
La autoridad Neehwesx de Tacueyó, y asesinada esta semana, Cristina Bautista, indicaba “A todos los defensores de derechos humanos invitarlos a que se unan a esta causa… no es una problemática solo de los pueblos indígenas, está pasando con las comunidades afro, está pasando con los campesinos; y hemos dicho, si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también, entonces hablamos…hay un panfleto que dice que nadie ande con los símbolos de nuestras organizaciones y como movimiento indígena… ahora vamos a hacerlo y con mayor fuerza”.
Una relación rota con el Cauca
Cabe recordar que el presidente Iván Duque, para el mes de abril de este año—después de un mes de Minga Indígena, fue al municipio de Mondomo para hablar sobre el acuerdo alcanzado entre las comunidades indígenas que adelantaban la movilización y la delegación del Gobierno Nacional, conformada por la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos y la directora de Planeación Nacional, Gloria Amparo Alonso.
Sin embargo, Duque se retiró del lugar frente a la exigencia de las comunidades de que la reunión se diera en la plaza principal del municipio. Este suceso, en su momento, advertía un dialogo roto entre las comunidades indígenas del Cauca y el Gobierno Nacional.
En este sentido, los siete (7) meses que trascurrieron después de su fugaz vista —en la que el mismo Duque expresó que cumplió ante el pedido de las comunidades—; demostraron que, efectivamente, la situación no fue atendida por el presidente de la República. La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, aseguró que en lo que va corrido del presente gobierno del presidente Iván Duque, han sido asesinados 121 indígenas en todo el territorio nacional, siendo el departamento del Cauca, la zona con mayor riesgo para estas comunidades.
“Asesinar a un indígena es asesinar la paz y la esperanza de construir una sociedad más justa y equitativa, por eso hacemos un llamado a ayudar, acompañar y detener el derramamiento de sangre que hoy enluta el espíritu indígena nacional”, afirmó en un comunicado la Onic.
Ahora, tal como lo evidencia en el Sistema de Información de PARES -SIPARES —justamente— los municipios que más han registrado hechos victimizantes son Caloto, Corinto y Balboa. Además, en más del 80% de los asesinatos en el Cauca no se ha podido determinar su autor material. La vida, la paz y la seguridad de las comunidades indígenas del Cauca deben estar garantizadas por las autoridades colombianas, afirma la Organización de las Naciones Unidas en su comunicado.