Por: Juan Manuel Rueda, Editor
Sometimiento a la justicia ordinaria
El proyecto de ley de sometimiento a la justicia recientemente presentado a la opinión pública para el desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto se ajusta al código penal y a los límites de la justicia ordinaria, pero con el incentivo de sustitución de pena para los integrantes de estos grupos. A diferencia de los procesos de justicia transicional que hemos tenido en el país en el marco de la desmovilización de grandes grupos armados como las AUC o las FARC; este proyecto de ley de sometimiento para bandas criminales no instalará salas o tribunales especiales como sucedió con Justicia y Paz (2005) o la JEP (2017).
Lo anterior en razón de que el fenómeno del multicrimen no define grupos con objetivos específicamente políticos, como es el caso de la subversión guerrillera frente al Estado, o afincado en un contexto complejo de conflicto armado interno, como en el caso del paramilitarismo. Estas estructuras armadas organizadas a las que hoy se quiere ofrecer una posibilidad de sometimiento a la justicia son esencialmente criminales cuyo objetivo es la renta por los negocios ilícitos, es por esto que el proyecto de ley en cuestión no les otorga carácter político ni de negociación con el Estado.
Esto no quiere decir que por la ausencia de matiz político o aparatos de justicia especializados para el tratamiento de estos grupos, el proceso de desmantelamiento (nótese que no se habla de desmovilización) sea más sencillo. Este proyecto de ley también contempla “contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”. Colombia es un país en el que el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, entre otros delitos, se encuentran fundidos con las economías regionales y la institucionalidad a todo nivel. De hecho, según el senador Ariel Ávila, uno de los defensores de este proyecto de ley, las organizaciones de alto impacto que busca atender la ley de sometimiento a la justicia representan alrededor del 65% de la violencia en Colombia.
Recordando Justicia y Paz (2005) y la impunidad de los paramilitares
Grandes grupos como el Clan del Golfo, Los Pachenca (autodenominados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra), La Oficina, entre muchos otros, son el objetivo de este proyecto de ley. Podría decirse que, a pesar de que la cantidad de grupos de esta naturaleza en el país es alta, el interés del Gobierno parece enfocarse en los más consolidados y fuertes en presencia territorial como estos, los cuales comparten una característica común: son herederos de las estructuras paramilitares, que ya habían tenido su propio proceso de desarticulación y sometimiento.
No son pocas las críticas al proceso de desmovilización de los paramilitares iniciado en 2005. Las cifras de impunidad de Justicia y Paz, estimaba un informe de la Contraloría en 2017, ascendían a casi el 92%, en tanto para ese momento solo se habían proferido 47 sentencias contra 195 personas, luego de casi 12 años de vigencia. Es decir que solo el 8,2% de los paramilitares que se sometieron a Justicia y Paz estaban sujetos a decisión judicial para 2017. Se ha dicho que muchos jefes paramilitares decidieron no entregarse y se hicieron pasar por paramilitares rasos para no pagar prisión y que, aunque más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron, muchos no aportaron verdad, siguen en libertad, abandonaron el proceso de reparación y no se conoce su paradero ni su accionar.
El fenómeno que vive Colombia en la actualidad frente a las estructuras de crimen organizado de alto impacto es resultado de la deficiencia de Justicia y Paz, entre otros factores. Por esta razón los mecanismos de contrastación e investigación judicial del actual proyecto de ley de sometimiento a la justicia deben fortalecerse al máximo.
Blindado, pero débil: el proyecto de ley de sometimiento a la justicia y sus propuestas de contrastación de verdades e investigación judicial
Al respecto, el proyecto estipula en su Artículo 24 “Etapa de acercamiento, conversación y términos de sujeción” que en la etapa en la que el Estado empiece a llevar conversaciones con los integrantes de la organización criminal para acordar los términos de la sujeción, entrará a operar “una Instancia de Alto Nivel [que] estudiará, caracterizará y calificará la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022”. Esta Instancia de Alto Nivel, según la Ley 2272 o Ley de Paz Total, “debe ser coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional y contará con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz”.
Adicionalmente, en el Artículo 28 “Intervención de la Fiscalía General de la Nación en el proceso”, el proyecto de ley dice que:
La Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales de la Fiscalía General de la Nación asumirá y adelantará la acción penal ante los jueces de la República […] En la etapa de procesamiento, elaborará y presentará ante la autoridad judicial el escrito de imputación colectiva, previa contrastación de la información aportada por la estructura armada organizada de crimen de alto impacto.
Como lo explica María Camila Moreno Múnera, directora del International Center for Transitional Justice(ICTJ), una de las autoras del proyecto de ley, en entrevista para María Jimena Duzán, “lo que se va a imputar son patrones de macrocriminalidad […] esto significa que no se va a ir del hecho al hecho, sino que se van a agregar los hechos y se van a identificar los modus operandi”. Esto lo que permitiría es avanzar rápido en los procesos de imputación y, según Moreno, mayor seguridad jurídica, porque imputando los patrones de macrocriminalidad se lograría el cierre jurídico de los casos, no como ha sucedido en Justicia y Paz, que por intentar juzgar individuo a individuo ha abierto la puerta a la impunidad por la lentitud y extensión de los procesos.
Ahora bien, la imputación por patrón de macrocriminalidad también puede ser un factor de riesgo en la búsqueda de una verdad de los hechos que vaya más allá de lo judicial. El proyecto de ley está muy centrado en el desmantelamiento de las organizaciones criminales de alto impacto, pero la cuestión de la verdad y la reparación, aunque aparece en el articulado, apenas lo hace de manera tangencial. Hay que decir que el compromiso con la verdad, la justicia y la reparación en aras de un verdadero desmantelamiento y progreso hacia la Paz Total depende también de la voluntad de quienes se sometan a la justicia. Según el Artículo 11 “Obligaciones para mantener el tratamiento penal”, quienes se sometan bajo este esquema deberán “aportar verdad a las víctimas y participar en los programas de justicia restaurativa que se dispongan […] contribuir a la reparación material y simbólica de las víctimas”, lo que se muestra nuevamente como un reto para las autoridades encargadas del proceso de sometimiento en cuanto al esfuerzo por la contrastación de verdades, y un esfuerzo mayúsculo a nivel sociocultural en cuanto a la aceptación y trámite de estas verdades, así como frente a los programas de reparación material y simbólica a las víctimas.
Aunque el proyecto de ley de sometimiento a la justicia explicita algunos mecanismos de contrastación e investigación, en general no arroja mucha claridad alrededor de cómo el Estado realizará estos procesos de contraste de versiones e investigación judicial alrededor de los grupos criminales de alto impacto que se entreguen. Además de los artículos ya citados, en algunos apartados se sugiere que estos procedimientos se acordarían en los acercamientos con cada uno de los grupos, lo que haría que los mecanismos de búsqueda de verdad y reparación dependan de cada contexto particular.
El proyecto de ley sigue siendo un borrador en este y otros aspectos, es lo usual, y actualmente se encuentra en manos del Consejo Superior de Política Criminal para ser ajustado y posteriormente presentado ante el Congreso. Lo importante es que, independientemente de cómo se definan estos mecanismos de contrastación e investigación judicial, estos sean lo más robustos posibles, de cara a la experiencia no grata de Justicia y Paz y la desmovilización de los grupos paramilitares.
Todo esto sin mencionar los grandes retos que se abrirían para las instituciones involucradas en este proceso, en términos de volumen de información y procesados. Múltiples expertos han expresado preocupaciones alrededor de la capacidad instalada del Estado (recursos y capacidad administrativa) para llevar a cabo esta tarea. Entre tales instituciones estaría el INPEC y toda la crisis del sistema penitenciario y carcelario que desde hace años demanda una reforma, que actualmente impulsa el ministro de Justicia, Néstor Osuna. El avance y resultado de tal reforma, a la luz del proyecto de ley de sometimiento, también abriría retos para garantizar el cumplimiento de penas y expectativas de resocialización.
Desmantelados, ¿y luego? El reto de la reintegración y la política de drogas
En todos los procesos de entrega al Estado Colombiano de organizaciones y grupos criminales, la cuestión de la reintegración a la vida civil y la búsqueda de una vida social en paz y realmente próspera sigue siendo una tarea a terminar. Sobraría señalar el asesinato selectivo del que están siendo objeto muchos desmovilizados de las FARC-EP, por ejemplo. Mencionar el constante recicle de la guerra en Colombia es más que suficiente para comprender que no hemos encontrado la clave para detener definitivamente la espiral de violencia que nos azota como país y que la reintegración a la vida civil no está resuelta.
Este proyecto de ley menciona en su Artículo 22 “Medidas para la reintegración efectiva” que:
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en coordinación con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación Nacional y otras entidades que el Gobierno determine, dispondrá de una oferta de programas para la reintegración individual, colectiva y comunitaria efectiva. Parágrafo: En todo caso, el Gobierno Nacional, a través de las entidades referidas en este artículo y las demás que considere necesarias, deberá garantizar una oferta integral de reintegración para los integrantes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que se sujeten a esta Ley.
En un gobierno como el del presidente Petro se puede confiar en que se harán todos los esfuerzos necesarios para cumplir con este artículo, independientemente de los retos en cuanto a recursos para llevarlo a cabalidad. Sin embargo, está más que demostrado que el problema de fondo de la violencia en Colombia tiene que ver con las economías del narcotráfico.
Podrán desmantelarse decenas de grupos y someterse a la justicia miles de personas, pero si no se reemplaza la economía criminal por trabajo digno, educación, salud, ni se modifica, además, la política contra las drogas, descriminalizándola, surgirán nuevas estructuras que reemplazarán las viejas indefinidamente. Queda esperar que el Gobierno entienda esto y que así sea su comprensión de la Paz Total: economía justa y cambio de enfoque en la política de drogas. Esto último no depende únicamente del Estado Colombiano sino que es una responsabilidad compartida con los países consumidores, los cuales, ojalá, estén atentos a este proceso de sometimiento a la justicia de las estructuras criminales de alto impacto en nuestro país.