Por: Laura Cano. Periodista Pares.
A comienzos de julio se conoció que comienzos el exfiscal, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal, Jorge Perdomo, tenían preparada una denuncia que sería interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por la responsabilidad que Álvaro Uribe Vélez tendría respecto a las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato de Jesús María Valle.
Hoy se conoce que finalmente la denuncia preparada por los exfuncionarios fue radicada ante la Corte. Específicamente fue dirigido un documento de 93 páginas al magistrado César Reyes, quien lleva el caso del expresidente, allí se exponen los motivos por los que Uribe debe ser procesado por estos casos a título de autor en comisión por omisión.
Vale la pena señalar, que, aunque ya se conocía la intención de la colocación de esta denuncia hace poco más de un mes, la noticia regresa en un panorama que ha tenido varios giros relevantes. Así, antes de mencionar las implicaciones que hace Montealegre y Perdomo, hay que decir que a la fecha hay tres decisiones importantes para tener en cuenta.
Por una parte, el pasado 04 de agosto se conoció que la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación que se le adelanta a Uribe por presunta manipulación de testigos, en un caso que involucra a exparamilitares y al abogado Diego Cadena, y que perjudicó a Iván Cepeda, decidió imponerle prisión domiciliaria. Una decisión histórica para el país y que desde ese momento ha abierto el debate sobre la determinación de la Corte, pero también sobre el actuar del expresidente y de su partido político.
Por otro lado, el 18 de agosto el detenido envió una carta al Congreso, que luego sería conocida por Twitter, en la que renunciaba a su curul al Senado, diciendo, entre otras cosas, que “fue detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contra interrogar».
Ese día Daniela Gómez Rivas, coordinadora de la Línea de Democracia y Gobernabilidad de Pares analizó que si bien esta decisión no le quita competencia a la Corte «sí busca hacerle una jugada al sistema democrático y al Congreso, pues todo apunta a que si Uribe es condenado se le debería aplicar la silla vacía. Por tanto, esta acción lo que busca es burlar la última reforma política que buscaba castigar a los partidos por avalar personas que resultaran condenadas en el ejercicio de sus cargos”.
Adicionalmente, el 24 de agosto se supo que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema citó al exsenador Álvaro Uribe a versión libre en el alto tribunal el próximo 16 de septiembre por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle. Esto se determinó “con el propósito de establecer si los hechos denunciados en contra de Uribe han tenido ocurrencia”.
Tras esto Jaime Granados, uno de los abogados de Uribe indicó que “esa actuación, en nuestro criterio, carece de soporte jurídico pues la Sala Especial de Instrucción perdió competencia, para continuar con dicha investigación, desde el 18 de agosto de 2020, fecha en que el Senado aceptó su renuncia”.
Hay que nombrar que en la mañana del 25 de agosto la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte remitir el expediente contra Uribe por presunto soborno en la actuación penal y fraude procesal a la Fiscalía, esto, pues con la renuncia de Uribe al Senado desaparece el fuero de la Corte y sólo podrá conocer los casos de los delitos de los que se le acusa en relación directa con su función de congresista.
Qué sucederá es todavía incierto, pero a este litigio se suma ahora la denuncia que se interpondrá por parte de los exfuncionarios y las solicitudes que ellos hacen a la Corte respecto al proceso contra Uribe.
La acción de Montealegre y Perdomo
Hay que iniciar señalando en relación con lo anterior, que justamente uno de los apartados del documento enviado por los dos exfuncionarios plantea que: “existe un vínculo con el delito y la función pública cuando: «se realiza por causa del servicio, con ocasión al mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo». (…) La Corte Suprema de Justicia ha reorientado esta tesis y ha señalado que cuando cesen las funciones de los altos funcionarios, cesará dicho fuero, salvo que se trate de conductas punibles que tengan relación con sus funciones desempeñadas”.
En este sentido se solicita a la Corte mantener la competencia y el conocimiento de los hechos que se denuncian por parte de Montealegre y Perdomo, a pesar de la renuncia del denunciado a su curul en el Congreso de la República.
Así, se inicia diciendo que la acusación que hacen el exfiscal y exvicefiscal giran en torno a la responsabilidad de Uribe frente a las masacres de El Aro, La Granja y el homicidio de Jesús María Valle en su condición de gobernador de Antioquia, pues como se ha afirmado por parte de los denunciantes, Uribe presuntamente tuvo conocimiento y las herramientas para haber evitado que se cometieran estos crímenes, sin embargo, como lo dijo Montealegre hace un tiempo en Semana, “el expresidente no hizo nada”.
Antes de indicar cuáles son los delitos en los que habría incurrido el exgobernador, hay que recordar que el 11 de junio de 1996 22 integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), llegaron al corregimiento La Granja, en el municipio de Ituango, Antioquia, donde recorrieron el casco urbano del caserío intimidando a los habitantes de la zona, torturando y asesinando públicamente a sus pobladores. (05 personas asesinadas).
Poco más de un año después, el 22 de octubre de 1997, 150 miembros de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), llegaron al corregimiento El Aro, en Ituango, permaneciendo siete días en la zona en donde torturaron públicamente a las víctimas, quemaron 42 de las 60 casas del caserío, y robaron 1.200 reses. Además, en el hecho 17 personas fueron asesinadas. -Estos dos casos dejaron cerca de 702 personas desplazadas forzosamente-.
¿Qué pasó para que hoy se le denuncie a Uribe?
Tras estos hechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que “En los primeros meses del año 1996, distintos sectores de la sociedad, encabezados por el doctor Jesús María Valle Jaramillo, expresaron a las autoridades del departamento su temor y preocupación por la posibilidad de una incursión armada paramilitar en la zona de Ituango. (…) El 20 de noviembre de 1996 se comunicó con el Gobernador de Antioquia y con el Defensor del Pueblo de Medellín con el fin de solicitar protección para la población de Ituango”.
No obstante, y aunque había una alerta de por medio, ninguna Fuerza Pública hizo presencia en los lugares, incluso cuando en el periodo de la masacre de El Aro también se realizaron las elecciones regionales, las cuales se llevaron a cabo el 26 de octubre. Este contexto pone dos puntos en la lupa: por un lado, la responsabilidad que las autoridades gubernamentales tenían para velar por el orden público.
Por otra parte, la ausencia de Fuerza Pública directamente en la zona, aun en el marco del evento electoral. Además, del claro deber de Álvaro Uribe de proteger a toda la población como mandatario del departamento.
En relación con esto la Sala Especial de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín consideró que:
“El Coronel Germán Morantes Hernández, quien sustituyó al anterior como comandante del Batallón Girardot, también tenía estrechos vínculos con los grupos paramilitares, según declaró el alcalde Gustavo Giraldo Giraldo. Dicho Coronel fue el primero que llegó al corregimiento de El Aro, sólo que 15 días después de perpetrada la masacre cometida entre el 22 y el 31 de octubre de 1997 por los paramilitares. Ninguna ayuda les prestó a los pobladores mientras se perpetraba ésta, a pesar de que duró 10 días y desde el domingo 26 de octubre se tuvieron las primeras informaciones de lo que estaba sucediendo, las cuales se transmitieron a la Gobernación de Antioquia, para ese entonces a cargo del ex- Presidente Álvaro Uribe Vélez, a la base militar de Santa Rita y al Batallón Girardot, que estaba bajo el mando del Coronel Germán Morantes”.
Además, adiciona: “Por dicha masacre fueron condenados un Teniente y un Cabo del Ejército, pero eso no excluye -y antes confirma y sugiere- la participación de otros, pues no parece creíble que esa operación, que duró 10 días e implicó la movilización de una tropa numerosa y la sustracción y movilización por carretera de unas 1.200 cabezas de ganado, contara y dependiera sólo de la cooperación de un Teniente y un suboficial”.
Hay que señalar que, en mayo de 2018, y en el marco de la indagación previa 45110 que venía desde 2014 contra Uribe por nexos con el paramilitarismo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró crímenes de lesa humanidad las masacres, además del asesinato de Jesús María Valle.
Señalando que estos son comprendidos de esta forma cuando se cometen graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Adicional, cuando estos obedecen a hechos no aislados, sistemáticos e inhumanos contra la población civil.
Asimismo, en el 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por la responsabilidad en las masacres a pagar una indemnización cercana a los $3.400 millones a los 123 familiares de las víctimas.
De esta forma los delitos que señalan Montealegre y Perdomo que habría cometido Uribe son: homicidio en persona protegida; lesiones en persona protegida; actos de terrorismo; desaparición forzada; tortura agravada; desplazamiento forzado agravado, los cuales le serían imputables a título de autor, en comisión por omisión.
Hay que señalar que los denunciantes argumentan que no entregan pruebas nuevas, sino que proponen una nueva lectura de material judicial y periodístico. Incluso señalan en el documento que hay que tener en cuenta que mientras Uribe ejercía como gobernador (1995 – 1997) hubo un incremento de 371.4% de las masacres, lo cual lo relacionan con el surgimiento de las conocidas CONVIVIR.
Con este panorama hay que esperar qué se resuelve de la situación jurídica del expresidente, pues esta nueva denuncia sigue poniendo sobre la mesa los casos por los que se le acusa a Uribe aparte del caso por el que actualmente está con medida de detención domiciliaria. No obstante, con el nuevo giro que hoy dio la Procuraduría, habría que esperar cuál es el rumbo de esta nueva e importante denuncia contra Uribe.