No es hora de callar la misoginia del Estado colombiano

Por: Guillermo Linero Montes. Columnista Pares.


La periodista Jineth Bedoya fue secuestrada y violada el 25 de mayo de 2000, en represalia por sus investigaciones contra una red de tráfico de armas en el centro penitenciario La Modelo de Bogotá. Desde entonces su labor de periodista, que no ha cesado, le ha permitido dar a conocer al mundo su caso y además el de muchas mujeres que por su oficio de periodistas o por su condición de género, les han violentado no solo sus derechos sino también sus cuerpos y emociones.


Ante eso, que es un hecho rotundamente probado, la comunidad internacional ha respondido humana y sabiamente, premiando su valentía en el trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres, y le ha reconocido con numerosas distinciones. Jineth Bedoya ha recibido, entre otros, el Premio CJFE, convocado por la asociación de periodistas canadienses para la Expresión Libre, en el año 2000; el Premio Mundial de Libertad De Prensa Unesco-Guillermo Cano 2020; y el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2012, otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.


No obstante, desde ese oscuro 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya se la ha pasado también sorteando amenazas y atentados, y luego de que la justicia de Colombia poco había resuelto en su caso, decidió demandar al estado ante la corte interamericana de derechos. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad encargada de enviar a la Corte IDH, la denuncia de Jineth, el Estado colombiano, sabiendo del riesgo que corría la periodista, no actuó para protegerla.


Con todo, y pese al drama emocional que ello significa para cualquier víctima, el estado colombiano y su Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al parecer encabezada por un descabezado, en vez de acompañarla en su calidad de víctima, decidió de manera indolente y cobarde salir huyendo de la audiencia previa al juicio, y hacerlo tras recusar a seis de los siete jueces de la corte; es decir, acusándolos de parcialidad, que en lenguaje real significa “por estar de parte de la víctima”, como si pretendieran que la Corte IDH actuara como lo hizo el fiscal Jaimes en el caso Uribe, que eligió –contrariando lo que dice la ley y el sentido de justicia- la esquina del victimario.


Al decir de Camilo Gómez, en entrevista que diera para la W Radio, y en su calidad de director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la imparcialidad de los jueces de la corte interamericana, recusados por él, se hizo evidente por el tipo de preguntas que le hicieron a Jineth, a su criterio reveladoras de una decisión ya tomada, como preguntarle qué esperaba recibir del estado colombiano.

Sin embargo, y en respuesta a Gómez, el juez de la Corte IDH Ricardo Pérez Manrique, dijo en la misma emisora que: “Esas preguntas no son anormales –y agregó que- para determinar la normalidad o anormalidad de una pregunta, la corte interamericana de derechos humanos tiene más de 40 años de actuación y eso se resuelve viendo en cualquier audiencia anterior y en casos similares, cuál ha sido el tenor de sus preguntas”.


La recusación de un juez colegiado de una corte internacional es, sin exagerarlo, una conducta salvajemente paria, y más en este este caso, pues fue concebida para hacer daño a la víctima y no a los jueces de la Corte IDH, pues estos no fueron los violentados sexualmente. No en vano, Jineth Bedoya, al respecto ha manifestado sentirse re victimizada, como lo escribió en su cuenta de twitter: “Los criminales me han querido silenciar todos estos años y el Estado hoy pretende hacer lo mismo. Retirarse del juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestra que no tiene la más mínima intención de que haya justicia en mi caso y en los casos de violencia sexual”.


En la historia de la Corte IDH, nunca antes ningún estado o gobierno les había recusado, excepto -¡qué casualidad!- la república Bolivariana de Venezuela y ahora la república de Colombia; es decir, en los 40 años de existencia de la CIDH, solo los gobiernos de Duque y Maduro -el “duquemadurismo”- se han atrevido, y no hay manera de que no sea groseramente, a recusar a más de la mitad de los jueces de la alta corte.


Y no es por respeto a la tradición que ello ocurra así -que los países asociados no recusen- sino porque, habiendo sido aceptada una denuncia, como fue aceptada la de Jineth Bedoya, la corte debe proceder indefectiblemente hasta dictar una sentencia definitiva, una resolución que tendrá además la condición de inapelable. De modo que no teniendo un juez de mayor jerarquía, la Corte IDH, como ante un espejo, auto determinará si ella misma es recusable o no. Es decir, haga lo que haga Colombia, en ningún caso podrá interrumpir la continuidad del proceso en cuestión, pese a que la Corte ahora tendrá que suspender el juicio hasta nueva fecha, para decidir sobre el recurso que le fue interpuesto.


De tal modo, y viendo así las cosas, la recusación hecha por el equipo jurídico de Colombia a los jueces de la CIDH, constituye a todas luces otro paso en falso del actual gobierno, tal y como si los asesores jurídicos y los abogados litigantes, enviados a representarnos ante las cortes internacionales, no conocieran los principios jurídicos elementales –prendidos casi todos del sentido común-; pues recusar o contra argumentar a la Corte IDH -no habiendo otra instancia a la cual recurrir- de nada servirá.


Y menos cuando el papel de Colombia ante la corte es el de señalada por responsable; porque solo los países que han demostrado incapacidad o negligencia para resolver sus conflictos jurídicos son los llamados a comparecer ante ella. Nada tendría que hacer Camilo Gómez y su Agencia en la CIDH, si el nuestro fuera un país decente y protector de todos y de cada uno de sus ciudadanos.


Así está soportado en términos de garantías el derecho penal internacional: todo lo que no puedan resolver los pueblos en sus naciones, deberán resolverlo las cortes internacionales, y cuando eso ocurra, el estado señalado no podrá esperar que tal señalamiento se oculte o se ignore, como lo ha pretendido -no me cabe la menor duda que fallidamente- el gobierno colombiano y su Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.