Por: Luis Eduardo Celis, Coordinador
Línea Frontera, Migración y Conflictos
Hace pocos días en la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) recibimos una nueva agresión, al ser borrada información de nuestra página web. Es la última de una serie de hechos criminales que se han presentado de manera reiterada: programas espías en nuestra red de computadoras, robo de información y así una cadena de situaciones anómalas para no hablar de las amenazas y planes para atentar contra la vida de directivos que valientemente han perseverando en la denuncia con nombres y apellidos de muchas personas que han sido juzgadas por sus actuaciones criminales, y de muchas otras sobre las que pesan serias denuncias y que en muchos casos se ven cubiertas por la enorme impunidad que persiste en Colombia.
Los que agreden a Pares, y a muchas otras instituciones y organizaciones que han sufrido del mismo patrón de borrado de información para no adentrarse en otros delitos, son quienes se sienten incómodos y contrariados con el trabajo de información, análisis y denuncias de los vínculos de muchas dinámicas de la política y la economía que se mueven por fuera del ordenamiento legal. Al sentirse bajo el escrutinio público que conmina a una acción de Estado y de sociedad, responden con su catadura criminal.
Pares tiene un compromiso por analizar las violencias organizadas, los vínculos entre supuestos legales y los ilegales, para mostrarle a la sociedad y a sus líderes las formas en que se mueve la acción criminal y proponer rutas para su superación. Al borrarnos información se evidencia que persiste la acción criminal y que campea la impunidad, son hechos viejos y en su inmensa mayoría no hay investigaciones efectivas.
Desde Pares vamos a persistir en nuestro trabajo, que en la Línea Frontera, Migración y Conflictos tiene el interés de aportar análisis y propuestas frente a las delicadas situaciones de derechos humanos y vulneración a las libertades ciudadanas que se dan en la compleja frontera de Colombia y Venezuela.
Hace años, ante el reiterado robo y eliminación de información a entidades similares a Pares y ante la sospecha bien fundada de que había agentes estatales involucradas en esta práctica, alguien con ingenio propuso llevar en marcha y de manera masiva los computadores al Ministerio del Interior como símbolo de la inoperancia de la justicia y lo sistemático de estos hechos. Eso fue a finales de la primera década de este siglo, cuando fungía un presidente tan cuestionado como Álvaro Uribe, en cuyo gobierno se cometieron tantos hechos criminales. Solo recordar que durante su gobierno fue cerrado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyos más altos directivos hoy siguen en prisión.
Hoy hay un presidente como Gustavo Petro que se ha propuesto la reforma del sector seguridad y defensa, tarea que con seguridad es urgente y necesaria. Nos han borrado información, pero seguimos en el compromiso de sacar todas las violencias de la política y contar con instituciones estatales que sean garantes de los derechos humanos y no sospechosas de su vulneración.
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