Por: Esteban Alexander Salazar Giraldo, coordinador de la Línea de Investigación Democracia y Gobernabilidad.
Desde 2014, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) le ha seguido los pasos a Luis Pérez Gutiérrez, quien recientemente ha generado polémica por su posible ingreso al Pacto Histórico, a pesar de las distancias ideológicas con este proyecto político. Aunque ha sido señalado por su responsabilidad en la operación Orión en Medellín, que ha significado una cicatriz imborrable del conflicto armado en la comuna 13, esta es apenas la punta del iceberg.
Luis Pérez y sus alianzas non-sanctas
Para la campaña a la gobernación en 2015, Pares documentó cómo Pérez se convirtió en uno de los candidatos más cuestionados del país. Se presentó con el aval de los partidos Cambio Radical, Partido de la U y Partido Liberal. En 2008 el entonces alcalde Alonso Salazar, denunció a Luís Pérez de recibir apoyo de paramilitares para su campaña a alcaldía, por medio de alias “Don Berna”. De acuerdo con Salazar, se recibieron denuncias de enlaces directos entre la campaña de Pérez y los paramilitares de las comunas 8 y 9 de Medellín.
Esta disputa entre Salazar y Luis Pérez también vinculó las denuncias de la operación Orión en Medellín, bajo la alcaldía de Pérez, donde paramilitares desplazaron, asesinaron y desaparecieron a decenas de personas, sobre las cuales no se han esclarecido estos hechos.
A pesar de estos cuestionamientos, Luis Pérez se alzó con la victoria en las elecciones con su coalición Pensando en Grande, con 816.337 votos. Desde el primer día de su gobernación, Pérez retribuyó los apoyos de los Clanes de Julián Bedoya, en ese entonces representante a la Cámara del Partido Liberal, y de los Suárez Mira de Bello. Para el caso de Bedoya, Gutiérrez nombró como secretario de Hacienda a Adolfo León Palacio, miembro del Clan político de Bedoya y célebremente recordado por el escándalo de la difusión de una grabación ilegal de un consejo de redacción de Teleantioquia.
Bedoya también tuvo sociedad con Luis Pérez, mediante el nombramiento en 2016 de Juan Diego Echavarría como gerente de municipios de la gobernación. Echavarría venía de haber trabajado en el municipio de La Estrella, en el periodo 2012-2015 con el apoyo de Julián Bedoya.
Para el caso de los Suárez Mira, Luis Pérez les otorgó la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia (MANA), mediante Gloria Elena Montoya Castaño, quien previamente fue diputada con el apoyo de los Suárez Mira. Representaba al grupo de Óscar Suárez Mira, quien estaba prófugo para esa época. La abogada también había fungido como secretaria general y alcaldesa encargada de Bello, bastión electoral de los Suárez Mira.
Así como los clanes tradicionales, Pérez Gutiérrez gobernó con cuotas de los conservadores, Cambio Radical, la U y el Centro Democrático. La plana mayor de la politiquería antioqueña.
El Sofisticado Mecanismo de Corrupción
Sobre esta repartición burocrática, además de los diversos cuestionamientos, Pares documentó diversas denuncias sobre presuntas irregularidades contractuales durante su administración, asociadas a un sofisticado mecanismo de corrupción. Esto quedó documentado en una extensa investigación, y en una columna de opinión del entonces subdirector Ariel Ávila.
Este sofisticado entramado se sustenta en la creación de una sociedad de economía mixta, denominada Valor +, con aportes de capital público y privado proveniente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) a espaldas de la Asamblea departamental.
A través de esta sociedad, durante la administración de Luis Pérez miles de millones de pesos habrían sido presuntamente desviados de forma irregular. De acuerdo con la investigación, Valor + sirvió como fachada para evadir las exigencias de contratación pública y socavar los recursos del IDEA mediante contratos y convenios interadministrativos con cuestionados “Aliados Estratégicos”, diversas administraciones locales y la gobernación del departamento.
Los artífices de este potencial caso de corrupción fueron: el exgobernador, Luis Pérez Gutiérrez; el exgerente del IDEA nombrado por el gobernador, y excandidato a la gobernación de Antioquia, Mauricio Tobón Franco, quien manejó un presupuesto aproximado de 200 mil millones de pesos de la entidad; y el exgerente y otrora representante legal de Valor+, Esteban Tobón Urrea, quien se desempeñaba previamente como subgerente financiero del IDEA.
Con el IDEA y Valor+ se favorecieron políticos, congresistas, ex congresistas y criminales. Estos recursos públicos estuvieron al servicio de empresas privadas, de las cuales no se obtuvieron registros de domicilio, no cumplían con los requisitos de contratación pública y no ha habido ningún tipo de vigilancia por parte de los órganos de control, esto a pesar de las diversas denuncias recogidas durante la investigación.
Al saltarse los procesos de contratación pública, se evidenciaron contratos asignados a dedo, con sobrecostos y mal ejecutados. En este entramado salió salpicado hasta el actual presidente del Congreso, Juan Diego Gómez Jiménez, quien tenía dentro de la empresa Valor + a su esposa Elizabeth Zapata como secretaria general. Nuevamente en Valor + aparecía Adolfo León Palacios, exsecretario de Luis Pérez y cuota de Bedoya Pulgarín, como uno de los principales dentro de la asamblea de accionistas de Valor +.
También apareció Jorge Enrique Vélez, entonces director de la Dimayor y exjefe de Cambio Radical, como uno de los designados “principales” dentro de la Asamblea de Accionistas de esta cuestionada empresa.
En suma, este sofisticado mecanismo fue denunciado por Pares en Antioquia y, posterior a este informe, se identificaron al menos 3 casos más relacionados en Córdoba, Cundinamarca y Valle del Cauca. Al final, los órganos de control no hicieron absolutamente nada, a pesar de las pruebas demostradas.
Luis Pérez, Quintero y los liberales de los Clanes
Con todo este prontuario y trabajo de investigación realizado por Pares en la última década, Luis Pérez se ha convertido en uno de los políticos cuestionados más relevantes de Antioquia, llegando a construir un emporio político que hoy goza de cuotas políticas en el Congreso y en la alcaldía de Medellín. En el primer caso, el del Congreso, Luis Pérez, muy cercano al uribismo, puso a su sobrino Nicolás Pérez como senador del Centro Democrático.
Para el segundo caso, en una entrevista para La Silla Vacía, Pérez Gutiérrez manifestó ser amigo de Daniel Quintero desde que se lanzó al Concejo de Medellín en 2007. Esta amistad le ha valido a Pérez Gutiérrez para que Quintero le contrate a más de 40 exfuncionarios de su administración.
Al parecer, esos vasos comunicantes de Pérez Gutiérrez y Quintero también han favorecido a Julián Bedoya, como lo hizo Pérez Gutiérrez durante la gobernación. Cabe recordar que, luego de una investigación de Pares, se demostró cómo Bedoya obtuvo fraudulentamente su título como abogado. Sin embargo, luego de una investigación realizada por Vorágine, se encontró que dos de sus maestros fueron premiados por Quintero en la alcaldía y otro en la personería. Los tres fueron imputados por la Fiscalía y retirados de la Universidad de Medellín, según el portal investigativo.
¿Y el Pacto Histórico?
A pesar de estas investigaciones y advertencias, recientemente se conoció de los acercamientos de Luis Pérez Gutiérrez al Pacto Histórico, con una amplia defensa de Gustavo Petro de lo que sería una posible adhesión a la consulta que se hará con Camilo Romero, Francia Márquez, Arelis Uriana, Roy Barreras y el pastor cristiano Saade.
Esto estaría en línea con los coqueteos que han empezado a tener el Pacto Histórico y Daniel Quintero en la alcaldía de Medellín. Tanto Quintero como Luis Pérez están rodeados de peligrosos clanes como los de Julián Bedoya y los Suárez Mira en Bello, que contradicen el espíritu de cambio que representa una apuesta alternativa.
No hay ninguna justificación a este tipo de alianzas que, de acuerdo con la investigación realizada por Pares, representa todo lo contrario a lo que debería ser un gobierno alternativo y progresista. Incluso, de acuerdo con las visiones de varios de sus líderes como Iván Cepeda, Camilo Romero y Francia Márquez, se ha rechazado tajantemente que Gustavo Petro pretenda incluir a Pérez, a los clanes y al uribismo dentro del Pacto Histórico.