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  • Foto del escritorLaura Natali Cano Murillo

Ojo: en las circunscripciones especiales de paz también hay candidatos cuestionados

Por: Laura Cano

Periodista Pares


Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación se ha hecho un constante seguimiento al panorama electoral y las particularidades que han marcado la contienda que está a un mes de darse. Una de esas particularidades es la inclusión de las curules especiales para la paz, las cuales fueron creadas con la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Hay que recordar que debían entrar en vigencia en las elecciones del 2018. Sin embargo, estas se vieron afectadas ante un estancamiento legislativo-jurídico que no permitió que se eligieran en ese periodo, sino hasta el que se aproxima. Esto, luego de que el 21 de mayo del año pasado la Corte Constitucional las reviviera, permitiendo que entraran en vigencia para 2022-2026 y 2026-2030.


Sin embargo, y a pesar de que las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) tienen por objetivo aumentar la representación política de las zonas más afectadas por el conflicto armado, estas no han sido ajenas a los cuestionamientos a sus candidatos. Por eso, desde Pares pusimos la lupa a quienes van por una de estas curules, pero están cuestionados o inhabilitados.


Antes de esto, hay que aclarar que además de lo expresado en el artículo 179 de la Constitución Política, hay cuatro inhabilidades que han sido rastreadas por Pares:


  1. Haber sido candidato/a elegido o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica en los últimos cinco (5) años.

  2. Haber sido candidato/a elegido o no a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos por un partido cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a la elección que hayan perdido la personería jurídica.

  3. Quienes durante el último año hayan hecho parte de las direcciones de partidos o movimientos políticos, con representación en el Congreso de la República, con personería jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción.

  4. Los miembros de grupos armados al margen de la ley que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y/o se hayan desmovilizado de manera individual, en los últimos (20) veinte años.


Mientras que los cuestionamientos están relacionados con hechos de Investigaciones judiciales, disciplinarias o fiscales, presuntos hechos de corrupción, apoyos de clanes políticos, casas políticas cuestionadas o barones/baronesas electorales y presuntos nexos con grupos armados.


Así las cosas, según el seguimiento de Pares y el más reciente informe de la Línea de Democracia y Gobernabilidad, se logró establecer que de los 401 aspirantes a ocupar una de las 16 curules de paz, 22 candidaturas cuentan con cuestionamientos o inhabilidades para acceder plenamente a la curul, en caso de ganarla.




Hay que traer a colación que las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz están distribuidas en municipios del departamento del Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Tolima, Córdoba y Cesar. Justamente, en este último departamento, que hace parte de la Circunscripción 12, se concentra la mayor cantidad de candidatos cuestionados.


Como expone el informe, Cesar “se ha caracterizado por estar cooptado por el Clan Gnecco e históricamente, desde su nacimiento, el poder político de este territorio ha pasado entre familias tradicionales como los Castro, los Ovalle y los Ochoa. De esta dinámica no parece estar exenta la circunscripción, en la que se encuentran compitiendo candidatos apoyados o pertenecientes a clanes o casas políticas tradicionales”.


Por eso, le ponemos el ojo a los candidatos de esta circunscripción, que más exactamente incluye a los siguientes municipios del departamento del Cesar: Agustín Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, Pueblo Bello y Valledupar. Municipios de La Guajira: Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar. Y los siguientes municipios del Magdalena: Aracataca, Santa Marta, Ciénaga y Fundación.


1. Adamilis María Ramos Valdés


Se conoce poco de su perfil. En 2019 aspiró al Concejo de Valledupar y para el 2022 es candidata por la Fundación Afrodescendiente Gente Activa, de Cesar.


Inhabilidad: En 2019 fue candidata a las elecciones del Concejo de Valledupar, avalada por el partido Colombia Renaciente, ocasión en la que consiguió 97 votos. Según las inhabilidades establecidas, Ramos estaría inhabilitada para estas elecciones al no superar los cinco (5) años previos a la inscripción. Elvia Cristina Jiménez García Es candidata por la Asociación de Víctimas del Cesar, Asovice, de Cesar. Inhabilidad: Elvia entra dentro de la inhabilidad que establece que quienes durante el último año hayan hecho parte de las direcciones de partidos o movimientos políticos, con representación en el Congreso de la República, con personería jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción no podrán ser candidatos. Esto es así, toda


2. Elvia Cristina Jiménez García


Es candidata por la Asociación de Víctimas del Cesar, Asovice, de Cesar.


Inhabilidad: Elvia entra dentro de la inhabilidad que establece que quienes durante el último año hayan hecho parte de las direcciones de partidos o movimientos políticos, con representación en el Congreso de la República, con personería jurídica o cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción no podrán ser candidatos. Esto es así, toda vez que el Partido Liberal, mediante la resolución 6092 del 2020, declaró a Jiménez García como miembro del directorio del municipio de Valledupar, Cesar.


3. Pedro Norberto Castro Araujo


Es abogado y en 1991 estuvo secuestrado 10 meses por el frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Fue cónsul en Italia durante el gobierno de Álvaro Uribe, lo que se ha visto con una cercanía al partido del expresidente, el Centro Democrático. Eso llevó a que en 2013 sonara para ser candidato al Senado. por este partido. Para el 2015, aspiró a la alcaldía de Valledupar, intentando conseguir el aval del Centro Democrático, pero decidió lanzarse por firmas por el movimiento independiente Energía Vallenata, sin lograr quedar en el cargo. En 2017 volvió a intentar conseguir el aval del Centro Democrático para aspirar al Senado, pero no lo logró. Para el 2019 fue elegido como veedor del Centro Democrático en el Cesar, para vigilar el proceso de elección de candidatos a las alcaldías y la gobernación del departamento. Actualmente es candidato por la Fundación por un Vivir Mejor, Funvimejor, de Cesar.


Cuestionamiento: es heredero de la casa política cuestionada de los Castro, en el Cesar. Es hijo de José Guillermo Castro Castro, conocido como el “Pepe” Castro, quien fue concejal y alcalde de Valledupar, gobernador del Cesar, representante a la Cámara por un periodo y senador por otros cuatro períodos. La influencia de “Pepe” Castro llevó a que uno de sus hijos, Guillermo Castro, hermano de Pedro Castro, fuera nombrado reemplazo del senador Luis Eduardo Vives en el 2000, y gobernador del Cesar en el 2003, en reemplazo del destituido Rafael Bolaños. Pese a los intentos ya mencionados de Pedro Castro para ingresar a la política, que contaban con el apoyo de su padre, esta casa política fue perdiendo terreno en el Cesar ante el crecimiento político del Clan Gnecco.


Además, una de sus hermanas, María Teresa Castro, tuvo unión con la familia Araújo, otra familia política tradicional del Cesar, entre los que se encuentran Álvaro Araújo Castro, condenado por parapolítica, Sergio Araújo Castro, quien militó también en el Centro Democrático y quiso aspirar a la alcaldía de Valledupar, y María Consuelo Araújo Castro.


Sin embargo, la familia Castro reapareció con el espacio que se ha abierto con José “Mello” Castro, quien fue concejal de Valledupar por el Partido de la U, en el período (2012-2015), diputado de la asamblea departamental de Cesar por el mismo partido (2016-2019) y actual alcalde de Valledupar. Al contar con el apoyo del Clan Gnecco, Mello Castro se vio involucrado en la “ñeñepolítica”, por tener, presuntamente, cercanía con José Miguel Hernández, hijo del “Ñeñe” Hernández. Sumado a ello, se enfrenta a un proceso administrativo sancionatorio fiscal y formulación de cargos por parte de la Contraloría Municipal de Valledupar, por varias irregularidades durante su administración.


Por su parte, a la esposa de Pedro Castro Araujo, Claudia Elena Lozano Doria, se le imputaron los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado por parte de la Fiscalía, al presentar documentos falsos que la acreditaban como abogada para ser juez en Valledupar. Llegó a actuar como fiscal en diversos procesos, como el del exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en La Guajira, pese a no tener las credenciales para hacerlo.


4. Marleny Esther Kammerer Teherán


Es candidata por la Fundación por un Vivir Mejor, Funvimejor, de Cesar y si bien no se conoce mucho sobre su perfil, se sabe que fue militante del partido Colombia Justa Libres y en prensa local sonó como candidata al Senado en el 2018 por este partido, sin llegar a ser finalmente candidata.


Cuestionamiento: se vio envuelta en el caso de un presunto “cartel del predial” en Valledupar, que llevó a que el exalcalde del municipio, Augusto Ramírez Uhía, fuera acusado de incurrir en delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso con peculado por apropiación agravado en favor de terceros y prevaricato por acción. Presuntamente, Ramírez habría autorizado a particulares la recaudación de los impuestos de contribuyentes morosos para sanar una deuda que el municipio adquirió de forma ilegal. Entre los particulares se encontraba Marleny Esther Kammerer, quien debía $433 millones en impuestos y entregó al municipio el lote con matrícula inmobiliaria 190-171752 en dación de pago valorado en $2.500 millones.


Kammerer presuntamente recuperó el saldo a favor buscando a otros deudores de impuestos para cobrarles sus obligaciones tributarias y luego de saldar su deuda continuó ejerciendo el cobro de impuestos. En el cobro de obligaciones a otros contribuyentes, Kammerer habría pedido menos de lo que estos debían al municipio y ayudaba a conseguirles el certificado de paz y salvo. Esta dinámica habría continuado hasta que algunas personas entregaron el dinero sin recibir el certificado, situación que condujo a las denuncias. Se desconoce si actualmente cursa algún proceso judicial o investigación adelantada en su contra.


5. José Sebastián Ochoa de la Hoz


Se conoce poco sobre su perfil. Hace parte de la familia Ochoa Daza, quienes sufrieron el asedio de las FARC, el ELN, las AUC y las Águilas Negras, a tal punto que tuvieron 5 miembros de la familia secuestrados en distintos momentos por alguno de estos grupos armados. Se supone que la persecución se debe a que son una de las familias ganaderas y agrícolas importantes del departamento.


Cuestionamiento: es sobrino de Elías Guillermo Ochoa Daza, quien en 2006 fue condenado a 6 años por incurrir en los delitos de celebración indebida de contratos con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, concurso material homogéneo y sucesivo y por haber suscrito, mientras fue alcalde de Valledupar entre 1995 y 1997, 364 contratos y ordenes de suministro con la Ferretería Cesar Ltda, empresa cuyo socio mayoritario en el momento era el entonces congresista Mauro Antonio Tapias Delgado, por que habrían violado el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. Ochoa Daza presentó una apelación a la sentencia y un recurso de casación que fue negado por la Corte Suprema de Justicia.


En 2007, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria por no exigir la culminación pronta y oportuna de las obras de construcción de un establecimiento educativo en la zona sur oriental de Valledupar, lo cual llevó a que fuera inhabilitado y destituido por 3 años para ejercer cargos públicos. En la revisión de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría, contaba con una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años. A pesar de todo el historial político y judicial de su tío, José Sebastián Ochoa, no ha ocultado el apoyo de Ochoa Daza para la aspiración de su curul. La campaña de José Sebastián Ochoa ha sido cuestionada por su financiación, incluso, según fuentes de prensa local, se ha mencionado que su aspiración fue impulsada por el movimiento Fuerza Ciudadana para lograr una de estas curules.


6. William Alfonso Romero Ovalle


No ha tenido un perfil público. Se ha destacado principalmente por su cercanía con Cielo Gnecco, relación que condujo a que, en su momento, fuera el gerente de la campaña de Germán Vargas Lleras en el Cesar y haya promovido candidatos al Senado y Cámara de Representantes afines al Clan. Es candidato por la Asociación Alianza por la Vida, de Cesar.


Cuestionamiento: de acuerdo con fuentes territoriales, es señalado de ser la mano derecha de Cielo Gnecco, matriarca del Clan Gnecco. Su cercanía es muy notable, siendo visible por redes sociales, donde se ha referido a ella como su hermana y mejor amiga. Diversas publicaciones dan evidencia de esa cercanía que se ha traducido en un acercamiento en los equipos de trabajo de políticos abanderados por el Clan, entre los que se encuentran Franco Ovalle Angarita, miembro de la familia política tradicional Ovalle, aliada del clan Gnecco y que tiene a sus hermanos, Luis Ovalle Angarita, condenado por fraude procesal y a Manuel Guillermo condenado por irregularidades en contractuales en los Juegos Nacionales del 2015.


7. Jorge Rodrigo Tovar Vélez


Es un abogado con especialización en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales y en Ciencias Penales y Criminológicas. Ha sido asesor jurídico de Acavel S.A.S, una agencia de viajes de la que Ana Carolina Vélez, su mamá, es representante legal y asistente jurídico en Bocanegra Bernal y Asociados. Tovar ha trabajado en el Gobernación del Cesar, para la Alcaldía de Valledupar y en 2019 fue asesor en el Viceministerio de Relaciones Políticas, bajo la cartera de Nancy Patricia Gutiérrez. Luego fue coordinador del Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior. Es candidato por la Asociación Paz es Vida (Pa-Vida), de Cesar.


Cuestionamiento: es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Como ya reseñó Pares en el artículo “Los conflictos de intereses en la candidatura de Jorge Tovar”, ‘Jorge 40’ fue uno de los jefes paramilitares más violentos del Caribe colombiano. Llegó a dirigir entre 2000 a 5000 hombres en el Bloque Norte de las AUC. “Jorge 40'' ingresó en 2006 al sistema de Justicia y Paz y fue excluido en 2015 por no garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El exjefe paramilitar fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico y deportado a Colombia en 2020. Sumado a la cuestionable relación parental, Tovar tendría un presunto conflicto de intereses con la Unidad de Victimas territorial del Cesar, debido a que desde 2019 el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas territorial Cesar – Riohacha él fue adjudicado por 236 millones de pesos a Ana Carolina Vélez, ex esposa de ‘Jorge 40’ y madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez.



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