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Nuevos Rostros, Viejos Retos: el giro estratégico en los Ministerios de Vivienda y Educación

Por: Oscar A. Chala. Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad




En las últimas 3 semanas, posterior al cierre de la segunda legislatura, el presidente Gustavo Petro ha realizado 6 cambios en su gabinete, en la línea de un remezón ministerial que, a diferencia de los anteriores, ha sido progresivo y lento. De estos 6 cambios, los últimos dos han generado ruido en la opinión pública, en especial por la recomposición de fuerzas políticas en el marco de un nuevo Acuerdo Nacional que el gobierno quiere construir de cara a los próximos 2 años y a la tercera legislatura que se abre en el Congreso el 20 de julio.

En los últimos 2 días salieron la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y la ministra de Educación, Aurora Vergara, y entraron Helga María Rivas y Daniel Rojas respectivamente.


Catalina Velasco: 


La saliente ministra de Vivienda fue una de las ministras más longevas dentro del gabinete del presidente Petro, habiendo sido designada como ministra el 11 de agosto de 2022. Economista de la Universidad de los Andes; especialista en Derecho Urbanístico y en Políticas Públicas y Gestión Urbana de la Universidad Javeriana; magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Michigan y doctora en Estudios Políticos de la Universidad Externado, fue secretaria de Planeación de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón en Bogotá entre 2006 y 2007; secretaria de Hábitat de la administración de Samuel Moreno entre 2008 y 2009, y vicepresidente de Servicios Públicos y Regulación del Grupo de Energía de Bogotá, durante la administración de Gustavo Petro entre 2012 y 2013.


Fue considerada cuota cercana de los liberales cercanos a las propuestas de Gustavo Petro, aunque la mayoría de los directivos de ese partido no la reconocieron como militante.


Velasco tuvo que capotear un escenario adverso durante su gestión, que estuvo marcada con los efectos económicos de la pandemia y con la implementación del subsidio “Mi Casa Ya”, que generó posteriores diferencias con el presidente y llevaron, eventualmente, a su salida. Las altas tasas de interés —que ralentizan el acceso a créditos de vivienda—, la desaceleración económica, la reducción lenta de la inflación y el golpe de la pandemia al sector de la construcción ambientaron la gestión de Velasco.


Además, la saliente ministra de Vivienda fue el pararrayos que canalizó los reclamos del gremio de la construcción frente a sus críticas por los pocos incentivos para reactivar a uno de los sectores que más tiende a empujar la cifra de empleabilidad y crecimiento en el país, especialmente frente a las cifras de ventas de vivienda, que se redujeron un 62,9% en 2023.


No obstante, el punto de mayor tensión durante la gestión de Velasco se concentró en la disputa por el futuro del programa “Mi Casa Ya”, un programa de subsidios que surgió en 2015, durante la gestión de Juan Manuel Santos y de su entonces ministro de vivienda, Luis Felipe Henao, y su vicepresidente, Germán Vargas Lleras, que permitía a personas que devengaran entre 2 y 4 salarios mínimos adquirir su casa con aportes del gobierno nacional.


El gobierno Petro cambió los criterios de asignación del subsidio para buscar una mayor focalización del programa, luego de que Velasco señalara la necesidad de comenzar a limitarlos debido a los recortes presupuestales y reducir el gasto público que endeudó al país en tiempos de pandemia.


Con estos cambios, se ralentizaron los procesos de asignación del subsidio, lo que terminó en la reducción de la venta de inmuebles, junto con una caída en la oferta de Viviendas de Interés Prioritario (VIP) y el riesgo de no cumplir la meta de cobertura de 50 mil viviendas, lanzada por el gobierno nacional a inicios de 2024.


Velasco tuvo que entrar a negociar con Camacol para garantizar que se iban a financiar 17 mil viviendas y que no se iba a cortar dinero para la financiación del programa y, con ello, calmar las aguas.


¿Quién es Helga María Rivas?


La entrante ministra de Vivienda es arquitecta de la Universidad de los Andes, con especialización en Diseño Urbano, que ha estado en el sector público desde finales de la década de los 90, cuando fue gerente general de la Caja de Vivienda Popular e hizo parte del Comité de Reconstrucción de Armenia, posterior al terremoto de 1999.


Rivas también estuvo en el Departamento Nacional de Planeación y fue secretaria de Hábitat de Gustavo Petro entre 2012 y 2015. Llegó al gobierno Petro en enero de 2024 a dirigir el Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, encargada de la atención para la reconstrucción, gestión del riesgo, adaptación y reactivación económica en el marco de desastres a causa del cambio climático.


La ministra entrante llega a apagar el incendio frente a los pocos incentivos para la compra de vivienda y la desaceleración económica del sector de la construcción, especialmente debe resolver los cuestionamientos y las críticas del gremio empresarial, liderado por Camacol, que demanda la intervención del gobierno y la ampliación de los programas de subsidio de vivienda para reactivar el sector, así como honrar la palabra y los acuerdos alcanzados por la saliente ministra.


Aurora Vergara: los “pecados” de la ministra moderada


Aurora llegó al gobierno nacional en medio del primer remezón ministerial, sucedido tras la ruptura de la coalición de gobierno en abril de 2023. Desde su llegada, asumió el reto de construir e impulsar las dos principales reformas en el ámbito educativo, reclamadas por el movimiento estudiantil y los sindicatos de maestros desde hace varios años. Por un lado, consolidar el proyecto de ley que buscaba que la Educación fuera proclamada derecho fundamental en la Constitución, y por el otro, una potencial reforma de la Ley 30 de 1993 de Educación Superior, que quedó en el congelador desde agosto de 2023.


Su resultado legislativo fue, cuanto menos, limitado. Aunque abrió la construcción del proyecto de ley a diferentes movimientos estudiantiles y otros sectores ligados al sector educación, la Ley Estatutaria se radicó en septiembre de 2023, pasó por la Comisión I de Cámara de Representantes en diciembre de 2023, y llegó en marzo de 2024 a la plenaria de la misma corporación, hasta que aterrizó en la Comisión I de Senado el pasado junio. Ante el panorama de bloqueo político que existió por parte de la oposición y los independientes para mover el debate y la votación de este proyecto, la ministra abrió el escenario de negociación con estos partidos para consolidar una propuesta de proyecto de ley que fuera votada y pudiera superar su trámite hacia la plenaria de Senado. No obstante, esta negociación generó resquemores y choques al interior de la base política del gobierno, que llevó a que FECODE se levantara en paro durante varias semanas.


Al mismo tiempo, la ministra debió enfrentar la tensión generada sobre del nombramiento del nuevo rector de la Universidad Nacional, que giró alrededor de la autoproclamación del candidato José Ismael Peña como rector, tras varias irregularidades presentadas en el proceso de elección, desde el método de votación utilizado hasta la firma del acta de nombramiento, que la ministra inicialmente no ratificó.


Esta situación generó un paro estudiantil que duró más de 3 meses, ambientado por las presuntas denuncias de corrupción contra la exrectora Dolly Montoya y otros profesores del Alma Máter, un gobierno de interinidad del Consejo Superior Universitario, denuncias de nulidad ante el Consejo de Estado, choques entre los diferentes representantes de este mismo Consejo, hasta el nombramiento de dos nuevos representantes que permitieron rehacer la votación y nombrar a Leopoldo Múnera como rector.


No obstante, la copa que rebosó el vaso frente a la gestión de Aurora Vergara tuvo que ver con el paro de maestros, posterior a que la Fiduprevisora entró a administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) en el mes de mayo, y luego de que la misma fuera sancionada por la Superintendencia de Salud tras recibir más de 2100 reclamaciones de usuarios (en su mayoría docentes), luego de que el gobierno buscara centralizar la administración de la salud de los profesores en manos de la entidad.


¿Quién es Daniel Rojas, el nuevo ministro de Educación?


El ministro entrante a la cartera educativa es economista de la Universidad Santo Tomás y estudiante de maestría de Economía de la Universidad Nacional. Exmilitante del Polo Democrático Alternativo, trabajó como asesor de políticas públicas en la Secretaría de Integración Social y como secretario en el área de Planeación Territorial, durante la administración de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá. Posteriormente fue asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Gustavo Bolívar en Políticas Macroeconómicas y llegó al gobierno de Gustavo Petro como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde 2022.


Es uno de los funcionarios de mayor confianza y cercanía con el presidente, tanto así que fue director encargado de la Dirección Nacional de Planeación, tras la salida de Jorge González. Su nombramiento ha generado bastante ruido, no solo porque es considerado uno de los principales “enroques” del gobierno Petro en su gabinete, sino también por sus posturas políticas, que algunos políticos y figuras públicas consideran como “extremas”.


No obstante, Rojas deberá asumir varios retos posteriores a la salida de Vergara, especialmente en la agenda legislativa, en la que deberá consolidar un nuevo proyecto de ley estatutaria de educación y apretar el acelerador frente a una potencial reforma de la Ley 30 de 1992. 


Su cercanía con el movimiento estudiantil a nivel nacional y su capacidad de negociación y diálogo con las bases sociales educativas que respaldan al gobierno buscarán profundizar la idea de “poder constituyente” dentro de uno de los principales sectores de votantes del gobierno nacional, más cuando las reformas educativas deberán pasar por comisiones parlamentarias donde los independientes y opositores tienen mayorías, y donde el poder constituyente podría servir como herramienta de presión para flexibilizar las condiciones de negociación y evitar un escenario similar al que vivió Vergara en el cierre de la segunda legislatura.

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