Por: Línea de Investigación Paz, Posconflicto y Derechos Humanos
El 13 de abril en el río Satinga, muy cerca de la vereda Chocho, municipio de Olaya Herrera, Nariño, se presentó un fuerte enfrentamiento entre los grupos armados PostFarc (GAPF) o disidencias de la Segunda Marquetalia y el Frente 30 Franco Benavides del Comando Coordinador de Occidente, CCO, vinculado a grupo de Gentil Duarte. En esta zona cuentan que, como producto de los enfrentamientos, hay muchos heridos de los dos bandos. Hay que mencionar, que Olaya Herrera es uno de los varios territorios en disputa de la costa pacífica nariñense, como lo son también El Charco, Magui Payan y Barbacoas.
Según pobladores de la zona, el enfrentamiento más fuerte se presentó en las veredas Merizalde y la Caña del río Satinga, pero las detonaciones y ráfagas se escuchaban hasta las veredas Merizalde Porvenir, Alto Merizalde, Bajo Merizalde, Palma de Coco, Alto San Antonio, entre otras. Los habitantes de estas veredas, que en su mayoría son comunidades negras, en medio del miedo y el terror decidieron desplazarse a la cabecera municipal para cuidar su integridad, esto dio como resultado que 800 familias provenientes de esta zona rural hayan arribado al casco urbano de Olaya Herrera, convirtiendo este hecho en una nueva crisis humanitaria en el Pacifico Nariñense.
La Alcaldía de Olaya Herrera se encuentra al límite de su capacidad para atender este nuevo desplazamiento masivo. Un funcionario, que pidió no ser identificado, afirmó que “el municipio de Olaya Herrera se encuentra acorralado por la presencia de grupos PostFarc” y que, según varias informaciones, son los marquetalianos quienes han ido avanzando y acorralando al frente 30 Franco Benavides del CCO.
Las confrontaciones entre estos dos grupos armados postFarc (GAPF) o disidencias en el último mes, son una muestra de que en los municipios de la Costa Pacífica Nariñense como el Charco y Barbacoas, se está en un proceso acelerado de reconfiguración armada por el control territorial en la zona, situación que está teniendo un alto costo humanitario ante la mirada pasiva del Estado.
Los desplazamientos forzados masivos, como el que ahora se presenta en Olaya Herrera, pone a prueba una vez más el sistema de atención estatal para las víctimas, pues las respuestas siguen siendo lentas y sin enfoque diferencial étnico, lo que deriva en que los municipios deban lidiar con este tipo de crisis humanitarias, cuando son limitados los recursos con los que cuentan. Desde varios movimientos sociales y de víctimas se ha venido exigiendo al Estado y a los gobiernos departamentales y nacionales, asumir con mayor diligencia y pertinencia estas situaciones. Desde Pares se hace un llamado para que los escuchen.